En la última semana en España se aceleró el debate para regularizar el consumo, autocultivo, distribución y venta de cannabis. Tres fuerzas distintas del Congreso (Unidas Podemos, Más País y ERC) presentaron cada una su proyecto para revertir el enfoque "prohibicionista" que rige en ese país.

Fue días después del revés en el Senado, donde el PSOE -grupo parlamentario oficialista que cuenta con la mayoría- junto con los votos opositores de PP y Vox, impidieron el 22 de septiembre comenzar a tramitar una ley planteada por la Izquierda Confederal para regular el consumo de cannabis, los clubes de consumidores y el autocultivo de la planta. Referentes de los grupos parlamentarios que impulsan la regulación ven en el PSOE la principal dificultad para el avance de sus proyectos.

Hoy, Unidas Podemos -socio minoritario del Gobierno del PSOE- presentó en el Congreso su ley para la regulación integral y control de consumo del cannabis en personas adultas, que establece las condiciones para su autocultivo, distribución y venta. El consumo del cannabis solo podrá llevarse a cabo en el ámbito privado y en los espacios habilitados en la ley, según consignó Europa Press. Además, se establecen 20 metros cúbicos de fronda a término como límite para el autocultivo, o el máximo de 10 gramos de consumo al día. También fijó las condiciones para el consumo en clubes cannábicos cooperativos sin ánimo de lucro.

A esta propuesta se le suman otras dos, también de partidos que apoyan al Gobierno. La semana pasada, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y Más País dieron ingreso en el Congreso a dos proyectos de ley para regular la actividad, poner fin al mercado negro y beneficiar económicamente a una industria que, según datos aportados por Más País, podría llegar a suponer la recaudación de 3.000 millones de euros y la creación de 90.000 empleos. "Es la ley más avanzada de Europa en cuanto a regulación del cannabis se refiere", dijo Íñigo Errejón, líder de Podemos, sobre su proposición.

En tanto, la propuesta de Unidas Podemos busca regular el autocultivo y las asociaciones, así como el mercado a través de un sistema de licencias con fuerte control por parte del Estado y las comunidades autónomas, con el fin de sacar a flote "una economía sumergida que se está desarrollando en la clandestinidad y que generaría miles de puestos de trabajo", advirtió el grupo parlamentario.

La diputada promotora del texto, Lucía Muñoz Dalda, destacó que trabajarán “para construir una mayoría parlamentaria” que permita aprobar el proyecto. También adelantó que el diálogo político se replicará con la sociedad. “El mes que viene vamos a celebrar unas jornadas para que la sociedad civil forme parte también de este debate”, dijo la legisladora. Para Unidas Podemos, "revertir el enfoque prohibicionista basado en el control altamente punitivo de la planta del cannabis, sus flores y sus principios activos es una deuda pendiente con la sociedad".

En el apartado regulatorio de las cantidades permitidas para personas adultas en espacios públicos, se estipula cuatro posibilidades: 100 gramos de flores secas, 30 gramos de extracciones de cannabis, productos elaborados con cannabis con un contenido de THC total de 10 gramos y la suma de las posibles combinaciones proporcionales de los productos anteriores, indicó Europa Press.

Asimismo, para los domicilios se pauta 3.650 gramos de flores secas, 1.000 gramos de extracciones de cannabis, productos elaborados con un contenido de THC total de 365 gramos y también posibles combinaciones de las otras tres modalidades. En cuanto a domicilios en los que convivan más de una persona consumidora se pauta el doble con independencia del número de individuos que compongan la unidad de convivencia.

A su vez, se propone la creación de un Impuesto Especial de Productos del Cannabis (IEPC), que deberá ser gradual en base al contenido de THC total de los productos puestos a la venta. Y establece la creación de una Agencia Española de Control de la Regulación Integral del Cannabis (AECRIC), organismos que dependerá del Ministerio de Derechos Sociales.

El Código Penal español no considera delito el consumo, la posesión y el cultivo de cannabis siempre que sea para el propio consumo y no esté destinado al tráfico. Sí implican infracciones graves el consumo en un espacio público, el traslado de personas con el objeto de facilitarles el acceso a drogas tóxicas, la plantación y el cultivo ilícitos en lugares visibles al público y la tolerancia del consumo ilegal o el tráfico en locales o establecimientos públicos.

En España, según la última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) -una de las más reconocidas en la temática- el 90,1% de los españoles defiende que se legalice el cannabis para uso terapéutico y casi la mitad de la población, el 49,7% también vería positivamente que se regularizara su uso recreacional, frente al 40,9% que se posiciona en contra.