Avances en la normativa nacional
El gobierno presentó el proyecto para regular la industria del cannabis y del cáñamo en Argentina

Matías Kulfas aseguró que “en un mercado global emergente, vemos una ventana de oportunidad para Argentina”, enfocada en la Salud, el Trabajo y el Desarrollo Federal. Según proyecciones para el 2025, que el ministro caracterizó como “un escenario conservador”, Argentina podría crear 10 mil nuevos puestos de trabajo y un mercado interno mayor a los 500 millones de dólares anuales.

2 de Junio, 2021
Por: Ingrid Sept Lasser

En el marco de la reunión del Consejo Económico y Social, el ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas presentó el proyecto de ley que enviará el Poder Ejecutivo al Congreso, denominado “Marco Regulatorio para el Desarrollo de la Industria del Cannabis Medicinal y el Cáñamo Industrial”. Participaron del encuentro el Secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz; la ministra de Salud, Carla Vizzotti; el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra; el ministro de Ciencia y Tecnología, Roberto Salvarezza y la asesora presidencial Cecilia Nicolini.

Gustavo Béliz abrió el panel, e indicó que aspiran “a que este proyecto refleje la importancia que tiene este tema para el país”. Kulfas sostuvo que la industria vinculada al cannabis y al cáñamo “es una actividad que tiene altos encadenamientos con valor agregado”. A su vez, agregó que si bien la Ley 27350 y su última reglamentación impulsaron la producción de cannabis, “es necesaria una ley que permita escalar la producción”. El Ministro sostuvo que “la trazabilidad y la calidad del producto son centrales para un buen desarrollo del sector”.

Kulfas estableció algunas proyecciones para el año 2025, que caracterizó como “conservadoras”, dado que es una industria naciente: según el ministro, en Argentina el cannabis podría crear 10 mil empleos nuevos, 500 millones de dólares anuales en ventas en el mercado interno y 50 millones de dólares anuales en exportación. El mercado internacional prevé un volumen de 42700 millones de dólares para 2024, un número diez veces superior al año 2014.

El ministro Basterra indicó que se encuentran trabajando en “avanzar hacia la soberanía” y en “tener un desarrollo autónomo” para que las variedades que se desarrollan en el país puedan adaptarse y crear un banco de semillas nacional, con el acompañamiento del INASE, el INTA y el SENASA. En tanto, Roberto Salvarezza sostuvo que “este proyecto de ley es, sin duda alguna, la posibilidad de una construcción mucho mayor”. Afirmó que “la ciencia y la tecnología tienen que ser instrumentos para la transformación social” y subrayó la importancia de la articulación de todos los sectores involucrados en la cadena productiva del cannabis.

El proyecto resalta que “crea las condiciones para el desarrollo de la cadena a nivel global, aprendiendo de las mejores lecciones internacionales” y que Argentina tiene una enorme oportunidad para ser un líder regional dado sus capacidades agropecuarias y su entramado científico-tecnológico, así como las experiencias de las organizaciones de la sociedad civil y los desarrollos cannábicos que vienen llevándose adelante en provincias y municipios. A su vez, desde el ministerio destacaron que la iniciativa tendrá un impacto positivo en los empleos, las exportaciones, el desarrollo federal y el acceso a la salud.

“Esta es una propuesta concreta para, como dice el Presidente, poner a la Argentina de pie”, expresó Kulfas. Como lo caracterizaron desde Desarrollo Productivo, el desarrollo del cannabis y del cáñamo son una actividad intensiva en cuanto a trabajos calificados y conocimiento, con la creación de empleos de calidad, de promoción del desarrollo genético de semillas y de encadenamientos de alto valor agregado, con más de 200 bienes y servicios diferenciados. A su vez, el ministro confirmó que entablarán un trabajo conjunto con entidades financieras, como el Banco Central, para facilitar esquemas de financiación a quienes emprendan en el sector, con créditos blandos y asesoramiento a emprendedores.

La propuesta establece la creación de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME), que tendrá como principales funciones la regulación y fiscalización de la cadena productiva tanto del cannabis medicinal como del cáñamo, así como el otorgamiento de autorizaciones para la producción y la comercialización. La Agencia estará conformada por representantes de los Ministerios de Desarrollo Productivo; de Salud; de Agricultura, Ganadería y Pesca; de Ciencia y Tecnología y de Seguridad. En cuanto a las licencias, se priorizará a cooperativas y PyMES agropecuarias, las economías regionales y a organizaciones de la sociedad civil, con una perspectiva de género transversal.

En esta línea, la asesora presidencial Cecilia Nicolini resaltó la importancia de la perspectiva de género en la iniciativa del Ejecutivo, el rol de las mujeres activistas, las mujeres productoras y quienes se encuentran en la función pública.

Uno de los grandes motivos expuestos por el ministerio para encarar la iniciativa es que “la experiencia internacional muestra que la cadena de cáñamo y cannabis medicinal tiene un mayor potencial de crecimiento si se encuentra regulada por el Estado, para evitar desvíos al mercado ilegal y garantizar la trazabilidad de procesos y productos con destino medicinal”.

En este sentido, Carla Vizzotti indicó que “teníamos una ley que encorsetaba derechos, que tenía una mirada punitiva y persecutoria” y que “teníamos una deuda pendiente”. La ministra de Salud sostuvo que a lo largo de la gestión, “se ampliaron derechos en un marco de mucha dificultad”.

En el caso del cannabis medicinal, el eje fundamental del proyecto tiene que ver con generar un marco para las inversiones tanto públicas como privadas en la cadena de valor. En cuanto al cáñamo industrial, la iniciativa busca establecer la legalización de eslabones productivos y de comercialización del cáñamo y de sus productos. Se lo excluye del listado de estupefacientes. Se darán otorgamientos más flexibles para el cáñamo, dado su carácter no psicoactivo.

Declaraciones destacadas

La diputada nacional Mara Brawer, a su turno, hizo una exposición histórica donde resaltó hitos como la propuesta de Manuel Belgrano para el desarrollo cañamero en el país y la algodonera Flandria. “Estamos recuperando el sueño de Belgrano con la tecnología del siglo XXI”, afirmó. En tanto, la diputada nacional Carolina Gaillard destacó el recorrido que han hecho organizaciones como Mamá Cultiva, y se mostró emocionada porque “el cannabis es una política de Estado”.

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, resaltó las inversiones de la provincia en la producción de cannabis medicinal. Gerardo Morales, gobernador de Jujuy, contó los avances de la provincia en cuanto a la producción de cannabis y destacó la importancia de la creación de la Agencia reguladora para un impulso definitivo al desarrollo de la cadena de valor. Morales se mostró esperanzado en que dentro de diez años se pueda reconvertir el sector del tabaco al cannabis, a la vez que remarcó los beneficios ambientales de este cambio, y abrió la puerta a la importancia de la despenalización del uso recreativo.

Alberto Rodríguez Saá se mostró de acuerdo con el proyecto en su totalidad y la Agencia reguladora, pero advirtió que la autoridad de aplicación deberían ser los gobernadores, que puedan remitirse a la Agencia. El gobernador puntano coincidió con Morales en la necesidad de la despenalización de la marihuana.

La Confederación Cannábica Argentina, encabezada por el emprendedor Leandro Ayala, saludó a través de un comunicado la iniciativa del gobierno “por la reglamentación de la cadena productiva del Cannabis con especial atención a las Pymes. Eso nos pone en una mirada más competitiva”. A su vez, desde la organización consideraron la presentación del proyecto como “una fecha histórica”, pero remarcaron que “queda pendiente el uso adulto".

Pablo Fazio, presidente de la Cámara Argentina del Cannabis, expresó que “el proyecto fue precedido por una militancia histórica que gestó este proyecto” y se puso a disposición de los diputados y los senadores para acompañar el debate legislativo del proyecto. Valeria Salech, presidenta de Mamá Cultiva, se mostró agradecida con el hecho de que el proyecto “salga en un gobierno nacional y popular” y resaltó el rol que cumplen los científicos, con el movimiento cannábico, las distribuidoras y las tiendas de cultivo. “Esperamos que se nos proteja a las organizaciones”, sostuvo.

Editorial
Por Leandro Ayala - Fundador de Industria Cannabis. Presidente de la Confederación Cannabica Argentina y Emprendedor Cannábico.
opinion
A fines de 2020 se aprobó y reglamentó la Ley Nacional 27350, que habilita la investigación del cannabis para uso medicinal, lo que representa un hecho absolutamente novedoso en varios sentidos. El 5 de mayo de 2022 el Congreso aprobó de Ley para el “Desarrollo productivo del cáñamo, cáñamo industrial y/u hortícola”. Ambas leyes podrían abrir un enorme potencial de articulación público-privada, centrada en el agregado de valor, la generación federal de empleo y la incorporación de tecnología.
Hasta el año 2005 le correspondía exclusivamente a la justicia federal de cada una de las jurisdicciones provinciales en el país. A partir de allí, se dio la posibilidad a las provincias, que así lo deseen, de perseguir, juzgar y condenar algunos delitos contenidos en la ley 23.737. Esto genera que algunas provincias se desfederalicen y persigan delitos de consumo, narcomenudeo o microtráfico, entre otros.
El 11 de abril el Ministerio de Salud, por medio de la resolución 781/22, creó una nueva categoría para “Productos vegetales a base de cannabis y sus derivados destinados al uso y aplicación en la medicina humana”, haciendo una separación de esta categoría de las médicas medicinales y las medicinales herbáceas. En otras palabras, comienza a establecerse un esquema propio para el registro de productos medicinales de Cannabis, distinto al régimen legal de aprobación de otro tipo de producto medicinal.
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