El proyecto de ley “Desarrollo de la industria del cannabis medicinal y del cáñamo industrial” prevé otorgar un “marco regulatorio de la cadena de producción y comercialización nacional y/o con fines de exportación de la planta de cannabis, sus semillas y sus productos derivados afectados al uso medicinal, incluyendo la investigación científica, y al uso industrial; promoviendo así el desarrollo nacional de la cadena productiva sectorial”. Anunciado en la apertura de sesiones legislativas por el presidente Alberto Fernández, finalmente el texto se prestará al debate en el Congreso a partir del 24 de mayo, cuando el ministro Matías Kulfas haga su presentación en el Consejo Económico y Social (CES).

La iniciativa del gobierno nacional se nutre de los proyectos presentados por las diputadas Carolina Gaillard y Mara Brawer en 2020, junto con la inclusión de las perspectivas brindadas por el informe “La cadena de valor del cannabis: situación y tendencias internacionales, y oportunidades para la Argentina”, realizado por el Consejo para el Cambio Estructural (CCE) del Ministerio de Desarrollo Productivo.

Este informe marca que el mercado argentino podrá tener un volumen de 450 millones de dólares en un mediano plazo, número que podría crecer más si se aprovechan las potencialidades del país en distintas etapas de la cadena de valor. El relevamiento indica que “las oportunidades más inmediatas para la Argentina estarían en el área medicinal (tanto con productos bajo prescripción como eventualmente otros que puedan ser autorizados para su venta, como suplementos dietarios u otras variantes), y se concentrarían en el mercado doméstico y de países de la región”. A su vez, remarca que “Otra vía que puede presentar una ventana de oportunidades para el país está asociada al cáñamo –plantas de cannabis que presentan muy bajos contenidos de THC–, del cual se pueden obtener una extensa serie de derivados”.

Aunque el proyecto completo no se conoce oficialmente, fuentes del Ministerio de Desarrollo Productivo adelantaron que una de las claves del texto que se presentará en la reunión del CES es la perspectiva sobre el cannabis como una alternativa de diversificación productiva y de creación de empleos para las economías regionales, con la presencia de los pequeños productores y cooperativas. En ese sentido, otro punto importante es la definición de un sistema de licencias específicas para las actividades que se desarrollan en las distintas etapas de la cadena de valor, que evite la monopolización de toda la cadena en empresas que tengan mayores recursos, algo que ya ha ocurrido en otras experiencias en países vecinos.

Por otra parte, se prevén fuertes regulaciones en toda la cadena por parte del Estado en la actividad productiva que atañe a la industria del cannabis para la salud, con requisitos para las buenas prácticas de cultivo, de cosecha, de manufactura, entre otras, junto con verificar el cumplimiento de los estándares de calidad y trazabilidad tanto de los cultivos como de los productos.

El proyecto, además, establece la articulación entre diferentes actores del Estado en torno al desarrollo del sector. Los principales son el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación; el Ministerio de Salud de la Nación; el Instituto Nacional de Semillas (INASE); el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA); la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT); el CONICET; entre otros. El objetivo de la vinculación entre estos organismos se refiere a autorizaciones (sobre todo en el caso del INASE y la ANMAT) y capacitaciones profesionales tanto en términos de investigación y desarrollo de cannabis para la salud como modalidades de cultivo, cosecha y procesamiento.