Los sectores de la agricultura familiar y el cooperativismo se encuentran a la espera de la sanción de la ley para regular la industria del cannabis medicinal y el cáñamo, que quedó pendiente para el año próximo por falta de quórum en la Cámara de Diputados luego del recambio legislativo. Esa normativa les podría permitir contar con un marco legal para la producción de cannabis y sus derivados sin el hostigamiento de las fuerzas de seguridad, con la consecuente creación de empleos al interior de la economía popular y abriendo espacio para que el negocio no quede solo en manos de los grandes capitales. Es que las asociaciones producen aceites y tienen conocimientos sobre el cultivo pero por su condición legal no pueden generar lucro sobre esas actividades.

Con ese telón de fondo, organizaciones que nuclean a cooperativas, pequeños productores y ONG denuncian demoras para la inscripción en el REPROCANN y adelantaron que presentarán un amparo colectivo para exigir al Ministerio de Salud que “habilite los mecanismos para las inscripciones de las organizaciones que facilitan el cannabis a sus socios”, señalaron en un comunicado.

“Somos productores de cannabis desde hace mucho tiempo y un eslabón de la economía popular que abastecemos a los pacientes de cannabis medicinal”, dijo a Industria Cannabis Estela Carrizo, integrante de la cooperativa Verde Mar y titular de la Red de Personas con VIH/SIDA de Mar del Plata, entidad que defiende los derechos de personas con esa enfermedad y las abastece de cannabis medicinal para acompañar sus tratamientos en articulación con agricultores familiares y cooperativas.

Encuentro nacional

El pasado fin de semana, esta Red organizó en Mar del Plata un encuentro de cooperativistas y agricultores familiares de Mendoza, San Luis, San Juan, Córdoba, Santa Fe, Rio Negro, Buenos Aires y CABA, donde definieron una serie de demandas. “Vamos a presentar un amparo porque todavía no se nos incorporó a las organizaciones como proveedoras para nuestros usuarios”, dijo Carrizo, y cuestionó que actualmente se encuentran en un “vacío legal”.

“Durante el encuentro, buscamos soluciones para hacer más rápido y efectivo el acceso al cannabis para aquellos pacientes que lo necesitan. Y establecimos qué pasos dar y con qué herramientas trabajar dentro de lo que la ley nos permite”, agregó.

La economía social

La economía social cumple un rol importante dentro de la cadena del cannabis y su distribución en las comunidades, ya que los pequeños productores cuentan con experiencia en la producción y conocimientos sobre el cultivo y los usos medicinales, terapéuticos y paliativos de la planta. El proyecto de ley para regular la industria -que cuenta con media sanción del Senado- contempla a estos sectores y apunta a su desarrollo a partir de fondos especiales para financiación y apoyo técnico. “La ley no se trató, empieza el verano y vamos a seguir sin resguardo”, advirtió Carrizo.

“Las fuerzas de seguridad y el prohibicionismo tratan de detener la avanzada de los agricultores, las cooperativas y ONG en el panorama actual”, remarcaron las organizaciones. “Estos actores se insertan en los territorios, en las cadenas de producción, en los tejidos de la economía popular por lo cual es necesario darles los instrumentos formales para el desarrollo cada vez más óptimo de la actividad”, reclamaron.

Jonathan Thea, jefe de Gabinete del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) dijo que el objetivo de ese organismo es fortalecer el financiamiento a cooperativas que se dediquen a la producción de cannabis medicinal y cáñamo industrial y agilizar su matriculación.

"Tenemos dos grandes objetivos, crear un fondo para créditos por fuera del sector bancario para las cooperativas, que va a servir para presentar propuestas y desarrollarse en la industria del cannabis, y agilizar la matriculación", dijo Thea durante una charla organizada en la Expo Cannabis que se realizó en el predio de La Rural en octubre. Allí también manifestó su respaldo a la ley que crea el marco regulatorio para la industria y subrayó que participarán de su reglamentación, en caso que se apruebe, "para que se incorpore a las cooperativas y mutuales en toda la cadena productiva".