Argentina se encamina a contar con una regulación para desarrollar la industria del cannabis medicinal y del cáñamo. Esta tarde, la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados dio dictamen al proyecto elaborado por el Ejecutivo para establecer el marco regulatorio de la cadena de producción y comercialización de la planta, sus semillas y sus productos derivados.

La iniciativa había sido aprobada por el Senado en julio y, tras el dictamen de hoy en la Cámara Baja, podría tratarse en el recinto en la próxima sesión. El trámite en comisiones de Diputados había iniciado ayer en Agricultura y Ganadería, donde el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, expuso los principales puntos del proyecto que recibió el visto bueno de 24 de los 35 diputados presentes.

“Ya dictaminamos el marco legal del cannabis medicinal y el cáñamo industrial. Listo para ir al recinto y convertirse en ley en breve”, celebró hoy la diputada del Frente de Todos Carolina Gaillard, quien colaboró en la elaboración del texto a cargo del Ministerio de Desarrollo Productivo, junto con su compañera de bancada Mara Brawer.

El proyecto

El proyecto llamado “Marco regulatorio para el desarrollo de la industria del cannabis medicinal y cáñamo industrial”, es el segundo gran paso en materia normativa para el cannabis en Argentina. El primero fue la ley de cannabis medicinal (27.350) aprobada en 2017, que posibilitó que actualmente existan 22 iniciativas provinciales y 80 municipales centradas en la producción, pero limitada a fines experimentales.

Considerando que el desarrollo del cannabis y del cáñamo es una actividad intensiva en empleo y conocimiento, y que en otros países generó ingresos de divisas por exportaciones, el gobierno avanzó con este proyecto focalizado en la industria. “El proyecto de ley crea las condiciones para el desarrollo de la cadena a nivel local, aprendiendo de las mejores lecciones internacionales, y tendrá múltiples impactos positivos en el país: más empleo, más exportaciones, más innovación, desarrollo federal y acceso a la salud”, destacó Kulfas ayer.

El ministro remarcó también que Argentina posee condiciones propicias para ser un ·productor importante en la industria, debido a su liderazgo global en producción agropecuaria y a su red de investigación científica y tecnológica constituida en torno al cannabis, y el funcionamiento de sus organismos CONICET, INTA e INTI, sumado a las experiencias de las organizaciones de la sociedad civil.

La industria del cannabis y el cáñamo encadena actividades de alto valor agregado. Según la iniciativa, nuclea a más de 200 bienes y servicios vinculados a la cadena (semillas, automatización, productos medicinales, etc).

Para 2025, Desarrollo Productivo calcula la generación de 10.000 nuevos empleos (alto porcentaje en I+D+i), US $500 millones en ventas al mercado interno al año y US $50 millones de exportación al año.

La Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME) será el órgano encargado de regular, administrar y fiscalizar toda la cadena productiva de cannabis y cáñamo. También tendrá como función otorgar y administrar autorizaciones para producción, comercialización interna y exportaciones.

Además, el proyecto tendrá preferencias para el desarrollo en la actividad de cooperativas y PyMEs agropecuarias regionales, que contarán con políticas activas de financiamiento por parte del Ministerio de Desarrollo Productivo.

“Este proyecto busca que haya una industria, muchas pequeñas y medianas empresas y cooperativas que hagan estos productos de derivados de cannabis y cáñamo, y también trabajar sobre el precio justo, que haya precios de referencia”, dijo ayer Gaillard durante su intervención en la comisión de Agroindustria.

Luego, Mara Brawer detalló los beneficios económicos y ambientales que implica la producción del cáñamo y sus productos, como textiles, papel, cosmética, materiales para la construcción. “Estamos cumpliendo con el cáñamo el sueño de (Manuel) Belgrano pero con tecnología del siglo XXI”, señaló, y recordó que la siembra de esa planta está prohibida por una ley de la última dictadura cívico militar, a pesar de que tuvo un amplio desarrollo en “el siglo XV, XVI, XVII”.

“Es una industria limpia, sustentable y genera importantes puestos de trabajo”, concluyó Brawer.