La Diputada Nacional Carolina Gaillard presentó una iniciativa en el Congreso en la que, nuevamente, el debate por el uso medicinal del cannabis será un eje central. El proyecto de Ley prevé un marco regulatorio de carácter integral que pueda generar las condiciones para el desarrollo productivo, científico, tecnológico e industrial, más allá de un apoyo normativo a los usos terapéuticos de la planta.

“Se trata de garantizar el acceso efectivo al cannabis para tratamientos de salud como derecho humano fundamental, entendiendo que se necesita un marco legal integral que no posee la ley existente”, explicó Gaillard. A su vez, agregó que con esta propuesta, se generan las condiciones para desarrollar la industria del cannabis destinado a la salud, comprendiéndola como una fuente de generación de empleo genuino y, potencialmente, de ingresos de divisas a nuestro país.

Al igual que el proyecto presentado por Mara Brawer para la regulación del cáñamo industrial, la iniciativa de Gaillard surge del diálogo con el Poder Ejecutivo y organizaciones cannábicas. En este caso, quienes apoyan el proyecto son Mamá Cultiva Argentina, la Red de Cannabis Medicinal del CONICET (RACME) y la Cámara Argentina de Cannabis. Al respecto, la Diputada del Frente de Todos expresó: “Nuestro presidente Alberto Fernández asumió junto al Ministerio de Salud el compromiso de modificar la reglamentación de la primera Ley y vamos rumbo a eso. Fue un gran avance, que lo celebramos junto a las organizaciones”.

Asimismo, Gaillard reparó en las limitaciones que representa la Ley actual. “Desde el Congreso se busca crear un marco legal acorde a las necesidades de todo el país para su desarrollo, de manera de permitir el cultivo, la producción, la comercialización y exportación”, aseguró.

En la fundamentación del proyecto de Ley, se expresa que la Ley 27350 “ha resultado limitada en cuanto a la garantía de acceso a la planta para los usuarios medicinales, dejando sin respuesta a quienes mediante su uso mejorarían su condición de salud y calidad de vida. Por otro lado, también se mostró limitada en cuanto a un desarrollo científico y productivo que permita promover su investigación en forma eficiente y financiada, abastecer la demanda, mejorar estándares de calidad del producto y promover la inversión e implementación de tecnologías a tal fin”.

Es interesante la ampliación que esta norma puede significar respecto a la nueva reglamentación de la Ley 27350, proveniente del decreto firmado por el Poder Ejecutivo días atrás, del autocultivo para usuarios de cannabis medicinal. Sobre esto, Valeria Salech, presidenta de Mamá Cultiva Argentina, expresó la importancia de un componente que no figuró en la Ley aprobada en 2017, “que tiene que ver con la formación y capacitación de profesionales, no solamente de la salud, sino también del Poder Judicial, de las Fuerzas de Seguridad y la ciudadanía en general”.

Otro elemento central de la iniciativa es que dispone la creación de un sistema único de licencias para autorizar el cultivo, producción, comercialización, importación y exportación de cannabis medicinal y sus derivados. Para autocultivadores y cultivadores solidarios, se postula que estas licencias serán gratuitas. En tanto, se creará un Banco de Semillas que pretende garantizar un precio justo para el acceso al cultivo, a través del Instituto Nacional de Semillas (INASE), ente enmarcado en el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.

A su vez, la intención es la de promover un circuito de investigación, producción, acceso universal y comercialización, que tiene dos pilares fundamentales: el desarrollo científico tecnológico y el desarrollo industrial a lo largo y a lo ancho del país. En este aspecto, la Presidenta de Mamá Cultiva expresó que esto resulta clave "para que el cannabis pueda llegar a la gente con justicia social, que llegue de la manera que las personas elijan; ya sea a través del autocultivo, del cultivo solidario, del comunitario, de las organizaciones sociales, de pequeños y medianos productores que tengan ganas de irrumpir en la industria".

La propuesta legislativa prevé la creación del Instituto Nacional de Regulación y Control del Cannabis (IRCA), que será autoridad de aplicación de la Ley; en tanto que articula con todos los órganos estatales, científicos, académicos y de la sociedad civil vinculados al sector a través de un Consejo Ejecutivo Honorario y un Consejo Consultivo Honorario.

En pos de la promoción del desarrollo científico y técnico, se subraya la importancia de programas de estímulo a la investigación del cannabis medicinal, impulsados por el Estado nacional a través del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, el CONICET, y las Universidades Nacionales.

El proyecto fue acompañado por las firmas de los Diputados y las Diputadas Cristina Álvarez Rodríguez (FDT), Mara Brawer (FDT), Martin Soria (FDT), Gabriela Cerruti (FDT), Marcela Campagnoli (JxC), Mónica Macha (FDT), Cecilia Moreau (FDT), Fernanda Vallejos (FDT), Jimena López (FDT), Blanca Osuna (FDT), Graciela Landriscini (FDT), Gabriela Lena (FDT), Pablo Carro (FDT), Lucila Masin (FDT), Leonardo Grosso (FDT), Nicolás Rodríguez Saá (FDT).