En un paso significativo hacia la regulación del uso medicinal del cannabis, el Ministerio de Sanidad ha iniciado el proceso para regular esta sustancia mediante la apertura de una consulta pública sobre el borrador del real decreto que busca ampliar su uso farmacológico en España. Hasta el momento, el uso del cannabis estaba limitado a dos medicamentos específicos para tratar la esclerosis y la epilepsia, pero la nueva normativa tiene como objetivo ampliar estos horizontes a otras dolencias.

La consulta pública, que estará abierta hasta el 4 de marzo, es solo el comienzo de un proceso en el que se detallarán los usos médicos permitidos del cannabis, basándose en recomendaciones de un informe del Congreso. Este informe sugiere cinco aplicaciones principales basadas en la evidencia existente: la inhibición de náuseas y vómitos en pacientes de cáncer, el aumento del apetito y la reducción de la pérdida de peso en enfermos de cáncer y sida, el alivio del dolor crónico, la reducción de la rigidez muscular en casos de esclerosis y la prevención de convulsiones en epilepsias refractarias.

La normativa propuesta no abrirá la puerta a la venta libre del cannabis, sino que se centrará en preparados farmacéuticos, que deberán ser prescritos por médicos especialistas y, preferentemente, dispensados en hospitales.

Para supervisar y evaluar el uso médico del cannabis, el Congreso ha recomendado la creación de un registro centralizado de pacientes. Este registro facilitará la realización de evaluaciones periódicas sobre el impacto y la seguridad de estos tratamientos.

El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha mantenido reuniones con diversas entidades y profesionales sanitarios para discutir la nueva regulación y ha anunciado más encuentros en el futuro cercano, lo que subraya el enfoque colaborativo del ministerio en este proceso.

Con esta regulación, España busca alinearse con otros países que ya permiten el uso medicinal del cannabis, reconociendo sus beneficios terapéuticos, tal como lo han hecho la Organización Mundial de la Salud y las Naciones Unidas. Se estima que más de 200,000 personas en España podrían beneficiarse de esta medida, dependiendo de las condiciones específicas que finalmente se incluyan en la normativa.

Este paso adelante en la política de drogas de España representa un cambio significativo en la percepción y el manejo del cannabis, con el potencial de mejorar la calidad de vida de miles de pacientes mientras se garantiza un marco regulador seguro y controlado.