La situación del cáñamo para los campesinos en Paraguay parece estar lejos de cambiar en el corto plazo y encuentra un lamentable nuevo capítulo. Desde hace meses, el desarrollo cañamero se encuentra en jaque y en tensión, con fuertes denuncias acerca de los privilegios con los que cuentan grandes empresas por parte del gobierno, mientras que los pequeños agricultores no pueden comenzar la etapa de cultivo porque desde los organismos reguladores ponen frenos burocráticos.

Juan Carlos Fisher, presidente de la Cámara Paraguaya del Cannabis Industrial (Cannapy), sostuvo en diálogo con Industria Cannabis que “estamos ya en la etapa de cultivo tardío, que es lo que venimos insistiendo desde el primer ciclo del año pasado. Este es otro año más que posiblemente perdamos este ciclo, con el máximo de burocracias”.

Si bien las semillas de cáñamo se encuentran en la aduana y la mercadería tiene realizado todo su despacho, se va a poder retirar una vez que la Cooperativa AgroNorte, que representa a los agricultores familiares, firme un convenio con el Instituto Paraguayo de Tecnología Agropecuaria (IPTA) para realizar un ensayo de estas semillas y poder cultivar en forma paralela. Todo esto, aseguró Fisher, “pese a que el ministro en su discurso dijo que estas semillas ya tienen su tercer ciclo de ensayo”.

En tanto, un hecho que suma mayor indignación entre quienes defienden el ingreso y afianzamiento en la producción de cáñamo de los agricultores familiares, es la connivencia entre el gobierno paraguayo y tres empresas que caracterizan como “privilegiadas”. En la publicación realizada, indican que recorrieron sus campos de cáñamo con el Presidente de la República de Paraguay, Mario Abdo Benítez. Sin embargo, esos terrenos que definen como propios, son instalaciones del IPTA; es decir, del Estado.

“Evidentemente si nuestras autoridades no lo desmienten es porque lo admiten”, sentenció Fisher. “Esto es como estar alimentando un gran monopolio o un oligopolio bien entrelazado, a modo de que tengan el control de las semillas, el control de los pequeños agricultores, porque le dan las semillas a los pequeños agricultores para que trabajen para ellos”, agregó. El presidente de Cannapy, a su vez, subrayó: “el Ministerio de Agricultura va a repartir semillas pero están condicionadas a que sean semillas de las empresas beneficiadas y producir para ellas”.

Fisher sostuvo que, cuando se habla con el Ministerio de Agricultura, los funcionarios indican que el ingreso al cultivo de cáñamo “es fácil”. Sin embargo, aseveró que desde febrero hasta la actualidad no ha ingresado ninguna empresa al mercado por los condicionamientos y que “no existe ninguna empresa totalmente habilitada que no sean las empresas privilegiadas y una última que conseguimos nosotros, que solo puede importar las semillas, no sembrar”. De hecho, estas tres empresas fueron autorizadas previamente a que se conozca el decreto que ubica al cáñamo como un cultivo de interés nacional.

“Vamos a seguir insistiendo a modo que los productores que compraron estas semillas puedan hacer su experiencia y tengan realmente los resultados que el propio Ministerio necesita para implementar. Yo no creo que el Ministerio necesite experiencia en cultivos mecanizados que están haciendo ahora, cuando el beneficiario es el pequeño agricultor”, sostuvo el presidente de Cannapy. “Yo creo que es un gran alimento por parte del gobierno, el de beneficiar y potenciar futuros oligopolios”, destacó.

En cuanto a la firma del convenio entre la Cooperativa AgroNorte y el IPTA, Fisher afirmó que no cree que sea rápido, por más voluntad e impulso que los sectores campesinos encabezados por esta cooperativa y Cannapy puedan brindar. “A medida que va pasando el tiempo es cada vez más difícil plantar un cultivo en donde las fechas ya están prácticamente vencidas”, señaló Fisher. Finalmente, el referente de la Cámara de Cannabis Industrial remarcó que seguirán peleando por torcer la situación: “queremos un agricultor campesino libre de vender sus productos al precio que más les convenga”.