La Legislatura Unicameral de Córdoba aprobó su ley provincial de cannabis para la salud, que adhiere a la Ley 27350. La ley tiene como objetivo “establecer un marco regulatorio para la investigación médica y científica del uso medicinal, terapéutico y/o paliativo del dolor de la planta de cannabis y sus derivados” y “asegurar la provisión de medicamentos derivados de la planta de cannabis, elaborados con los requisitos de seguridad, eficacia y estándares de calidad correspondientes, a los pacientes que cuenten con la indicación médica pertinente”.

De esta manera, Córdoba es la penúltima provincia en adherir a la Ley 27350, quedando únicamente Formosa sin adhesión a la normativa nacional. La sanción se dio en el marco de fuertes presiones de ciertos sectores prohibicionistas que generaron una campaña de confusión sobre los usos de la planta. La Pastoral de Adicciones de la Arquidiócesis de Córdoba sostuvo que “entendemos, con preocupación, que esta norma puede convertirse en una legitimación encubierta de un consumo problemático. El acceso a dichas sustancias será cada vez más fácil”, en un comunicado emitido en horas previas al debate en el recinto.

La ley provincial establece la creación del Programa Provincial para el Estudio y la Investigación Científica del Uso de la Planta de Cannabis y sus derivados, que tiene entre sus varios objetivos la contribución al conocimiento sobre la planta de cannabis y su uso en diversos tratamientos, concientización a la población y capacitación a profesionales de la salud. En tanto, se generará “un registro de los pacientes que tengan prescripción médica de derivados de la planta de cannabis, posibilitando su inclusión de manera voluntaria e informada dentro de las investigaciones”.

La autoridad de aplicación de la ley es el Ministerio de Salud provincial, y se prevé en su reglamentación la creación de un Consejo Consultivo Honorario integrado por asociaciones civiles vinculadas a la temática. Además de la Ley 27350, Córdoba adhirió al Decreto Reglamentario 883/20, que incluye el autocultivo y la garantía de que las obras sociales permitan el acceso al cannabis y sus derivados.

Quienes se encuentran autorizados a cultivar son los entes que pertenecen a instituciones académico-científicas públicas y privadas; mientras que para el procesamiento los laboratorios públicos cordobeses registrados en la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (ANLAP) son autorizados a producir especialidades medicinales derivadas de la planta de cannabis”.

En términos del acceso a los productos derivados de cannabis con fines medicinales, los pacientes que cuenten con indicación médica para su uso y se encuentren inscriptos en el Registro Provincial del Programa, “podrán adquirir especialidades medicinales elaboradas en el país, importar especialidades medicinales debidamente registradas por la autoridad sanitaria u otras presentaciones que en el futuro se establezcan. Aquellas personas que no posean cobertura de salud u obra social, tienen derecho a acceder en forma gratuita”.

Franco Miranda, legislador de Hacemos por Córdoba y quien presentó una de las tres propuestas, sostuvo en su intervención en el recinto que “el proyecto compatibilizado que vamos a sancionar pretende dar respuesta a una problemática de salud pública, cuya herramienta terapéutica son los derivados de una planta estigmatizada y prohibida. Hoy queremos despejar dudas iniciando una nueva etapa”.

El proyecto tratado esta tarde en la Legislatura cordobesa es el resultado de tres iniciativas distintas que en el debate en las comisiones de Legislación General, de Salud Humana y de Prevención y Tratamiento y Control de las Adicciones se utilizaron como insumo para consolidar un texto único. Cabe destacar el impulso que el Poder Ejecutivo provincial ha brindado a la temática, con el anuncio del propio gobernador Schiaretti sobre la decisión de girar al Congreso un proyecto de adhesión a la Ley nacional.

Muchas organizaciones vinculadas a la temática participaron del debate en comisiones, con el fin de precisar mayor información sobre qué implica la Ley 27350 y su último decreto reglamentario, además de profundizar en la desestigmatización del uso de cannabis con fines medicinales.

“La lucha que dieron las organizaciones cannábicas es fundamental para entender lo que hoy estamos debatiendo”, expresó Luciana Echevarría, Presidenta del Bloque MST - Nueva Izquierda, quien presentó uno de los proyectos de ley que se encontraban en danza al momento de debatir en comisiones. A su vez, la legisladora enfatizó en la necesidad de que las organizaciones y las familias puedan tener un rol activo al momento de la aplicación y reglamentación de la ley provincial.