Santa Fe es otra de las provincias que continúa la marcha hacia la producción de cannabis para la salud, con un proyecto que incentiva la producción de cannabis medicinal en la provincia y otro que impulsa la creación de un Instituto Regulador para el uso terapéutico. Los proyectos fueron presentados por el diputado Ricardo Olivera, con las firmas de sus compañeros Lucila De Ponti, Leandro Busatto, Paola Bravo, Matilde Bruera y Luis Rubeo.

El bloque de diputados provinciales del Partido Justicialista presentó una iniciativa que contempla la creación del Programa Provincial de Promoción del cultivo e Industrialización del cannabis para uso medicinal en el ámbito del Laboratorio Industrial Farmacéutico Sociedad del Estado (LIF), dependiente del Ministerio de Salud santafesino.

El LIF, como autoridad de aplicación, podrá actuar en cualquiera de las etapas de la cadena de valor, como en el financiamiento para el cultivo, industrialización, comercialización e investigación del cannabis para uso medicinal, formación para el personal del sistema de salud provincial, generar un registro de aspirantes a conformar la cadena de valor de producción, entre otras.

Respecto al cultivo, “la Autoridad de Aplicación podrá cultivar tierras propias del Estado provincial, nacional y/o municipales que puedan ser cedidas, alquiladas o adquiridas,de forma tal que permitan obtener la materia prima que luego será transformada en el proceso industrial”, remarca el proyecto presentado; a la vez que indica que será posible “celebrar contratos con productores de la agricultura familiar que puedan ser proveedores de la materia prima”. En tanto, se le permite al Laboratorio “desarrollar un sistema de licencias que permitan la comercialización en el ámbito provincial, nacional e internacional”.

En los fundamentos del proyecto que presentaron los diputados provinciales, sostienen que la iniciativa “responde esencialmente a la demanda social creciente del cannabis medicinal, y a los avances científicos que prueban la utilidad terapéutica de algunos derivados en cada vez más cantidad de enfermedades”.

Asimismo, en ese apartado incorporaron datos económicos de relevancia para el desarrollo de una industria cannábica, con una estimación de crecimiento de un promedio de un 16% anual para la industria del cannabis medicinal. “Ha mostrado un ritmo de crecimiento muy superior al de algunos sectores tradicionales de la economía”, sostuvieron los legisladores y agregaron que “la industria está planteando otras aplicaciones más allá del uso terapéutico, como la fabricación de textiles, materiales de construcción, producción de cosméticos, entre otros”.

Otros datos que aportan los diputados justicialistas es que la industria del cannabis “es una actividad que genera entre 3500 y 4000 puestos de trabajos en 1000 hectáreas. En Uruguay, país con casi el mismo número de habitantes que la Provincia de Santa Fe, ya se han instalado 20 empresas, generando entre 3000 y 4000 puestos de trabajo por año”.

Los legisladores finalizaron afirmando que “la Provincia de Santa Fe se encuentra en condiciones más que pertinentes” de desarrollar el cultivo y la industrialización del cannabis para la salud, con el objetivo central del “acceso a mejores condiciones de salud en nuestra sociedad santafesina, como también su punto de vista en el plano del desarrollo científico y económico como un nuevo sector productivo estratégico”.

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El segundo proyecto prevé la creación del Instituto Regulador del Uso del Cannabis Medicinal (IRUCAM) para fines medicinales, científicos y/o terapéuticos, dependiente del Ministerio de Salud provincial. La finalidad de esta entidad autárquica es la de regular las actividades relativas a la producción, comercialización y uso del cannabis para el uso medicinal, “contribuyendo desde una perspectiva de derechos humanos al cumplimiento de los objetivos provinciales de salud pública”. La idea, según expresa la iniciativa, es que esta institución funcione como una herramienta que “garantice la calidad de las producciones, bajo sus diversas modalidades, con el objetivo principal de garantizar la seguridad en términos sanitarios de las personas que consumen medicamentos o fórmulas diversas a base de cannabis”. Los diputados consideran “elemental” que el Estado provincial brinde un servicio a la población que fomente la igualdad en el acceso a conocimientos sobre cannabis medicinal y técnicas de producción. En este sentido, ambos proyectos funcionan como un complemento del otro, en términos de la garantía de calidad en toda la cadena de valor hasta el consumo por parte de los usuarios.

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