El proyecto de ley que establece la regulación de la industria del cannabis medicinal y del cáñamo industrial ya cuenta con media sanción. El Senado, en una votación con 56 senadores a favor, 5 senadores en contra y una abstención, aprobó la iniciativa presentada por el Ministerio de Desarrollo Productivo, que crea la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME) y que contempla todos los eslabones de la cadena de valor. A su vez, se realizaron modificaciones orientadas al rol de la Agencia, al federalismo y al aspecto penal.

Adolfo Rodríguez Saa, quien condujo los plenarios de comisiones que trataron la iniciativa, inició el debate destacando las distintas etapas del debate parlamentario con la presencia de expositores que, desde sus perspectivas, hicieron numerosos aportes. Calificó a la industria cannábica como una “prometedora cadena productiva” con un “enorme potencial de crecimiento”.

“La cadena productiva no se limita únicamente a la producción primaria”, aseguró, mientras que también hizo hincapié en la generación de “empleos de alta calidad”. El senador afirmó: “vamos a permitir que esas valiosas experiencias que se han desarrollado en las provincias se transformen en la posibilidad de producir en cantidades suficientes y, si es posible, exportar los productos medicinales y terapéuticos”. “La agencia deberá lograr que los bancos legalicen y blanqueen esta situación que se presenta como clandestina” para los actores del sector.

Rodríguez Saa subrayó los beneficios ambientales del cultivo de cannabis y de cáñamo. “El cáñamo era legal y se producía en nuestro país, pero la dictadura hizo clandestina a una actividad que en el mundo está aceptada, estamos sacando esa prohibición que va a permitir, cumpliendo con las normas de esta ley, producir el cáñamo”, señaló el puntano.

En el debate en comisiones se incorporó la figura del Consejo Federal, que estará integrado por un representante de cada provincia y uno de Nación y deberá presentar informes mensuales. En el caso de las provincias que ya se encuentren realizando investigaciones, tendrán un trámite simplificado para lograr las autorizaciones. Una de las principales críticas de la oposición al proyecto es que se define a la ley como de orden público. “Estamos en presencia que saca de la ley penal actividades productivas. No puede estar librado a la aceptación o no de las provincias”, sostuvo Rodríguez Saa.

Otra de las modificaciones es el pedido de los gobernadores de Jujuy y San Juan el agregado en el Artículo 3. Allí se excluirá el cannabis psicoactivo contemplado en la ley productiva (que cuente con autorización previa) de la Ley de Estupefacientes 23737. Asimismo, en estos cambios se prevé que la ARICCAME envíe informes trimestrales al Congreso para observar las diversas aristas que tendrá bajo sus funciones.

Mario Fiad, Senador por Jujuy de la UCR, expresó que “no estamos empezando de cero, sino que hay un recorrido muy importante”, en referencia a los proyectos de investigación que ya se encuentran en marcha, como es el caso de la Sociedad del Estado Cannava en esa provincia. Puso reparos sobre el vínculo práctico entre la ARICCAME y la ANMAT en cuanto al rol de la autoridad de aplicación provincial y, en ese sentido, sostuvo que se debe poner en valor el trabajo del Consejo Federal al momento de reglamentación de la ley. Su compañera de bloque, Sivia Giacoppo, señaló que votaría el proyecto “con mucho gusto” por su provincia y por el país.

Silvina García Larraburru, senadora por Río Negro del Frente de Todos, aseguró que al darle sanción a la ley “vamos a estar consagrando derechos”. Realizó un recorrido por la historia de lucha por la legalización del cannabis medicinal, sobre todo enfocada en las madres que cultivan para la salud de sus hijos, “de manera solidaria para todos los argentinos” y arriesgándose a la persecución judicial.

A su vez, remarcó el aspecto económico del proyecto para el país entrada de divisas, creación de empleos y desarrollo de las economías regionales, en regiones como la Comarca Andina y del Valle de Río Negro. La senadora propuso un cupo que contemple a los pequeños productores. Subrayó que “no podemos permitir que desembarquen capitales extranjeros de matriz extractivista y se lleven la riqueza de nuestro suelo”.

Cristina López Valverde, senadora del Frente de Todos por San Juan, resaltó “la necesidad de diversificar nuestra matriz productiva y generar empleo y calidad en la mano de obra” y que el proyecto contempla “toda la cadena”, lo que impide que sea algo solamente vinculado a la producción primaria. A su vez, ponderó la iniciativa que con “un gran sacrificio” ha realizado el gobierno sanjuanino: CanMe San Juan.

El senador Alfredo Luenzo, del Frente de Todos Chubut, aseguró que “estamos dando un paso más para cerrar lo que puso a modo experimental la Ley 27350” y ponderó el potencial de desarrollo de la industria cannábica que, según señaló, “llega en un momento de necesidad de puestos de trabajo”. El chubutense celebró el debate y sostuvo que “el prohibicionismo lo único que hace es alentar el narcotráfico”.

La última oradora de la tarde/noche, la senadora por el Frente de Todos de Mendoza Anabel Fernández Sagasti, valoró “el amplio acompañamiento de esta iniciativa”. Hizo hincapié en el aspecto ecológico del proyecto y la posición del gobierno nacional en generar desarrollos productivos sustentables. Enfocada en el cáñamo, la senadora afirmó que “estamos haciendo honor a un gran pensador como Manuel Belgrano”. A su vez, destacó que el gobierno de Alberto Fernández amplió derechos al firmar el decreto 883/2020 que permite el autocultivo de cannabis con fines medicinales, reflexionando sobre la sanción de la Ley 27350 en 2017, que le dejó como legisladora “sabor a poco”. Fernández Sagasti ponderó la iniciativa en el marco de un “necesario debate” sobre la diversificación productiva y la necesidad de crear empleo genuino ante indicadores como la caída por sexto año consecutivo del Producto Bruto Geográfico mendocino. “Estamos ante una oportunidad histórica”, sentenció.

Laura Rodríguez Machado, senadora por Córdoba del PRO, votó en contra cuestionando el carácter de orden público que se le dio al proyecto y considerando que es un avance sobre la autoridad de las provincias. En tanto, el rionegrino Alberto Weretilneck sostuvo su voto en contra afirmando que “esta es la ley más pro capitalista que vamos a votar” y que “la marihuana ya ha sido calificada como perjudicial y dañina, algunos hablan de cannabis para que parezca una versión atenuada”, demonizando el uso recreativo y confundiéndolo con los usos que se abordaron en el proyecto de ley, que son el medicinal y el industrial.