Diana Barreneche es abogada especialista en derecho ambiental y preside Proyecto Cáñamo Argentina, una asociación civil “compuesta por activistas, estudiantes y profesionales cuyo propósito es reemprender el estudio del cáñamo”, tal como se definen.

Sobre los orígenes de la organización, Barreneche cuenta que, desde el 2017, con el impulso de la Ley 27350 de cannabis medicinal, observaron que nunca se hablaba del potencial industrial del cáñamo. “Nos estamos concentrando en un producto de los 4999 restantes”, afirmó.

Acerca de los alcances y limitaciones que, previo a su nueva reglamentación por decreto presidencial, tuvo la Ley 27350, la Presidenta de Proyecto Cáñamo Argentina sostiene que “hay un desconocimiento del derecho internacional” y, a su vez, propuso la creación de una legislación que regule el cáñamo por fuera del sistema de control de sustancias, basada en el artículo 28 de la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961. “Allí se encuentran excluidos los usos industriales”, sostuvo.

En ese sentido, y sobre la distinción entre el cannabis medicinal y el de uso industrial, Barreneche expresó que “la Convención de Estupefacientes de 1961 hace dos distinciones: los estupefacientes, cuyo fin lícito es el uso medicinal e investigación científica; y el cáñamo, que es excluido de los estupefacientes. Lo medicinal lo tienen los dos porque es la misma planta. Esta definición jurídica o extensión jurídica, nos permite ir por el lado de los usos industriales”.

Cuando se habla de una Ley integral que regule el cannabis recreativo, medicinal e industrial, Diana Barreneche pone sus reparos: “podrían existir trabas para que eso saliera. Empecemos por las industrias, que son varias, no solo la farmacéutica. Todo lo que en este momento se está haciendo con petróleo e hidrocarburos, se puede hacer con cáñamo: construcción, papelera, textiles, biocombustibles, bioplásticos”.

Asimismo, aseguró que impulsar el cultivo de cáñamo no solo es una cuestión referente a la economía primaria: “lo que planteamos es que no solo nos convirtamos en un país productor de materia prima. Necesitamos una transformación de esa materia prima en productos de calidad que puedan competir”, amplió.

Volviendo a la posibilidad de un marco regulatorio, la Presidenta de Proyecto Cáñamo afirmó que la discusión que conlleva el debate legislativo en torno al cannabis de uso industrial “ayudaría muchísimo, ya que es un debate que se podría replicar en todas partes, como pasó con el cannabis medicinal o el aborto, que pasaron de ser temas tabú a debatirse en la sociedad”.

En tanto, Barreneche analizó que, si bien se está dando una batalla cultural al respecto, “queda mucha información por fuera. A los medios de comunicación hegemónicos no les conviene hablar del tema, reducen todo a que es droga. Ese es el éxito de la prohibición y las ideas que nos metieron sobre la planta”.

Sobre la lógica de la prohibición y sus repercusiones en el país, la referente de Proyecto Cáñamo manifestó que “Argentina está quedando rezagada en la experiencia latinoamericana con el cáñamo”, debido a lo que denominó como “potencial dormido” tanto en términos de cultivos, como en el desarrollo industrial y de semillas.

“La Ley 21761, que es de la última dictadura, tiene un peso psicológico muy importante, no así en lo penal”, expresó. Esta regulación a la que hace referencia Barreneche prohíbe el cultivo de cáñamo, de opio y de coca. Y es el argumento con el que, según ella, la han recibido en dependencias del Estado como el INASE (Instituto Nacional de Semillas) o la Anmat (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica) al momento de plantear la posibilidad del cultivo de cáñamo para uso industrial en el país.

Y agregó: “esa ley también habla del opio y del arbusto de coca, con total desconocimiento de que Argentina, al adherir a la convención del 61, hizo una salvedad: en el norte hay una cultura de la coca. Y también hay laboratorios donde se procesan opiáceos. Solo nos la tiran a nosotros cuando hablamos de cáñamo. Entonces, hay que removerla”.

En ese sentido, planteó: “no estamos diciendo que Argentina saque los pies del plato y vaya por el recreativo y por todo, me encantaría, pero sabemos que eso no va a pasar. Pero por lo menos tener el fin médico y de investigación científica del cannabis psicoactivo que incluya el cáñamo, que libere las trabas y le haga caso a la convención para que se pueda desarrollar una industria”.

Como abogada especializada en derecho ambiental, en función del contexto de cambio climático a nivel global, Barreneche sostuvo que es el momento para hacer “el cambio de un paradigma extractivista y antropocentrista hacia un desarrollo sostenible con una mirada ecocentrista”. Al respecto, diagnosticó: “estamos haciendo un uso muy poco eficiente de los recursos y le estamos dando la espalda a esos recursos que siempre nos acompañaron, nos dieron de comer, de vestir, que son las plantas”.

Sobre el futuro que avizora para Proyecto Cáñamo, la Presidenta de la asociación civil comentó que esperan realizar una Expo Cáñamo, una experiencia similar a la Expo Cannabis que ya se viene desarrollando en Argentina, “donde se pueda ver la experiencia de otros países y donde podamos hablar de todas esas cosas”. Y subrayó que “no tendría nada que ver con lo medicinal, sino con textiles, construcción, barnices, todos productos derivados de cáñamo”. Otro proyecto es el de poner en funcionamiento un museo para exponer productos hechos con cáñamo, para visibilizar de manera concreta los innumerables usos que tiene esta planta en materia industrial.

A su vez, Barreneche integra junto con Adriana Friedheim, abogada penalista y parte de Proyecto Cáñamo, una consultora llamada F&BCanna. “Vimos la necesidad de algo que estaba faltando: gente que se pusiera a estudiar de verdad las convenciones, los ordenamientos jurídicos de otros países”, dijo sobre el origen de la iniciativa que brinda información en redes sociales sobre aspectos legales del cáñamo y del cannabis en sus distintos usos.

Barreneche, finalmente, enfatizó: “espero que el futuro argentino sea cañamero, ya que no existen argumentos para negar este derecho. Es un recurso natural y hay que aprovecharlo, no ponerle trabas, porque sería trabarnos a nosotros mismos como sociedad”.