La Secretaría de Ciencia y Tecnología de Entre Ríos celebró un acuerdo con la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) para promover la investigación científica sobre el uso medicinal, terapéutico y/o paliativo del dolor de la planta de cannabis y sus derivados. El objetivo principal de este convenio tiene que ver con el fortalecimiento en la materia de los laboratorios dependientes de las instituciones públicas.

La inversión estatal asciende a 1,7 millones de pesos e involucra al Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) de Concepción del Uruguay. Se desarrollarán tareas de investigación a nivel de laboratorio, preparación de técnicas analíticas. La prioridad es disponer de laboratorios equipados y debidamente habilitados para que se puedan realizar los controles de calidad de la producción.

A su vez, la provincia gestionó un acuerdo entre la UNER y la Universidad Hebrea de Jerusalén, que lleva décadas de investigación sobre cannabis. Esta última casa de estudios dictará un curso de posgrado sobre cannabis medicinal para los profesionales de la salud entrerrianos.

En el marco de los avances en estos aspectos, los entrerrianos continúan en la búsqueda de sancionar una ley propia que pueda establecer una reglamentación clara sobre el cannabis en su territorio. En los últimos días, ingresó nuevamente en la Cámara de Diputados provincial el proyecto de Ley de Accesibilidad al Cannabis con Fines Médicos, Terapéuticos y/o Paliativos del Dolor en Entre Ríos.

La iniciativa, presentada finalmente esta semana por Silvia Moreno y Néstor Loggio, se adecúa a la terminología utilizada en las últimas reglamentaciones de la Ley 27350 a nivel nacional y busca abrir el juego a “las economías sociales y populares, así como las economías regionales”, que tendrán preferencia en el otorgamiento de licencias de producción para un mediano plazo.

El proyecto “tiene como principal objetivo la protección integral de la salud, entendida como un derecho humano fundamental en el territorio provincial, mediante el acceso a la planta de cannabis y sus derivados”, según expresa el texto que se debatirá. A su vez, se aclara que, “en caso de duda, siempre se debe garantizar el acceso al cannabis del usuario que lo requiera fundadamente”.

Quienes tendrán permitido el cultivo son las personas que “cultiven para sí o para un tercero beneficiario que acrediten la indicación médica; el Estado provincial, municipios y comunas; organismos de ciencia y tecnología dependientes de otros niveles de gobierno; laboratorios públicos; universidades públicas; centros de investigación; asociaciones civiles; fundaciones; mutuales y cooperativas”; todas radicadas en Entre Ríos.

En tanto, se excluye a las sociedades comerciales, que sí serán autorizadas a “la producción de fitopreparados y formulaciones magistrales, como a su posterior comercialización si funcionan bajo la forma de farmacias”.

Se creará un Registro Provincial de Usuarios y Cultivadores Medicinales, Terapéuticos y Paliativos. Para inscribirse, se debe presentar una indicación médica. Con relación al registro de las personas que cultiven para sí, asociaciones y fundaciones, “deberán ser determinados un máximo de tres domicilios habilitados”, según marca el proyecto.