La Cámara Paraguaya de Cannabis Industrial (Cannapy), que forma parte del Observatorio Paraguayo de Cannabis (OPC), solicitó al gobierno del país vecino que se simplifiquen y desburocraticen los procedimientos de registro de cultivadores, con prioridad a los agricultores familiares. A su vez, pidieron por la liberación para la importación de mil kilos de semillas para ese destino “de manera urgente”, ya que vienen gestionando su compra desde diciembre de 2019 y por la burocracia en el proceso aún no han podido ingresar a Paraguay.

“Hubo muchas quejas a la Cannapy porque a una empresa en particular se le hayan autorizado a plantar más de 300 hectáreas, mientras el tema de las comunidades campesinas era absolutamente descuidado”, indicó a Industria Cannabis la presidenta del OPC, Lisette Hazeldine.

Una de las principales motivaciones de la misiva que enviaron al presidente de la Nación Mario Abdo, además del escenario actual, es que Paraguay ha declarado el cultivo de cáñamo como de interés nacional, y prevé en el entramado productivo una participación muy fuerte de la agricultura familiar.

Hazeldine detalló que “en principio, el rubro del cáñamo industrial estuvo pensado justamente para dar impulso a la economía familiar campesina. Eso era para habilitar 2 hectáreas y media para cada productor, de manera que esto pueda darles una ayuda económica en esta época tan difícil”.

A su vez, la Presidenta del OPC remarcó que, finalmente, “no se le dio a las familias campesinas esas tierras para plantar y solamente se autorizó a una empresa que estaba teóricamente ligada a la gente del gobierno. Esa denuncia nos habían hecho llegar a nosotros”. Agregó que el decreto “se desvirtuó en el camino y se centró directamente en empresas muy grandes, con muchos recursos económicos y con muchos contactos dentro de los sectores gubernamentales”, como los organismos de control.

Desde Cannapy, calificaron la situación del sector como “delicada” y sostuvieron que “se está desperdiciando una enorme oportunidad del rubro cáñamo en Paraguay que puede colaborar para la reactivación económica”.

Juan Carlos Fischer, presidente de esta entidad, confirmó a Industria Cannabis que la respuesta del gobierno fue la designación de un interlocutor de la Presidencia de la República y una mesa única de reunión entre el sector público y privado a modo de avanzar en forma coordinada en este tema. “Es lo que realmente deseamos porque es muy difícil que solamente el sector público se reúna en la COINCA (Comisión Interinstitucional de Cáñamo Industrial), en donde no está sentado el sector privado que es el que debe trabajar”.

El Presidente de Cannapy subrayó que lo importante es que Abdo Benítez “se comprometió a hacer que en este próximo ciclo agrícola se pueda cumplir con ese método” de una articulación más fluida entre Estado y privados, para evitar respuestas que se demoraban “por tiempo indeterminado” y que, afirmó Fischer, es uno de los elementos que más contribuye a la burocracia señalada en la nota que enviaron al gobierno.

Hazeldine, en tanto, consideró que “con esta reunión que fue llamada por el presidente Mario Abdo crecen nuestras expectativas en el sentido de que esto pueda realmente llegar a la gente a la que en un principio estaba destinada”. A su vez, la Presidenta del OPC subrayó que en Paraguay los campesinos quieren “plantar en forma legal algo que les dé un lucro real”.

En la carta, la Cámara destacó que su objetivo principal es “aprovechar este rubro que consideramos será muy rentable y permitirá que toda la cadena de producción pueda trabajar ordenada y controladamente, evitando monopolios que actualmente creemos que está bloqueando un enorme beneficio para el país”.

Cannapy señaló que una de las mayores trabas es la imposibilidad que las familias campesinas han tenido de importar las semillas. En tanto, afirmó que, de permitir que más de 20 mil familias no encuentren restricciones para sembrar cáñamo, en tan solo dos años “habría un circulante a nivel del sector campesino de más de 500 mil millones de guaraníes (NdR: el valor equivale a más de 73 millones de dólares), solo comparado a la época dorada del algodón”.

Otros datos que aporta la carta se vinculan a la cantidad de mano de obra directa en cosecha y logística, que se remontaría a más de 100 mil personas; y a los beneficios impositivos que puede generar tan solo el sector primario: entre impuestos directos e impuestos a la renta, el Estado podría percibir más de 100 mil millones de guaraníes, casi 15 millones de dólares.

El panorama del cannabis medicinal en Paraguay

Con el foco puesto en lo medicinal, Lisette Hazeldine indicó a Industria Cannabis que se encuentran “con cierta esperanza”. Cabe destacar que la Presidenta del OPC redactó el proyecto para despenalizar el autocultivo de cannabis con fines medicinales, que tuvo muchas idas y vueltas.

La iniciativa fue presentada en el Senado, que decidió dar su aprobación, pero cuando tuvo turno el debate en la Cámara Baja, fue rechazada. La Cámara Alta ratificó su decisión, hecho que motivó que los Diputados finalmente sancionen la ley. “El Ejecutivo lamentablemente vetó la ley”, expresó Hazeldine.

En la actualidad, el proyecto fue ratificado nuevamente por el Senado y se encuentra en la Cámara Baja que, de sostener su posición afirmativa, promulgaría automáticamente la ley que despenaliza el autocultivo sin necesidad de que el Poder Ejecutivo intervenga.

La redactora de esta iniciativa explicó que en Paraguay “no está penada la tenencia y el consumo hasta 10 gramos. Sin embargo, está prohibido comprar, vender y plantar. Entonces existe un agujero jurídico gigante en ese sentido”.

Asimismo, Hazeldine aseguró que “acá el tema del cannabis es un tema con un tinte político muy fuerte y, evidentemente, la línea política del presidente Mario Abdo es no permitir la aprobación del autocultivo y tampoco permitir ningún tipo de posibilidad de que la justicia nos apoye” y agregó que “el Poder Judicial en Paraguay es un poder que está muy ligado al poder político”.

En tanto, la Presidenta del OPC observó que el país se encuentra “muy atrás de los países de la región”, citando el caso de Argentina, donde se permitió el autocultivo y los cultivos solidarios.

Además, contó que “en Brasil hay una oleada que se llama ‘la legalización silenciosa’, porque si bien el autocultivo no está permitido por ley, existen mecanismos jurídicos que protegen a las personas que tienen problemas de salud, como los habeas corpus preventivos”, señaló. Al respecto, sumó que “esto en Paraguay no nos lo permiten. Nosotros presentamos un amparo a fines de 2017, ese recurso de amparo ni siquiera fue estudiado y fue rechazado”.

Finalmente, Hazeldine manifestó que bregar por el autocultivo “es una lucha gigante contra la ignorancia, contra el narcotráfico, porque no le conviene que el autocultivo se legalice, ya que habrá menos personas dependientes del mercado ilegal”.

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