El año 2022 puede ser un punto de inflexión para la industria cannábica de México. Es que ayer comenzaron las sesiones ordinarias en el Congreso de la Unión, donde el oficialismo impulsará el proyecto para regular el cannabis de uso adulto responsable, que incluirá reformas y adiciones a la Ley General de Salud y al Código Penal Federal.

El partido oficialista Morena -Grupo Parlamentario que cuenta con el control en ambas cámaras- dejó en claro que la regulación del cannabis será un tema prioritario en su agenda legislativa. La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Olga Sánchez Cordero, dijo que la llamada Ley Federal para la Regulación del Cannabis Psicoactivo será una de las iniciativas presentadas por su espacio en la que trabajarán en la primera parte del año.

Los debates sobre esta ley federal se remontan desde el año 2020 y han tenido tires y aflojes políticos que entorpecieron la sanción. El 15 de diciembre del año pasado un grupo de senadores de distintos partidos firmó la iniciativa que presentó Cordero y que se discutirá en comisiones en los próximos días o semanas.

Además de Morena, senadores del Movimiento Ciudadano -grupo parlamentario opositor representado por ocho legisladores- adelantaron que entre los temas de su agenda legislativa para este año se encuentra la creación del marco regulatorio de la planta de cannabis. Así lo confirmó Clemente Castañeda, su coordinador.

“Vemos con buenos ojos que hay voluntad política y esperemos dar buenas noticias, por lo menos en este primer inicio de sesión de trabajo legislativo en el que creemos que la Cámara Alta va a aprobar el proyecto y lo va a enviar a Diputados”, afirmó a Industria Cannabis Erick Ponce, presidente del Grupo Promotor de la Industria de Cannabis (GPIC) y director ejecutivo de la firma ICAN, líder en cannabis medicinal en México en materia de asesoramiento.

Proyecciones

De aprobarse la normativa, el país azteca se sumaría al selecto grupo integrado por Canadá y Uruguay como los Estados que han legalizado por completo el cannabis. Aunque México, con una población de 130 millones, se convertiría en una referencia mundial por ser el mercado de mayor tamaño. Asimismo, la legalización sería un paso gigante ya que se trata de la segunda economía más importante de América Latina, según el Banco Mundial, y uno de los cinco mayores productores de marihuana -ilegal- en el mundo. A su vez, México es el principal productor de marihuana de América del Norte: entre el 50% y el 80% del cannabis que se vende de contrabando en Estados Unidos proviene de allí, según un informe del diario El País.

El valor de mercado del cannabis para uso adulto en México superaría los u$s 654.8 millones en el 2028, según datos de Statista -sitio especializado en datos del mercado- que consignó el diario El Economista de México. La firma extranjera proyectó que el valor de mercado del cannabis en México superaría los u$s2.000 millones y de ese total u$s 1.329 millones serían del uso medicinal.

El proyecto

La iniciativa presentada por la senadora Olga Sánchez Cordero el 15 de diciembre, busca regular el consumo -mayores de 21 años de edad-, la comercialización y la investigación.

Entre sus principales puntos, prevé la creación del Instituto Mexicano para la Regulación y Control del Cannabis (IMRCC), como órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud y autoridad responsable de la cadena productiva del cannabis y su consumo. Entre sus facultades, “determinará los mecanismos y procedimientos de certificación y seguimiento del cannabis y sus productos”, según el proyecto.

Con respecto al consumo, comprende la siembra, cultivo, cosecha, aprovechamiento, preparación, portación y transportación. Se permitiría un máximo de ocho plantas o el equivalente a su cosecha por vivienda.

Además, las licencias expedidas por el Instituto abarcan cultivo, transformación, comercialización (distribución y venta), exportación e importación, e investigación.

La propuesta tiene como fin garantizar el consumo lúdico del cannabis psicoactivo y regular las asociaciones, clubes o grupos para el consumo.

Además, se establecerán “acciones a favor” de pueblos y comunidades indígenas, personas campesinas o ejidatarias, ejidos y comunidades. Vale remarcar que en México, la población rural representa el 23% de la población, de los cuales seis de cada diez habitantes de estas zonas eran pobres en 2016, según un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), titulado “México rural del Siglo XXI”.

La iniciativa presentada mantiene castigos a la posesión de cannabis psicoactivo (más de 28 y hasta 200 gramos), con multas que irán de 20 hasta 300 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) o trabajo comunitario de al menos 20 horas. También se establecen modificaciones al Código Penal Federal para aplicar sanciones de cárcel a quienes posean más de 200 gramos de cannabis psicoactivo.

Por el lado de la regulación del cáñamo, sostiene que “los productos que contengan derivados de la cannabis en concentraciones del 1% o menores de THC y que tengan amplios usos industriales, podrán comercializarse, exportarse e importarse”.

Antecedentes

Las discusiones para la regulación del cannabis tuvieron su sustento en una serie de fallos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). En el más reciente, del 1 de diciembre de 2021, la Corte declaró inconstitucional la prohibición de la siembra, cultivo y cosecha de cannabis para la elaboración de productos derivados de la misma y con concentraciones de 1% o menores de THC con amplios usos industriales.

Por el lado del cannabis medicinal, el 12 de enero de 2021 el Gobierno Federal publicó la esperada reglamentación para la producción, investigación y uso medicinal del cannabis, que había sido aprobada en 2017.