Durante los últimos años, en muchos países, existen debates sobre los contenidos de Tetrahidrocannabidiol (THC) de las plantas de Cannabis sativa para uso en la industria y en el campo de la medicina. La Unión Europea (UE), por ejemplo, establece un límite del 0,3% de THC para cultivos de uso industrial y farmacéutico. Pero actualmente, la Asociación Europea de Cáñamo Industrial (EIHA, por su sigla en inglés) se encuentra bregando por una suba de ese límite al 1% de este cannabinoide, debido a que lo consideran muy estricto.

Así es que, en diversas latitudes, comienza a existir un movimiento denominado comúnmente como “el Club del 1%”, que se encuentra conformado por países que han flexibilizado las legislaciones vigentes en términos de estos límites de THC y han permitido que los cultivos puedan tener ese porcentaje o menos. Es el caso de Uruguay, Malawi, Sudáfrica, Tailandia y, de manera más reciente, Ecuador.

De acuerdo a lo que planteó en comunicación con Industria Cannabis José Dávalos, Presidente de Ecuacáñamo, “en Sudamérica se considera al 1% como un valor que puede llegar a estandarizar el cáñamo en el comercio sudamericano”. Y agregó que la ventaja que otorga este límite es que “da un margen para trabajar con la planta, debido a que el THC puede subir por cuestiones que van desde la genética de la semilla que se plantó como el estrés que pudo haber sufrido la planta por distintos factores medioambientales”.

Diana Barreneche, Presidenta de Proyecto Cáñamo Argentina, sostuvo que “el 1% es una recomendación de ingenieros agrónomos”. Asimismo, explica que en nuestro país, si impulsamos la industria del cáñamo, deberíamos tener en cuenta este porcentaje como límite para comenzar. Cabe destacar que Barreneche estuvo presente en el asesoramiento para la redacción del Proyecto de Ley para el Cáñamo Industrial, presentado por la Diputada Mara Brawer, del Frente de Todos, en el que se establece el 1% como límite para cáñamo no psicoactivo.

La Presidenta de Proyecto Cáñamo explicó que la utilización de ese margen se debe a que en nuestro país aún no tenemos tanto desarrollo de conocimientos sobre la planta y su adaptación al suelo, por lo que estabilizar las genéticas llevará un tiempo. Si en Argentina se establece un límite del 0,3% como en la UE y contemplando las legislaciones sobre estupefacientes, que consideran al cannabis que se encuentra por encima de ese porcentaje como psicoactivo, se perdería mucha producción.

El límite de 1% de THC es realmente muy bajo, si pensamos en que la mayoría de las cepas de Cannabis sativa contienen una media de THC del 20%. “Nosotros necesitamos flexibilidad porque tenemos que estabilizar las genéticas, tenemos que ver el rendimiento de esa cosecha, saber cómo se va a desarrollar esa semilla que estamos trayendo en nuestro suelo y con nuestras condiciones climáticas”, expresó Barreneche a Industria Cannabis. También, reparó en que “el que quiera exportar productos derivados de cáñamo a Europa, debe cumplir con ese 0,3%; si no, no se lo van a recibir”.

José Dávalos, en tanto, dijo al respecto que “esta desventaja no es algo que pueda dañar al negocio, porque hoy en día existe tecnología que permite reducir ese THC presente en la planta”.

En el caso ecuatoriano, con las regulaciones recientes acerca de este porcentaje en la producción destinada a la industria y al ámbito medicinal, hay una fuerte mirada sobre las oportunidades de negocio que abre el cultivo de cannabis. “La cadena de valor del cáñamo es extensa, tiene más de 50 mil productos. Este cultivo sirve para la reconversión de muchas plantaciones como son el cultivo de bananas o de flores, dando lugar a cosechas especializadas más extensas”, observó Santiago Trejo, consultor de Asuntos Regulatorios para Industrias Sensibles, en declaraciones a la prensa de ese país.

El Ministerio de Agricultura y Ganadería de Ecuador emitió en octubre pasado un Reglamento para la Producción, Comercialización y Exportación del Cannabis no psicoactivo y Cáñamo Industrial en ese país. Con el fin de estimular la producción, existen siete tipos de licencias.

La primera licencia se encuentra destinada a la importación y venta de semillas; la segunda a la producción y venta de semillas y esquejes; la tercera está abocada a la producción de cannabis no psicoactivo y cáñamo industrial (que permite la participación en toda la cadena); la cuarta a la producción de cáñamo industrial; la quinta se orienta al fitomejoramiento y bancos de germoplasma; mientras que la sexta lo hace para la producción y procesamiento de derivados, y la séptima para comercialización y exportación.

José Dávalos sostuvo que el proceso de las licencias es muy sencillo y poco burocrático, en tanto se piden cosas “muy básicas” para obtenerlas. Al respecto, detalló que “la columna vertebral del pedido de licencias es la presentación de un plan agrícola, que se le informe al Estado qué se va a sembrar, con qué técnica, cuál será el procedimiento de cosecha y poscosecha, cuál es el fin del cultivo”. Y agregó que el Ministerio emitirá próximamente un tarifario para saber de cuánto es la tasa para tramitar las licencias.

Uno de los documentos que son requisito para obtener las licencias mencionadas anteriormente es un certificado de antecedentes penales (como lavado de dinero o narcotráfico), tanto del representante legal, como de directores, socios, accionistas o miembros con una participación mayor al 6% del capital de las compañías, ya que por el momento solo se le entregarán licencias a personas jurídicas.

El mínimo de producción para obtener la licencia es de 2 hectáreas. Según representantes del Ministerio, esto se hace con el fin de evitar la especulación en el sector. El objetivo es que, dentro de 5 años y con una mayor observación concreta del mercado, se puedan extender licencias para áreas menores.

Sobre esta cuestión, Dávalos precisó que hay un hectareaje mínimo de 2 hectáreas si el cultivo es de invernadero, un mínimo de 5 hectáreas si se realiza a cielo abierto y un mínimo de 20 hectáreas si el cultivo se hace con fines industriales. Asimismo, señaló que el Estado ha permitido que en el plan agrícola presentado se pueda llegar a la cantidad mínima de hectáreas en 5 años, hecho que el Presidente de Ecuacáñamo ha definido como “lograble”.

Respecto al panorama en Ecuador, Dávalos analizó que “hay mucha gente emocionada por la salida de las licencias, que ve al cáñamo como una oportunidad de sacar adelante el país, porque genera inversión, genera trabajo, también en su momento generará pago de impuestos; entonces es realmente atractivo”. Además, sostuvo que “no hay que dejar que nos gane la ansiedad, hay mucho que planificar todavía y falta bastante para ver los cultivos de cáñamo” y que “todavía hay que cumplir procesos para importar semillas de manera legal acá en Ecuador. Creo que es un proceso que ha iniciado, pero tenemos que esperar un tiempo para empezar a ver los primeros cultivos”.

Es fundamental comprender que este límite de 1%, junto con la emisión de licencias sencillas, funcionaría de resorte para que más emprendimientos y empresas puedan sumarse a una industria que está en ascenso a nivel mundial, y en la que Argentina tiene un potencial que la destacaría entre los países de la región, junto con Colombia, Uruguay y Ecuador. Dávalos sintetizó esta idea de una manera precisa, augurando el éxito de la industria cañamera en su país con cuatro elementos centrales: “por la cantidad de gente que está interesada, la tierra disponible que hay en el país, las condiciones climáticas que son excepcionales para la planta y el interés que ha mostrado el gobierno por permitir que esta industria se desarrolle sin mayores obstáculos”.

Países como Costa Rica y Panamá observan muy de cerca la experiencia ecuatoriana y se encuentran trabajando en ello. El proyecto de ley presentado por la diputada Zoila Volio en el mes de septiembre, que expresa que los límites para THC fijados internacionalmente son del 1%, obtuvo dictamen el pasado miércoles, por parte de la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa costarricense. También se establece la libertad de cultivo del cáñamo para su producción, industrialización y comercialización; en tanto que autorizará el cultivo de cannabis únicamente para fines médicos o terapéuticos.

En el caso panameño, los avances llevan más tiempo: el proyecto de ley “Por el cual se promueve el desarrollo de la agroindustria del cáñamo para impulsar el sector agropecuario nacional”, según su título, fue presentado en octubre de 2019 y recién a fines de octubre de este año fue puesto en un primer debate en la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional de Panamá. La iniciativa propuesta por la diputada Kayra Harding define al cáñamo como “la planta de cannabis y cualquiera de sus partes cuya concentración de THC no sea superior a uno y medio por ciento (1.5%) en peso seco”. La Comisión que trata el proyecto decidió conformar una mesa técnica para realizar aportes y estiman que se volverá a debatir allí a fines de noviembre.

Como vemos, la tendencia es creciente y se expande entre varios países que encuentran en la extensión del límite de THC un margen de maniobra para desarrollar su propia industria cañamera, avalado por las legislaciones y por el control estatal de la implementación.