El ministro de Producción, Recursos Naturales, Forestación y Tierras de Santiago del Estero, Miguel Mandrille, sostuvo en declaraciones radiales que “la provincia tiene condiciones apropiadas y adecuadas para el desarrollo” del cannabis para la salud. A su vez, el titular de la cartera santiagueña expresó que “habrá que seguir la iniciativa con un conjunto de técnicos para llevar adelante el desafío del cannabis medicinal”, entre los que se encuentran cultivadores, investigadores, laboratoristas y médicos.

Mandrille afirmó que la etapa de conformación de ese equipo técnico debe estar consolidada para “desarrollar la investigación y definir los lugares donde se puede producir” y agregó que “hay que tener alta seguridad en el cuidado y el desarrollo del cannabis en la provincia”. El ministro aseguró que “deberán participar las universidades, el Ministerio de Salud, pero fundamentalmente toda la parte técnica para encarar la investigación que amerita este tipo de producción”.

Santiago mira de cerca lo que ocurre en Salta, donde el INTA se encuentra impulsando un proyecto de investigación para evaluar la adaptación al suelo de variedades híbridas de cannabis con alto contenido de CBD. La iniciativa se gestó de forma conjunta entre el mencionado Instituto, el gobierno salteño a través del Ministerio de Salud, el Fondo Especial del Tabaco y la Cámara del Tabaco de Salta. Santiago también mira de cerca el ejemplo de la provincia de Jujuy con la experiencia de la Sociedad del Estado Cannava, que en octubre tendrá a disposición el primer derivado medicinal de grado farmacéutico en el país. Son dos proyectos con distintos tenores en cuanto a los actores participantes, pero entre esos márgenes se encontraría una próxima propuesta para la investigación y producción medicinal santiagueña.

La provincia cuenta desde 2017 con su propio marco regulatorio para la investigación médica y científica y el uso medicinal terapéutico y/o paliativo de cannabis y sus derivados, “garantizando y promoviendo el cuidado integral de la salud”, según expresa el texto legislativo de la Ley 7245. Sin embargo, hasta el momento no se han desarrollado proyectos en ese sentido. La norma establece que “el Instituto de Obra Social del Empleado Provincial (IOSEP) facilitará la importación por medio de la ANMAT del aceite de cannabis y sus derivados” y que la obra social cubrirá la medicación a sus afiliados. Según el IOSEP, en la actualidad cuentan con más de 5 mil afiliados. En una provincia con un número de habitantes cercano al millón, es una cifra muy pequeña que, en términos de garantizar el acceso a tratamientos con cannabis, requeriría medidas ampliatorias.

En cuanto a su estructura productiva, Santiago del Estero es, junto con Chaco, la provincia que tiene la mayor parte de su superficie cultivada con cereales y oleaginosas por fuera de la Región Pampeana. En 2019, según un informe del entonces Ministerio de Hacienda de la Nación, el maíz, el trigo y la soja representaban el 83,3% de la superficie cultivada de la provincia. De acuerdo al mismo relevamiento, otras actividades económicas fuertes en Santiago son la forestal, la ganadería bovina y caprina y la algodonera-textil. Si bien pareciera haber una tendencia general a una economía primaria, las palabras del ministro Mandrille hacen pensar en un plan con mayores implicancias en otras etapas de la cadena de valor del cannabis.