Legislación y marco legal
Diputados oficialistas presentaron proyecto para reformar la ley de drogas y despenalizar el consumo personal

La iniciativa promovida por la legisladora Carolina Gaillard apunta a modificar la Ley 23.737 -que establece el Régimen Penal de Estupefacientes-, despenalizar el consumo personal de sustancias y centrar el tema desde una perspectiva de salud pública. La iniciativa se basó en la doctrina del fallo Arriola de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (2009), que declaró inconstitucional penar a una persona por la tenencia de sustancias para consumo individual y privado.

7 de Febrero, 2022
Por: Alejandro Palladino

Diputados del Frente de Todos encabezados por Carolina Gaillard presentaron un proyecto para reformar la Ley 23.737 -que establece el Régimen Penal de Estupefacientes- y despenalizar el consumo personal de sustancias.La iniciativa se basó en la doctrina del fallo Arriola de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (2009), que declaró inconstitucional penar a una persona por la tenencia de sustancias para consumo individual y privado.

Apoyaron el proyecto de la diputada entrerriana sus compañeros y compañeras de bancada Mónica Macha, Blanca Osuna, Verónica Caliva, María Rosa Martínez, Carolina Yutrovic, Jimena López, Itaí Hagman, Mabel Caparrós, Lucila Masin y Mara Brawer.

La diputada entrerriana cuestionó la llamada “ley de drogas” -promulgada en 1989- por criminalizar y perseguir al usuario y no al narcotráfico. En esa línea agregó que “la guerra contra las drogas fracasó” al igual que el prohibicionismo. Como contrapartida, propuso “armonizar” la reforma de la ley de estupefacientes con “la protección de la salud pública y en particular con nuestra ley de Salud Mental”.

Para lograr este cometido el proyecto hace foco en que la persecución penal “se oriente a la narcocriminalidad y el negocio ilegal de estupefacientes, y no a conductas privadas de usuarios y usuarias que no significan un daño a la salud pública y cuya persecución, en cambio, significan sistemáticas afectaciones a derechos fundamentales”, subrayó Gaillard.

El texto, redactado y trabajado con especialistas y organizaciones de la sociedad civil, estipula una serie de modificaciones en el articulado de la Ley 23.737. En este sentido, busca despenalizar la tenencia de estupefacientes con fines de consumo personal aplicando la doctrina del fallo Arriola de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y en línea con numerosos países que despenalizaron el consumo personal de todas las sustancias, tales como México, Portugal, España, Perú, Uruguay, Brasil, Colombia, Bélgica, Holanda y el estado de Oregon, en EE.UU, según el proyecto.

La modificación de la ley de estupefacientes presentada por los diputados oficialistas también propone ajustar la política de drogas con relación al cannabis, otorgándole un estatus jurídico que comprenda su dimensión medicinal, terapéutica y paliativa, reconocida por Ley 27.350 de cannabis medicinal, y garantice que usuarios y usuarias medicinales y quienes cultiven en forma solidaria no sean perseguidos ni confiscados por sus cultivos destinados al uso para la salud.

Además, el proyecto de Gaillard propone la despenalización de la siembra y cultivo de cannabis para uso personal, indicando que siempre se entenderá con ese destino cuando la persona posea hasta 40 gramos de flores y/o semillas y la cosecha o cultivo de hasta 9 plantas de cannabis de efecto psicoactivo.

Si bien el debate parlamentario relativo al caso particular del cannabis se venía centrando últimamente en el proyecto para industrializar el cannabis medicinal y el cáñamo, la discusión en torno a la despenalización del consumo tomó fuerza en los últimos días por la muerte de 24 personas por cocaína adulterada en Puerta 8, en el oeste del conurbano bonaerense. Este hecho expuso la vulnerabilidad que existe en torno al uso de drogas y se reiteraron las críticas de especialistas a la Ley 27.737 centrada en perseguir y criminalizar a usuarios.

“Tenemos que priorizar un abordaje desde el derecho a la salud de los usuarios y usuarias, no su penalización, porque ese paradigma ya demostró su fracaso en todo el mundo: los consumos aumentan y también los riesgos asociados a la clandestinidad -con el problema de salud pública que eso implica, como vimos estos días en nuestro país-, obstaculizando el acceso al sistema de salud por temor a ser criminalizado”, prosiguió la legisladora.

“El proceso penal contra personas que consumen y pequeños eslabones de la cadena de comercialización no es efectivo para erradicar el narcotráfico y sí para castigar grupos sociales vulnerables como mujeres y personas trans en situación de extrema vulnerabilidad que, ni se llevan las principales ganancias, ni son quienes producen el daño en la salud pública a gran escala”, concluyó Gaillard.

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Por Leandro Ayala - Fundador de Industria Cannabis. Emprendedor Cannábico.
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