La Justicia provincial de Córdoba fijará posición por primera vez con respecto al cannabis medicinal. En el juicio que comenzará el 17 de febrero en la Cámara en lo Criminal y Correccional Río Tercero, la principal imputada es la psicóloga Milena Pozo (51), acusada de “comercialización de estupefacientes”, “lesiones leves” y “ejercicio ilegal de la profesión”.

La denunciante sintió síntomas propios de la fibromialgia y recurrió al Hospital de Río Tercero donde una médica asoció esos síntomas con el consumo de aceite de cannabis sin haber hecho estudios que lo corroboren. La abogada defensora y especialista en derechos humanos y cannabis, Nadia Podsiadlo advirtió que no hubo ningún tipo de estudio que pudiera comprobar que el derivado de la planta haya causado lesiones. En ese sentido, adelantó que en el juicio “habrá un gran debate médico” donde participarán seis especialistas en salud y cannabis. “Se va a instar a los profesionales de la salud de la provincia que no conocen sobre el uso de los aceites para que se instruyan y capaciten antes de tomar decisiones para así salir de los discursos prohibicionistas”, dijo la abogada a Industria Cannabis.

Pozo remarcó que los aceites que tenía en su casa antes del allanamiento no eran para la comercialización, como dice la imputación, sino para consumo personal, familiar y para aquellas personas que lo necesitaran por problemas de salud.

“El 9 de noviembre de 2017 sufrí un allanamiento y detención en Almafuerte, por parte de la Fuerza Policial Antinarcotráfico, ordenados por el fiscal de lucha contra el narcotráfico de Río Tercero. Al día siguiente me liberaron, lo que encontraron en el domicilio fue aceite de cannabis”, dijo la imputada a medios locales.

“Lo único que hice fue mejorar la calidad de vida de la gente que acudía a mí para hacer tratamiento con el aceite y mitigar algún malestar, nunca lo asumí como un negocio, de hecho mi sustento económico provenía de mi cargo en el Ministerio de Educación y el trabajo profesional en cuatro consultorios, en Río Tercero, Almafuerte, Embalse y Santa Rosa de Calamuchita”, sostuvo.

La defensa y los antecedentes

“Lo que nos preocupa es separar y que se entienda la diferencia entre el aceite y los estupefacientes”, subrayó Podsiadlo, quien recordó que la Comisión de Estupefacientes de la ONU reconoció el 20 de diciembre de 2020 el potencial medicinal y terapéutico del cannabis y lo eliminó de la Lista IV de la Convención Única de Estupefacientes de 1961, donde figuraba junto a opioides adictivos y letales como la heroína.

La imputación contra Pozo va a contramano también con el contexto nacional. El cannabis medicinal y el autocultivo están regulados por la Ley 27.350 y su decreto reglamentario 883/2020, y su uso social es cada vez más aceptado y extendido. Existen además investigaciones científicas que avalan el uso del cannabis para el bienestar de la salud, proyectos productivos públicos y privados en distintos puntos del país y un proyecto de ley con media sanción del Senado para regular la industria del cannabis medicinal, el cáñamo y sus derivados. A su vez, en la propia provincia de Córdoba se creó el año pasado la Cámara de Empresarios del Cannabis Córdoba (CECC). Como contrapartida, vale remarcar que la Legislatura de Córdoba fue una de las tres últimas del país en adherir a la Ley 27.350.

La abogada hará hincapié en el derecho de igualdad ante la ley ya que existen dos antecedentes de fallos federales en la provincia donde los acusados terminaron sobreseídos. “En Córdoba estamos desfederalizados. Todos los casos de narcomenudeo van a la justicia de la provincia y los casos de mayor entidad van a la justicia federal”, cuestionó. Y agregó que en los casos mencionados, en uno el denunciado fue sobreseído y en el segundo fue directamente el fiscal quien desestimó la acusación frente a las nuevas perspectivas que hay en el país en torno al cannabis medicinal y terapéutico.

Podsiadlo dijo que quienes están con causas en la justicia federal “van a quedar absueltos por narcotráfico y los que estén por narcomenudeo de menor escala serán culpables y castigados por la ley penal. No tiene sentido que en una misma provincia la Justicia federal no considere al cannabis como un estupefaciente y la Justicia de la provincia sí”, reclamó.

En esa línea, añadió que “tiene que haber una mayor apertura de la Justicia provincial para entender de qué se trata el cannabis medicinal y no simplemente cerrarlo en juicios abreviados”. Y continuó: “Es momento de que la Justicia provincial escuche y se centre en las personas que están en esto y que empiecen a tener una postura diferente porque es un hecho (el consumo de cannabis medicinal) a nivel nacional e internacional”.

Asimismo, añadió que este primer juicio provincial relativo al cannabis medicinal podría sentar importantes precedentes para casos similares. “Esto puede sentar precedentes muy ricos y bajar un lineamiento para todos los tribunales del interior de la provincia”, destacó.

La defensa también pondrá sobre la mesa la necesidad de brindar capacitaciones para las fuerzas de seguridad. “Los allanamientos se practican de la misma manera con la gente a la que le secuestraron el aceite medicinal que con las personas que realmente operan en el mundo del narcotráfico”, señaló.

Apoyo a Pozo

Esta tarde 16 organizaciones que integran la Campaña de información y concientización sobre la Ley de Cannabis Medicinal de la provincia de Córdoba harán público un comunicado en rechazo a la criminalización de Pozo -quien podría recibir una pena de entre 6 hasta 20 años- y en reclamo por su absolución. Será desde las 16 hs en Villa Ciudad Parque (departamento de Calamuchita).