La resolución 673 del Ministerio de Salud abrió un nuevo panorama para las ONG, que desde ahora pueden cultivar cannabis para la provisión de hasta 150 usuarios registrados en el Registro del Programa de Cannabis (REPROCANN). La medida responde a una sostenida demanda de estas organizaciones de la sociedad civil, actores claves para garantizar el acceso a los derivados.

Dos referentes de estos espacios dialogaron con Industria Cannabis y destacaron las nuevas posibilidades para expandirse. “La resolución amplía mucho el margen de trabajo y aporta más tranquilidad. Es un gran avance porque significa legitimar lo que venimos haciendo y nos da la razón con respecto a que realmente estamos cumpliendo un rol importante en la sociedad porque cubrimos una carencia del Estado, que no está en condiciones de abastecer lo que nosotros sí podemos como organizaciones”, sostuvo Candela Grossi, presidenta de Cultivo en Familia de La Plata, asociación civil que cultiva la cepa Quinto Elemento (científicamente llamada Cepa Argentina Terapéutica 3).

Grossi agregó que las asociaciones van a seguir trabajando para que el Estado continúe reconociendo derechos a partir de los beneficios que la planta brinda a la salud. Y en ese sentido advirtió que el nuevo paso conseguido pierde fuerza si el Estado prosigue con las detenciones por cultivar. “Todo lo que se diga, redacte y reglamente, no sirve absolutamente para nada si seguimos teniendo presas y presos por plantar o allanamientos y destrucción de materia vegetal de personas que cultivan en sus casas sin molestar a nadie y teniendo REPROCANN,” remarcó.

“Vamos a expandirnos”

Nicolás Quilaleo es cofundador de Bien al Sur Club, un club de cultivo porteño donde sus cinco miembros abastecen a 45 socios de cannabis y derivados bajo el modelo de cultivadores solidarios, registrados en el REPROCANN y en el marco de la Ley 27.350. Actualmente solo cobran una cuota a sus socios para cubrir los gastos y apuntan a crecer en tamaño de producción y provisión a partir de la nueva resolución para tener socios más allá de la C.A.B.A.

“Vamos a expandirnos y ampliar el equipo, subdividir los predios y, así, poder generar otro esquema para trazar líneas de acción y abarcar otras zonas del país”, dijo Quilaleo. “También es importante el hecho de llegar a 150 socios en un club de cultivo cuando en Uruguay solamente admiten 45 como máximo. Es un desafío y nos estamos preparando para eso”, añadió.

Aunque actualmente Bien al Sur Club funciona como club de cultivo, planean registrarse como ONG para “generar una estructura y de esa manera por lo menos pagar a quienes se esfuerzan cada día para llevar adelante un cultivo intensivo”, dijo el cultivador. A su vez, proyectó nuevos horizontes de producción una vez que se apruebe la ley industrial en la Cámara de Diputados. “El día de mañana queremos generar un lucro, pagar impuestos y sueldos. Queremos hacer las cosas bien porque eso va a determinar cómo será la producción colectiva de cannabis más adelante”, concluyó.