Las cooperativas de trabajo, organizaciones y pequeñas y pequeños productores que conforman la economía social tienen en la ley de cannabis medicinal y cáñamo industrial aprobada el último 5 de mayo en el Congreso, la posibilidad de obtener su matrícula o bien ampliar su producción en los casos de aquellas que ya están funcionando. Si bien para esto es necesaria la reglamentación, con la sanción de la normativa el escenario es más favorable para el sector.

Se trata de asociaciones que producen aceites y tienen conocimientos sobre el cultivo, pero por su condición legal no han podido generar lucro sobre esas actividades.

Según el artículo 12 de la nueva ley de cannabis industrial referido a las autorizaciones, la reglamentación deberá promover “acciones específicas orientadas a la adecuación de las organizaciones de la sociedad civil en el marco de la actividad cooperativa y de los pequeños productores y las pequeñas productoras en la cadena productiva de plantas de cannabis para los usos legalmente autorizados”. En esa tarea entra en juego el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), organismo descentralizado en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Productivo, que debe llevar adelante los trámites especiales de las autorizaciones, apoyos técnicos y financiamientos con tasas sociales.

A su vez, el INAES se enfoca en emitir las normas que habiliten la inscripción de cooperativas que se constituyan para la producción de plantas de cannabis u otros usos autorizados legalmente.

Industria Cannabis consultó a dos referentes del sector, quienes señalaron cómo debería ser la reglamentación para que las cooperativas efectivamente sean incorporadas de manera legal al entramado productivo.

Piero Liebman, abogado y secretario de la cooperativa cannábica La Entrerriana, sostuvo que la reglamentación tiene que establecer un “marco protectorio” para el acceso a las licencias de los pequeños productores con el eje en “la protección de las economías regionales y con límites altos de THC para que sean contemplados los productos full spectrum”.

“Tanto para las cooperativas como para las PyMEs, lo más importante es una regulación integral que proteja y genere un marco protectorio para las economías regionales y pequeños productores, que son aquellos que tienen la base de conocimiento sobre la planta y su desarrollo en el país”, remarcó.

“En eso es importante que se permita los desarrollos full spectrum -prosiguió-, que los límites de THC contemplen todas las indicaciones médicas actuales que hablan de la importancia de la interacción de cannabinoides para poder producir. Que nadie se quede afuera de la industria por establecer límites que no se condicen con lo que hoy indican los avances medicinales en torno a los límites de THC”, enfatizó Liebman, quien participó del comité redactor de la ley de cannabis medicinal de Entre Ríos en 2020.

Por su parte, Cintia Szumik, presidenta de la cooperativa de trabajo Mujeres Unidas 1 de Berazategui, dio un panorama sobre cómo están funcionando actualmente las cooperativas vinculadas al cannabis. Afirmó que por ahora muchas funcionan con la Resolución Renovar, que agiliza trámites de matriculación y constitución de entidades y está destinada al cooperativismo en general. Ante el gris legal, las cooperativas cannábicas se inscriben con el objeto “plantas medicinales”. Con todo, Szumik dijo que esta resolución tiene límites estrechos para la cantidad de asociados y no genera previsibilidad al sector ya que ante un cambio de gobierno, si este no tiene la voluntad política podría deshacer este tipo de resolución.

Szumik pidió “normativa específica” por parte del INAES para constituir cooperativas dedicadas a la producción de cannabis. “De lo contrario seguimos en un marco general pero nunca como productores cannábicos”, advirtió.

Además, describió cómo es el contexto con respecto a las distintas situaciones legales que viven los productores. “Actualmente tenés a la agricultura familiar que se quiere volcar al cannabis, a los cooperativistas que trabajan sin matrícula y a las cooperativas legalmente constituidas que querían comenzar a trabajar en la materia. Hay que regular todo ese circuito de variedades”, apuntó.

Szumik es también referente del Frente Cannábico Bonaerense, donde coordina el trabajo para matricular nuevas cooperativas bajo la figura de las Renovar. “Anoticiamos a las cooperativas que hay una herramienta que les puede dar trabajo genuino”, concluyó.

La suerte de las cooperativas depende de la próxima reglamentación, el siguiente paso para la Ley 27.669. En ese marco, el peso político que ejerzan las organizaciones sociales al interior del gobierno del Frente de Todos será clave, frente a los sectores del empresariado más concentrado que, como ocurre con otras actividades económicas, harán tracción para quedarse con los negocios.