En la provincia de Mendoza se está desarrollando una reglamentación del cultivo e industrialización del cannabis con fines medicinales. En diciembre pasado, el Senado dio sanción definitiva a la adhesión mendocina a la Ley 27350. El proyecto aprobado establece como autoridad de aplicación al Ministerio de Economía y Energía de la Provincia en todas las etapas de la cadena de valor.

El objetivo del gobernador Rodolfo Suárez es que el ciclo económico completo se produzca en la provincia, desde el cultivo hasta el aceite de cannabis. Desde el Ejecutivo provincial se muestran optimistas respecto a la oportunidad de recibir inversiones y de generar empleo; debido a que según expresaron, hubo privados que realizaron consultas al respecto desde la sanción de la ley. “Nuestro gobierno cree en el sector privado como generador de riqueza, pretendemos que se involucren en esto”, señaló el subsecretario de Agricultura y Ganadería, Sergio Moralejo, en declaraciones a la prensa del gobierno mendocino. El Ministerio de Economía y Energía, en tanto, se encuentra desarrollando un registro para garantizar la trazabilidad y calidad del producto, que deberá cumplir con las exigencias de toda la cadena de valor: desde el cultivo hasta la producción, transformación y/o distribución de derivados de grado médico. Además, la reglamentación de la ley mendocina prevé la delimitación de las zonas aptas para cultivo outdoor.

“Hoy este mercado es una industria agrícola pujante, que genera miles de empleos en los países y/o Estados que ya tienen implementado su uso médico”, expresaron desde el Ejecutivo provincial. Lo ven, también, como una posibilidad de diversificación de la matriz productiva de Mendoza, cuyos principales cultivos son la vid, los frutales y hortalizas.

Con el fin de garantizar la calidad de los derivados de cannabis para la salud, se creará un Consejo Consultivo de Cannabis, que brindará asistencia técnica al Ministerio y diseñará manuales de procedimientos y buenas prácticas. En tanto, y como en todas las reglamentaciones a nivel provincial en este ámbito, serán el Ministerio de Salud de la Nación y la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) los entes que tendrán el rol de autorización y control finales. El objetivo de controlar toda la cadena es “garantizar un acceso seguro, oportuno e inclusivo, ya que hoy muchos pacientes se ven en la necesidad de recurrir a la compra en el exterior o en un mercado ilegal que no ofrece garantías”, según expresaron desde el gobierno provincial.

En ese sentido, se propiciará un registro de usuarios y usuarias que cultivan cannabis con fines medicinales, terapéuticos y/o paliativos en sus domicilios. Podrán inscribirse para obtener la autorización de cultivo personal, a través de un o una familiar, una tercera persona o una organización civil autorizada por la autoridad de aplicación.

A pesar de que el proyecto insta a que exista una mayor participación privada, uno de los primeros departamentos de la provincia cuyana que se interesó en la producción de cannabis medicinal es General Alvear. En esa comuna, existe una sociedad anónima con mayoría de participación estatal, Emixa (Empresa Mixta Alvear), con la que pretenden abarcar toda la cadena productiva; esto es, cultivo, industrialización, comercialización e investigación de cannabis y sus derivados para uso medicinal.

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