Hoy fue un día importante para los y las pacientes de cannabis medicinal de España. Es que la subcomisión del Congreso de los Diputados realizó su primera reunión con el fin de elaborar un informe que sirva como base para regular el uso medicinal y terapéutico de la planta de cannabis antes que concluya el actual periodo legislativo.

La subcomisión, que integra la Comisión de Sanidad y Consumo, fue una iniciativa del Partido Nacionalista Vasco y cuenta con el apoyo de la gran mayoría de los grupos parlamentarios.

El objetivo de la subcomisión es reunirse cada quince días para analizar las experiencias internacionales de regulación del cannabis para uso medicinal y terapéutico. Para eso, convocará a entre 20 y 25 expertos sanitarios y científicos, y a representantes gubernamentales de otros países que ya han legislado al respecto y cuentan con evidencia médica y científica. Con todo ese material, elaborarán un informe para elevar al Gobierno que servirá como insumo para redactar una ley que regule el acceso al cannabis medicinal y terapéutico.

En la cita de hoy las y los diputados avanzaron en la definición del plan de trabajo y en la confección de la lista de referentes que intervendrán, que estará lista la semana pasada. A su vez, establecieron los plazos para elaborar el informe de conclusiones, cuya fecha límite es el próximo 20 de mayo, según indicaron medios locales.

Según el Observatorio Español del Cannabis Medicinal (OECM) –que representa a los pacientes y presiona en pos de una regulación– la subcomisión se debería centrar en dos aspectos: qué pacientes podrían beneficiarse del cannabis medicinal y cómo se llevaría a cabo la dispensación. Desde el OECM se mostraron a favor de un modelo mixto, con empresas privadas que fabrican los productos y, también, con la presencia del Estado para que el sistema nacional de salud abastezca los derivados a quienes no los pueden comprar en el mercado.

Casos como el argentino demostraron que las patologías incluidas en las leyes de cannabis medicinal pueden ser reducidas. La ley 27.350 de 2017 restringió el uso para usuarios con epilepsia refractaria. Aunque la regulación posterior de 2020 (Decreto 883) amplió las enfermedades e incluyó el autocultivo. Por el momento, en la discusión española el autocultivo está excluido.

De acuerdo con las estimaciones del OECM basadas en datos de asociaciones cannábicas, entre 250 mil y 300 mil pacientes en España se encuentran en el mercado ilegal para poder acceder a la dispensación de cannabis medicinal. "Es una situación de inseguridad jurídica y sanitaria bastante injusta", lamentó en una conferencia de prensa del jueves pasado Carola Pérez, presidenta del OECM.

La subcomisión se creó en junio del año pasado, en paralelo a un debate más profundo promovido por tres grupos parlamentarios de izquierda (Unidas Podemos, Más País y Esquerra Republicana) que, de forma independiente en cada uno de los casos, promovieron proyectos para avanzar en una regulación más integral del cannabis que incluya su uso industrial y recreativo, además del medicinal. Sin embargo, el 19 de octubre de 2021 el Partido Socialista Obrero Español -grupo parlamentario oficialista que cuenta con la mayoría- votó en contra de una de esas tres iniciativas, la de Más País, por lo que ese debate, por el momento, quedó relegado.