El debate sobre cannabis en Argentina, si bien ha encontrado avances con sus fines medicinales, tiene varios aspectos pendientes para delinear regulaciones. Uno de ellos es el cannabis de uso recreativo o de uso adulto, que nos encuentra diariamente con presos por tenencia para consumo personal o por tener plantas en sus casas, expuestos ante medios de comunicación como “fuertes golpes al narcotráfico”.

En nuestro país se encuentra vigente, en la actualidad, la Ley 23737 de Tenencia y Tráfico de Estupefacientes, que fue sancionada en 1989 y penaliza a quienes tengan posesión de estupefacientes, incluso si es para consumo personal. Esto parte de una visión punitivista de la política de drogas a nivel mundial, que ha influenciado los marcos legales que desarrolló cada país. En 2009, 20 años después de la sanción de esta Ley, la Corte Suprema de Justicia de la Nación decidió por unanimidad la inconstitucionalidad de penar la tenencia de sustancias ilícitas para consumo personal. El argumento más fuerte de esta resolución, conocida públicamente como “Fallo Arriola”, es que la ley de drogas viola el derecho a la intimidad garantizado por el Artículo 19 de la Constitución Nacional.

Si bien el fallo fue histórico, abrió una puerta para el debate sobre política de drogas relacionada a los derechos humanos y significó un enorme avance para la jurisprudencia vinculada a la tenencia personal de estupefacientes, se diluyó el debate para la despenalización y legalización del cannabis de uso adulto.

Un fallo más reciente de la justicia de Mar del Plata, a mitad de diciembre de este año, accionó a favor del pedido que realizó Gabriel Díaz, presidente de la Asociación Marplatense de Cannabicultores. En diciembre del año pasado, presentó un habeas corpus preventivo y colectivo con el fin del cese de requisas sin orden judicial y traslados a comisarías de quienes usan drogas ilegales en esa ciudad. La decisión, sin embargo, no contempla la devolución de lo incautado. En el capítulo “Las políticas de drogas: arcaicas, ineficaces y contrarias a la protección de los derechos humanos”, del Informe 2017 sobre Derechos Humanos en la Argentina, realizado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Julia Buxton afirma que “como las drogas han sido problematizadas como una cuestión de seguridad, se ha institucionalizado el rol de determinadas agencias estatales: los agentes de policía, los militares, la inteligencia, las aduanas, y el sistema penal son los que determinan y dominan la política de drogas, y no los actores de la salud, la educación o los actores sociales interesados de forma directa, como la comunidad de usuarios de drogas o quienes cultivan narcóticos”.

Es, en este sentido, que se vuelve necesario plantear un abordaje más complejo que no reduzca la política de drogas a un tema únicamente propio de seguridad o derecho penal. El Acuerdo por la Regulación Legal del Cannabis, compuesto por un número muy contundente de organizaciones cannábicas de toda la Argentina, impulsa una mirada interdisciplinaria del consumo recreativo y, en ese marco, “el respeto por los derechos de lxs usuarixs, su autonomía y sus decisiones privadas”.

En el punto 5 de este acuerdo, se expresa que desde el fallo Arriola, “se impulsaron más de 30 proyectos legislativos que proponen despenalizar conductas asociadas al consumo, como la tenencia de drogas y el autocultivo de cannabis; y un tercio de ellos, además, promueven la despenalización de todos los usos de esta planta y la regulación legal del mercado de cannabis. Sin embargo, la Ley 23737 no se modificó, y todas estas prácticas continúan penalizadas”. En el mismo escrito, las organizaciones marcan que “las fuerzas de seguridad siguen realizando detenciones por conductas asociadas al consumo, bajo las figuras de tenencia simple y consumo personal (art. 14) y cultivo para consumo personal (art. 5), entre otras”.

A su vez, agregan que en los últimos años “se intensificó significativamente” la persecución al autocultivo. “Según datos de la Procunar, las causas iniciadas por delitos vinculados con la tenencia, almacenamiento y transporte de plantas y semillas para producir estupefacientes (que en la Argentina se concentra en cannabis), casi se duplicaron entre 2015 y 2018: pasaron 530 a 975 causas. Estas prácticas son consideradas un indicio de comercialización por el sistema penal. De modo que, muchxs cultivadorxs son criminalizadxs como narcotraficantes”, manifestaron en el documento.

El Acuerdo propone “una política de drogas basada en el sistema de derechos humanos compatible con la Ley Nacional de Salud Mental y Adicciones, que incluya como pilar la estrategia de reducción de riesgos, daños y vulnerabilidades”.

Hasta el momento, en el Congreso de la Nación se encuentra el proyecto de ley de la diputada Ayelén Spósito, que busca la legalización del cannabis para todos sus usos, su eliminación de la lista de estupefacientes prohibidos, la habilitación de clubes de cultivo, el control del Estado nacional sobre el mercado y una amnistía a los presos y presas por plantar marihuana.

La iniciativa prevé como autoridad de aplicación al Instituto Nacional del Cannabis (INACA), un ente autárquico creado en la órbita del Poder Ejecutivo Nacional, que tendrá en su directorio representantes de los Ministerios de Agricultura, Ganadería y Pesca, de Industria, de Seguridad, de Salud, de Educación, de Justicia, Ciencia y Tecnología, la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR) y la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).

El proyecto tiene estado parlamentario para su debate en comisiones y, de haber dictamen, la Cámara de Diputados lo tratará en el recinto en 2021.