Los organismos estatales vinculados a la ciencia, la tecnología y la industria son actores relevantes para desarrollar el cultivo, la investigación y la producción de cannabis con fines terapéuticos o medicinales. La normativa vigente (Ley 27.350) autoriza al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) –perteneciente al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación– a cultivar cannabis a los fines de la investigación médica y/o científica, como así también de la producción, al igual que al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).

El INTA trabaja actualmente en 14 proyectos de investigación y desarrollo del cultivo de cannabis con fines medicinales distribuidos en siete provincias, de los cuales 7 ya fueron aprobados por el Ministerio de Salud. Su capacidad y presencia en todo el país le permite responder a una demanda creciente de acuerdos productivos con diferentes actores públicos y privados. Es con el objetivo de obtener material vegetal para la investigación tanto científica como médica, y también la producción de derivados del cannabis y su inclusión en programas de mejoramiento.

Carla Arizio es investigadora del Instituto de Recursos Biológicos del INTA y una de las principales referentes de este organismo en materia de cannabis. En diálogo con Industria Cannabis, explicó cuáles son los principales desafíos del INTA en los proyectos que lleva adelante, destacó la importancia de generar evidencia científica para el sistema de salud y remarcó también el interés del organismo en la ley para regular la industria del cannabis medicinal y del cáñamo.

En primer lugar, Arizio destacó cuáles son las principales metas de los proyectos de investigación. “La mayoría de los proyectos plantean la evaluación de distintas genéticas en diferentes condiciones de cultivo, variando temperatura, luminosidad, en indoor o en exteriores. Se trata de probar y ver cómo es el impacto para la producción de aceites, teniendo en cuenta su calidad”, remarcó.

Agregó que el horizonte de trabajo del INTA es “generar evidencia científica para el sistema de salud”. “Hablamos de buenas prácticas de producción, cumpliendo en lo posible normas GMP (good manufacturing practices) y GAP (Good Agriculture Practices). Eso es central y, también, asegurar la trazabilidad de todo el sistema”, resaltó.

El INTA avanza en convenios con gobiernos provinciales y municipales, ONG y empresas en los que también participa en algunos casos el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). En función del espíritu de la ley 27.350, Arizio valoró la participación protagónica de las ONG. “Nos fijan el rumbo sobre cuál es el objetivo final: generar evidencia científica, materia prima de calidad para seguir haciendo investigaciones”. “Todos nuestros proyectos están enfocados en cumplir normas de calidad, obtener un extracto final y que podamos aportar evidencia. Los proyectos están bien encaminados en ese sentido”, reforzó.

Además, destacó el “interesante círculo de vinculación entre públicos y privados con organismos del Estado”. “Si bien tenemos experiencias previas, la verdad es que el proceso es muy enriquecedor. Están dadas las condiciones para que haya avances y desarrollo”, afirmó.

Por otro lado, una prueba del entusiasmo que despierta la investigación y la producción de cannabis para fines médicos y científicos es que el INTA recibe continuamente proyectos para firmar convenios. “Recibo dos o tres propuestas por semana para hacer convenios con INTA. Es algo que nos excede totalmente. Es imposible para nosotros responder a una demanda así. Vamos a hacer convenios cuando podamos responder y tengamos profesionales que puedan dedicar su tiempo, o tengamos infraestructura e interés en llevar adelante una determinada línea de investigación en un determinado lugar”, advirtió.

Los convenios que firma el INTA siguen un determinado procedimiento. Se firman para formalizar la relación entre el organismo y las contrapartes y son financiados por terceros. Primero reciben el visto bueno de la sede local del INTA donde se va a llevar a cabo (por ejemplo, centros regionales o estaciones experimentales). Luego, un equipo de profesionales evalúa los aspectos técnicos de la propuesta y sugiere recomendaciones para ajustar detalles. Posteriormente, la aprobación definitiva del organismo la otorga el Consejo Directivo Nacional, máximo nivel de decisión del INTA.

Una vez que el convenio fue aprobado por el INTA, se presenta en el Ministerio de Salud de la Nación que lo aprueba por resolución para luego seguir su curso formal por el ANMAT, el INASE y el SENASA.

A la espera de la aprobación definitiva de la ley de uso industrial

La ley para regular la industria del cannabis medicinal y del cáñamo se encuentra demorada en la Cámara de Diputados, luego de la media sanción del Senado en julio de este año. Es un sector de la actividad que creará empleo y aportará divisas. El INTA, al igual que los distintos actores del sistema científico y productivo del país, espera la sanción definitiva para avanzar en nuevas investigaciones.

El organismo agro-tecnológico cuenta con un programa nacional de cultivos industriales que abarca distintas especies de interés. “Tenemos muchos colegas interesados en poder empezar a trabajar en la temática de cáñamo industrial. Están empezando a pensar las líneas de investigación que van a ser necesarias”, adelantó Arizio.

Por último, la investigadora sostuvo que el cannabis y su industria “es una oportunidad, lo entendemos así y tenemos capacidades para responder a las necesidades que surjan. Capacidades técnicas hay sobradas, no solo en el INTA, sino en Argentina en general”, concluyó.