El Ministerio de Desarrollo Productivo presentará el proyecto para regular la industria del cannabis en Argentina

La cartera nacional presentará la iniciativa el 24 de mayo en el marco de la reunión del Consejo Económico y Social. La propuesta de ley “Desarrollo de la industria del cannabis medicinal y del cáñamo industrial”, después de meses de debate, se girará al Congreso para su tratamiento.

17 de Mayo, 2021
Por: Ingrid Sept Lasser

El Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación presentará el próximo 24 de mayo, en la reunión del Consejo Económico y Social (CES), el proyecto de ley “Desarrollo de la industria del cannabis medicinal y del cáñamo industrial”, con el fin de generar un marco regulatorio que sirva de base para el impulso a la industria del cannabis medicinal y del cáñamo.

La iniciativa, que contempla todas las etapas de la cadena productiva, será expuesta por el ministro Matías Kulfas ante los consejeros, legisladores vinculados a la temática, académicos, gobernadores e integrantes del sector productivo. Luego de la presentación, se girará el proyecto al Congreso para su debate.

La cadena de valor del cannabis, de acuerdo a un informe elaborado para el Ministerio de Desarrollo Productivo, indica que Argentina podría tener un mercado de 450 millones de dólares en un mediano-largo plazo. Nuestro país, según expresa este informe, tiene ventajas comparativas como la de disponer de capacidades científicas, tecnológicas y productivas consolidadas en algunos segmentos clave de la cadena de valor: por ejemplo, en cuanto a la genética y la producción de semillas, la investigación y los servicios de análisis en biología, la biomedicina, la química y otras áreas de la industria medicinal y farmacéutica.

El texto de la normativa retoma aspectos que ya fueron abordados en dos iniciativas anteriores: el proyecto de Carolina Gaillard sobre cannabis para la salud y el de Mara Brawer sobre cáñamo industrial. En el caso del primero, los elementos que tienen que ver con las licencias para autorizar el cultivo, producción, comercialización, importación y exportación de cannabis medicinal y sus derivados y el impulso a pequeños y medianos productores para su inserción en el sector. En cuanto a la segunda propuesta sobre cáñamo, se sostiene el límite de 1% de THC.

Será más que importante prestar atención a la presentación de la iniciativa del Ministerio de Desarrollo Productivo, no solo por ser un hecho que busca dar respuestas a las fuertes demandas de un sector que quiere insertarse en un mercado promisorio para el país, sino también por la idea de unificar la industria del cannabis medicinal y del cáñamo en un mismo proyecto, considerando que ambos cultivos tienen diferentes formas de regulación.

A pesar de haber sido quitado en diciembre de 2020 de la Lista IV de estupefacientes de la ONU y ser reconocido por su potencial terapéutico, el cannabis medicinal cuenta con regulaciones mucho más estrictas que el cáñamo, al que la Convención Única de Estupefacientes de 1961 exime de ser tratado como tal. Por lo tanto, el marco regulatorio que tengan ambos cultivos y/o productos no es el mismo y, de hecho, en el caso del cáñamo no sería necesaria la creación de una agencia fiscalizadora.

La presentación del proyecto del Ministerio de Desarrollo Productivo se encuentra enmarcada en algunos avances que se dieron en materia de cannabis con fines terapéuticos, como la Resolución Conjunta INASE - Ministerio de Salud N° 5/2021, que autoriza la inscripción de variedades de germoplasma nacional y extranjero de Cannabis sativa L. en el Registro Nacional de Cultivares (RNC) y/o en el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares (RNPC) del INASE, con una autorización previa del Ministerio de Salud.

Los desarrollos a nivel provincial que se fueron dando en este sector también funcionan como un gran contexto para introducir esta iniciativa en el debate legislativo. El trabajo realizado por provincias como San Juan, La Rioja, Jujuy, Misiones, Mendoza, Río Negro y demás avances académicos en otros territorios provinciales, como Tucumán y Chubut, junto con los desarrollos en municipios como el caso emblemático de General La Madrid, fueron determinantes en marcar la necesidad de la construcción de un marco normativo a nivel nacional.

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