La provincia de Córdoba comenzó a dar los primeros pasos para construir su marco normativo sobre cannabis medicinal, con la adhesión a la Ley 27350 y su decreto reglamentario 883/2020. En una reunión conjunta, las comisiones de Legislación General, de Salud Humana y de Prevención y Tratamiento y Control de las Adicciones, se presentaron tres proyectos.

El primer proyecto se trata de la iniciativa que giró el Poder Ejecutivo provincial, el segundo es una propuesta de los legisladores Franco Miranda y Laura Labat (Hacemos por Córdoba) y la tercera iniciativa fue elevada por las legisladoras Luciana Echavarría (MST - Nueva Izquierda) y Soledad Díaz García (Partido Obrero - FIT). Se prevé que, como resultado del debate en comisiones, surja un proyecto único que contemple los diversos aspectos que se abordan en las tres propuestas y que sea el que se debata en sesión.

La legislación propuesta por el gobierno cordobés está ligada de manera estrecha al marco legal nacional. Enfatizan el concepto de la “eventual industrialización a través de los laboratorios públicos” y la provisión gratuita del aceite y/o derivados de cannabis a aquellas personas que se encuentren inscriptas en un registro nacional. Asimismo, se establece que la provincia podrá adherir a través de convenios que se acuerden con el Ministerio de Salud de la Nación.

La iniciativa de Miranda refiere a la importancia de “garantizar el acceso libre y gratuito a los ciudadanos, el desarrollo científico, y el autocultivo controlado” del cannabis, según expresó en la reunión de comisiones. Su propuesta establece la creación de un laboratorio provincial de cannabis medicinal, además de un registro de usuarios de carácter confidencial, que proteja la identidad de quienes usan la planta y sus derivados con fines terapéuticos.

Miranda resaltó que “muchas familias necesitan que nosotros trabajemos la mejor ley para dar la mejor respuesta a esas situaciones adversas de salud”, instando a la conjunción de los tres proyectos en una misma iniciativa y remarcó que se trabaje en un marco legal “amplio y generoso”. Su proyecto también promueve la creación de un consejo asesor para el uso medicinal del cannabis, conformado por distintas instituciones y organizaciones cannábicas.

En tanto, Echevarría indicó en el primer debate en comisiones que las tres propuestas “son perfectamente compatibles”. A su vez, subrayó la importancia de incorporar en el debate del texto final a las organizaciones civiles, a quienes caracterizó como “conocedoras de las realidades y las temáticas específicas que deben ser reflejadas”. Su iniciativa se encuentra mayormente ligada a este último aspecto, donde el decreto nacional que autorizó el autocultivo de cannabis con fines medicinales es el tema principal.

Luego de abordar los tópicos específicos de cada proyecto, los legisladores y legisladoras cordobeses acordaron la confección de un texto conjunto que unifique las tres iniciativas y donde existan aportes de autoridades sanitarias y organizaciones civiles.