El gobierno de la provincia de Chubut promulgó la Ley I N° 702, que da lugar a la creación del Programa de Cultivo y Producción de Cannabis para Fines Científicos, y/o Terapéuticos. El proyecto había sido aprobado en diciembre pasado de manera unánime por la legislatura unicameral de la provincia patagónica. La impulsora de la normativa fue la presidenta del bloque del Frente de Todos, Adriana Casanovas. El programa tendrá como objetivo el cultivo de cannabis para todas las personas radicadas en la provincia de Chubut y bajo recomendación médica para su uso terapéutico. Los actores autorizados para el abastecimiento y autoabastecimiento son el Estado provincial, las asociaciones civiles y organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro. El Ministerio de Salud de Chubut será la autoridad de aplicación de la ley y deberá reglamentarla en 90 días. A su vez, será la provincia la encargada de crear el registro provincial de personas y organizaciones autorizadas al autoabastecimiento de cannabis con fines terapéuticos. La ley autoriza al Poder Ejecutivo a realizar los convenios y autorizaciones necesarios para importar insumos, material genético y semillas destinados a la producción de cannabis. Adriana Casanovas, impulsora del proyecto, indicó a la Agencia Télam que “Chubut fue pionera en avanzar en la utilización terapéutica del cannabis, toda vez que fue la primera provincia argentina en incluir el aceite de cannabis en el sistema de salud y obligar a la obra social provincial a incluirlo en el vademecum”.

En tanto, se conoció en los últimos días que la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) producirá cannabis medicinal. José Manuel Corchuelo Blasco, director de la carrera de Medicina de esa casa de estudios confirmó en LU4 Nacional Patagonia que ya se está trabajando en la adquisición de las semillas. A su vez, expresó que “la idea es producir marihuana medicinal para entregar al Estado y posteriormente suministrado de manera gratuita a todos aquellos pacientes que así lo requieran”. La UNPSJB desarrolló un Programa de Investigación sobre el uso medicinal, terapéutico y/o paliativo del dolor de la planta de cannabis y sus derivados a partir de la nueva reglamentación de la Ley 27350, el Decreto 883/20.

La normativa hace hincapié en el apoyo y fomento del Estado a las investigaciones sobre el Uso Medicinal de la Planta de Cannabis y sus Derivados en las universidades nacionales. “Cuando los proyectos sean realizados por los distintos Organismos de Ciencia y Técnica o Universidades, y no involucren investigación clínica aplicada, no requerirán autorización de la Autoridad de Aplicación para su desarrollo, sino que se regirán por su propia normativa aplicable”, expresa el Artículo 3 del Anexo I de la reglamentación vigente. El programa de investigación creado por la UNPSJB contempla diferentes etapas y diversos ejes temáticos. El primero de ellos es el desarrollo de productos y/o procesos, que establece investigaciones al respecto en las distintas etapas de la cadena productiva de derivados de cannabis medicinal y el aprovechamiento de los derivados del cannabis industrial.

En segundo lugar, el proyecto se vuelca a investigaciones sobre el uso de cannabis en el tratamiento de pacientes con enfermedades neurodegenerativas; trastornos de conducta, alimentación y del estado del ánimo; enfermedades autoinmunes como cáncer, VIH SIDA y/o enfermedades huérfanas, así como el tratamiento de pacientes con sintomatologías como dolor crónico, inapetencia, entre otros. En tercera instancia, la iniciativa de la institución universitaria prevé la investigación en términos de los procesos sociales y culturales en torno al uso terapéutico del cannabis, que buscan una resignificación del cannabis medicinal, a través de talleres de formación y capacitación, grupos focales, experiencias con comunidades, entre otras. Por último, también se investigará en relación a una lectura e interpretación correctas de las legislaciones vigentes sobre cannabis medicinal en el país.

Ambas noticias traen un panorama alentador para la producción estatal de cannabis con fines medicinales, que pueda garantizar un acceso seguro y equitativo a quienes deben realizar tratamientos con los derivados de la planta.