Con una concentración frente al Congreso, organizaciones y empresarios del sector cannábico reclamaron que la Cámara de Diputados trate en el recinto el proyecto para legalizar la producción industrial del cannabis medicinal y del cáñamo, que cuenta con media sanción del Senado -en julio- y dictamen de las comisiones de Agricultura y Ganadería y de Presupuesto y Hacienda el 17 y 18 de noviembre pasados, respectivamente.

La protesta respondió a la postergación de la sesión prevista para el martes 30 de noviembre por la negativa de Juntos por el Cambio a dar quórum, según señalaron fuentes legislativas del Frente de Todos. El oficialismo logró obtener 124 voluntades de las 129 necesarias para sesionar. El principal interbloque opositor se opone al proyecto de Ley de Envases, que iba a ser parte del temario.

De este modo, el proyecto para industrializar el cannabis no se trataría antes de la renovación de legisladores del 10 de diciembre, y, por lo tanto, debería volver a comisiones, ya que los proyectos pierden dictamen tras el recambio. Recién con la nueva disposición parlamentaria, el proyecto se tendría que volver a discutir en comisiones para luego pasar al recinto.

La iniciativa había sido impulsada por el oficialismo y a la hora de darle dictamen en comisiones contó con el respaldo de la mayoría de las y los legisladores de JxC. El escenario cambió luego y ahora el proyecto podría tratarse a fin de año -el Ejecutivo extendió las sesiones ordinarias hasta el 31 de diciembre- o directamente en 2022.

Todo esto generó un gran malestar en la comunidad cannábica, que se aprestaba a tener una ley este año para regular la cadena de producción y comercialización de la planta, sus semillas y sus productos derivados. Es que se trata de un sector pujante que podría generar en el país 10.000 nuevos empleos (alto porcentaje en I+D+i), u$s 500 millones en ventas al mercado interno al año y u$s 50 millones de exportaciones, según cálculos conservadores del Ministerio de Desarrollo Productivo, que elaboró el proyecto.

“Reclamamos que el conjunto de las fuerzas políticas dejen de lado cualquier tipo de mezquindad y especulación y le den quórum al tratamiento de la ley”, dijo a Industria Cannabis Pablo Fazio, presidente de la Cámara Argentina del Cannabis (Argencann), una de las entidades presentes.

Fazio advirtió que los proyectos productivos de cannabis esperan la nueva ley y no hay tiempos para mayores dilaciones. “Hay un gran número de proyectos, no solo de estados provinciales sino de PyMEs, emprendedores y cooperativas esperando para ponerse en marcha. También hay una agenda de inversión, producción y generación de puestos de trabajo de impacto federal que no puede quedar rehén de maniobras o juegos políticos chiquitos, como la composición de las comisiones, cuáles son sus autoridades o el reparto de los despachos”, reclamó.

El empresario remarcó que “Argentina no está en condiciones de seguir perdiendo el tiempo y necesita enormemente poner en marcha la agenda que el cannabis le propone en términos de diversificar la matriz productiva de algunas provincias dinamizar sus economías regionales y abrir el potencial para que el país comience a cosechar divisas mediante la puesta en marcha de esta nueva industrial

Por su parte, desde Proyecto Cáñamo, agrupación que se dedica a difundir los beneficios productivos y ambientales del uso de esa planta, también criticaron en un comunicado la demora para tratar la ley. “Lo único que se pierde con esta desprolijidad es dilatar el conocimiento que podemos empezar a realizar con la planta”. Y agregaron: “No basta con que salga la ley, sino que tiene que haber un plan económico y social estratégico detrás que acompañe a quienes se metan en el cultivo y post producción de cáñamo y tengan éxito”.

El proyecto llamado “Marco regulatorio para el desarrollo de la industria del cannabis medicinal y cáñamo industrial”, es el segundo gran paso en materia normativa para el cannabis en Argentina. El primero fue la ley de cannabis medicinal (27.350) aprobada en 2017 y su decreto reglamentario Nº 883/2020 que habilitó el autocultivo. Al momento existen 22 iniciativas provinciales y 80 municipales centradas en la producción, pero limitada a fines experimentales.

La protesta

Pasadas las 12 del mediodía, organizaciones políticas, sociales y empresariales fueron arribando a las inmediaciones del Congreso con sus banderas. Además de las cannábicas, participaron agrupaciones medioambientales y trabajadores y trabajadoras de la tierra para pedir por las leyes de humedales, de envases y de acceso a la tierra.

El reclamo conjunto fue convocado por Mamá Cultiva, la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) -que realizó un verdurazo-, Jóvenes por el clima y Alianza por el clima. Sostuvieron que las leyes están vinculadas porque para tener producción de cannabis es necesario el acceso a la tierra para sus trabajadores y trabajadoras, y todo esto en el marco de una política pública integral con eje en el reciclado responsable y el cuidado del medio ambiente.