La regulación del cannabis, sobre todo para su uso medicinal, ha ganado terreno en Argentina en el último tiempo, con los activismos regionales y provinciales a la cabeza. Pero esta última semana los cambios se aceleraron cuando el gobierno nacional, a través del Decreto 388/2020, amplió los alcances de la Ley 27.350, de carácter restrictivo, y se puso al frente de una serie de demandas que habían sido postergadas.

De este modo, habilitó el cultivo personal, solidario y colectivo, una demanda de organizaciones civiles y de familias de pacientes que lo utilizan para enfermedades, dolencias o trastornos. Las personas que quieran acceder al cultivo deberán pedir la autorización al Registro del Programa de Cannabis (REPROCANN), con indicación médica. También lo podrá hacer un tercero (familiar u organización habilitada).

Con la medida, el Estado se acercó más a los pedidos del sector, relegados en años anteriores por políticas centradas en la seguridad y la criminalización antes que en el cuidado de la salud. En 2017, el gobierno anterior sancionó la Ley 27.350 -a la que adhirieron todas las provincias a excepción de Córdoba y Formosa-, y estableció el uso terapéutico del cannabis, pero solo para atender la epilepsia refractaria en niños y jóvenes adultos.

En este sentido, otros puntos destacados son, por un lado, la ampliación de las patologías previstas. Y, a su vez, se garantiza el acceso al cannabis medicinal a través de la cobertura de obras sociales, prepagas o, en su defecto, se encargará el Estado de forma gratuita. Por otro, se podrá optar también por la compra en farmacias de fórmulas magistrales o acceder a los productos mediante su importación. El Estado impulsará también la producción pública y la investigación científica y clínica.

El desarrollo de la industria en sus distintas facetas depende de la regulación legal para su crecimiento, como ocurrió en países como Canadá, Colombia, Uruguay y once jurisdicciones estadounidenses (podrían sumarse en breve muchas más). La regulación del Estado, que implica el control de la producción, distribución y condiciones del consumo, sienta las bases para la proliferación de una actividad con múltiples usos de tipo industrial (textil, cosméticos, bioenergías, construcción, bioplásticos, entre otros).

Los proyectos de alcance nacional

A la par de la nueva reglamentación, a nivel nacional otra vía para leyes más abarcativas es el trabajo legislativo. La diputada oficialista Carolina Gaillard ingresó a la cámara baja un proyecto de ley hace dos semanas que promueve un circuito integral de investigación, producción, acceso universal y comercialización del cannabis medicinal. La diputada llamó a “crear un marco legal acorde a las necesidades de todo el país para su desarrollo, de manera de permitir el cultivo, la producción, la comercialización y exportación”, aseguró.

Gaillard dijo a Industria Cannabis que el proyecto se podría tratar en febrero en comisión, para luego llevarlo al recinto. Indicó que existe la voluntad política de hacerlo de parte de las autoridades del bloque oficialista.

Otro proyecto de reciente ingreso a la Cámara Baja es el de la diputada del Frente de Todos, Mara Brawer, que apunta a impulsar el cultivo y desarrollo productivo del cáñamo industrial. La iniciativa cuenta con el respaldo de los ministerios de Desarrollo Productivo y de Agricultura, Ganadería y Pesca (este último sería su autoridad de aplicación). Busca habilitar las distintas actividades de la cadena productiva y comercial de la planta de cáñamo, sus extractos y productos. “Este proyecto busca posicionar a la Argentina como un país productor de cáñamo industrial”, afirmó la legisladora.

Proyecto aprobado en la Capital y hay otros en marcha en la provincia de Buenos Aires y con media sanción en Santa Fe

Antes de la nueva reglamentación, provincias y municipios habían avanzado en regulaciones propias para obtener el uso terapéutico y el cultivo personal y colectivo. Sentaron precedentes locales y, asimismo, presionaron para obtener el nuevo marco jurídico.

Según el Decreto 388, el Ministerio de Salud, como autoridad de aplicación, podrá coordinar con las jurisdicciones locales que hubieran adherido a la Ley N° 27.350 que “lleven sus propios registros y expidan las autorizaciones correspondientes”.

Las últimas novedades las aportó la CABA. El último jueves la Legislatura aprobó de forma unánime la adhesión a la Ley Nº 27.350 y fijó un marco regulatorio para el acceso informado y seguro, la investigación, el uso científico y la producción pública del cannabis y sus derivados como recurso terapéutico.

“Celebramos este logro, fruto de la lucha de miles de familias para mejorar su calidad de vida. Derribamos prejuicios dándole a la ciencia el lugar que merece. Construimos consensos”, destacó el diputado Leandro Halperín, del bloque UCR-Evolución, autor del proyecto que incorporó elementos de otro proyecto de la diputada del Frente de Todos María Rosa Muiños.

En la provincia de Buenos Aires, la más populosa del país, existen dos vías de avance en materia de normativas. Por un lado, una serie de municipios aprobaron ordenanzas que, en general, combinan el uso medicinal con el cultivo y procesamiento a cargo de las comunas y la creación de registros de pacientes para que puedan acceder a tratamientos. De los 135 municipios bonaerenses, Hurlingham, Berazategui, Lomas de Zamora, General Lamadrid, San Vicente y Rivadavia cuentan con ordenanzas. Sin embargo, su puesta en práctica ha sido limitada hasta el momento.

Tras este aluvión de ordenanzas, el oficialismo en la Legislatura bonaerense presentó en julio un proyecto centrado en el derecho a la salud y la descriminalización del autocultivo. “Hicimos una mesa de diálogo con bloques opositores para crear una ley abarcativa que contemple muchas más patologías, para acompañar a los usuarios y que el Estado les facilite la provisión de plantas, semillas y derivados”, precisó a Industria Cannabis la diputada del Frente de Todos María Laura Ramírez, autora del proyecto y presidenta de la comisión de Salud. En el plano parlamentario, el proyecto ingresó en su comisión pero no fue tratado aún en esa instancia.

La Cámara de Diputados santafesina, en tanto, le dio en julio media sanción a un proyecto cuyos dos principales ejes establecen, por un lado, el autocultivo y, por otro, la producción estatal. El aspecto destacado del proyecto -en línea con la nueva reglamentación nacional- es que las personas autorizadas para abastecer aceite de cannabis a los y las pacientes son el Estado provincial, y también personas físicas, asociaciones civiles y organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro. De este modo, en caso de aprobarse en el Senado, Santa Fe se convertiría en la primera provincia del país en contar con una ley propia que autorice el autocultivo de cannabis con fines terapéuticos.

Sin embargo, desde Mamá Cannabis Medicinal de Santa Fe advirtieron que el proyecto se encuentra “estancado” en el Senado. La semana pasada realizaron un reclamo en la Legislatura para que la Cámara Alta trate la iniciativa. “Nos urge se trate ya que los tiempos son cortos y las Madres seguimos en la situación de siempre y más expuestas en tiempos de pandemia”, señalaron en un comunicado.

Una ciudad de la Patagonia fue la primera en poder autocultivar legalmente

Este año todos los ojos del universo cannábico argentino se posaron en San Antonio Oeste, una ciudad de 44 mil habitantes de la provincia de Río Negro. Antes del DNU 388, era la única localidad con autocultivo legal. Son 43 las familias que han podido acceder a este derecho, permitido por una ordenanza motorizada por organizaciones locales.

“El usuario debe presentarse con certificado médico de la patología y ratio (proporción de cannabinoides en los preparados y las plantas), y declaración jurada donde exprese en qué domicilio se va a cultivar”, explicó a Industria Cannabis María Eugenia Sar, miembra fundadora de la organización Cannabis Terapéutico San Antonio - Las Grutas, entidad que militó la ordenanza pionera en el país. Todo comenzó con un amparo para poder cultivar ya que su nieto necesitaba el aceite para mejorar su calidad de vida. “Siempre trabajamos para todos, que no sea el privilegio de un niño”, afirmó.

María Eugenia destacó la figura del autocultivo. “Ninguna provincia puede tener el monopolio de la producción. Tienen que convivir los dos formatos: la producción estatal y el autocultivo, para quien quiera cultivar y para quien quiera acudir a una empresa. Lo que no puede pasar es que el Estado monopolice la producción, porque de ese modo se favorecen los laboratorios que tengan la concesión”, sostuvo.

La ordenanza funciona con un Consejo Asesor, creado como órgano de aplicación. Este modelo de ordenanza influyó en otro proyecto, pero para toda la provincia de Río Negro (de activa militancia cannábica). Consiste en una iniciativa popular que ya cuenta con la cantidad de firmas suficiente, indicaron organizaciones consultadas. Asimismo, Viedma, Bariloche y General Roca son otras ciudades rionegrinas que aprobaron o impulsan ordenanzas sobre el tema.

Modelo jujeño: Sociedades del Estado y convenios provinciales

Jujuy encabezó otro modelo, no basado en el autocultivo sino en la creación de la empresa Cannava en 2018 -la primera de este tipo-, de capitales mixtos. Fue tras adherir a la Ley 27.350. Su objetivo es elaborar derivados medicinales de cannabis con control estatal. Los ejes de trabajo de la empresa son la producción en tierras públicas de la provincia - en la primera etapa son cultivos sobre 35 hectáreas dentro de la Finca El Pongo-; la industrialización para elaborar productos medicinales de uso humano; y la investigación, junto con la Universidad Nacional de Jujuy y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación, con el fin de estudiar las propiedades terapéuticas y medicinales del cannabis.

La iniciativa de carácter público-privado abarcó la firma de un proyecto con la compañía estadounidense Green Leaf Farms -una empresa de rápido crecimiento en la industria del cannabis medicinal- y también con empresas chilenas, colombianas y de Gran Bretaña, para producir aceite. Los tiempos para la venta de aceites se demoraron por el impacto de la pandemia.

El caso jujeño incluye asimismo la firma de convenios con las provincias de Corrientes, Mendoza y San Juan. Consisten en encaminar una línea de trabajo para llevar adelante procesos de investigación y producción de aceite de cannabis para uso terapéutico en enfermedades y dolencias . En Corrientes, además de adherir en 2018 a la Ley 23.350, este año el oficialismo presentó un proyecto en el Senado para crear un instituto estatal para la producción, fomento e investigación del cannabis en la provincia, bajo la forma jurídica de una sociedad del Estado.

Otra provincia que apunta a producir aceite de cannabis para uso medicinal es Misiones. El gobierno creó Misio-Pharma, la empresa estatal que se dedicará a la producción de aceites a base de plantas de cáñamo con altas concentraciones de CBD. “Misiones producirá en primer lugar para los misioneros, para el resto del país y más adelante, la idea es exportar”, afirmó a medios locales Jorge Alonso, titular de Misio-Pharma y especialista en fitomedicina.

Las provincias de Chaco, Neuquén y Tierra del Fuego aprobaron el uso medicinal del cannabis. A la ola cannábica también se sumó la provincia de La Rioja El proyecto de producción y comercialización de cannabis con fines medicinales, que se encuentra en etapa de formulación, también busca ser un "polo de desarrollo y exportación” que "permita el ingreso de divisas" a la provincia, indicó el gobernador Ricardo Quintela durante una videoconferencia con médicos y científicos.