Por un lado, la Ley 27350 corona una larga lucha de madres, padres y familias que durante años se enfrentaron al sistema médico, jurídico y policial para darle alivio a algún familiar que padecía una enfermedad. Es, ante todo, una cuestión de “derechos”: lo que antes era ilegal, ahora pasará a ser regulado por el Estado bajo un paradigma de acceso a un derecho. Por otro lado, la iniciativa aprobada recientemente abrirá paso a la producción masiva de cannabis en una “escala industrial”. Al habilitarse la investigación para fines medicinales e industriales, creará enormes posibilidades para el desarrollo de la industria farmacéutica y los laboratorios. Para ello, se deberá primero contar con un volumen de producción primaria de cannabis en cantidades que superan claramente lo producido por el método del autocultivo hogareño. La media sanción del Senado abre entonces la posibilidad de desarrollar toda la cadena de valor del cultivo de cannabis y sus insumos indirectos asociados, la cual tiene particularidades novedosas.

En primer lugar, Argentina está ingresando tempranamente a un sector productivo poco extendido a nivel mundial. La investigación, desarrollo y producción de cannabis y derivados están poco desarrolladas, salvo en algunos países. Se trata de un paquete tecnológico que hoy por hoy nuestro país no necesita comprar afuera y tiene, además, las condiciones para un desarrollo de base tecnológico propio. No es, por ejemplo, como la soja y el maíz transgénicos cuyos eslabones determinantes de la cadena de valor (semillas, insumos, traders) están a cargo de multinacionales.

En segundo lugar, nuestro país tiene infraestructura técnica, instituciones científico tecnológicas y las capacidades en recursos humanos altamente calificadas para un desarrollo nacional de base tecnológica en torno al cannabis medicinal, el cáñamo y sus derivados. Posee una institución como el INTA, con gran presencia territorial, una densa formación de especialistas en temáticas centrales (biotecnología, botánica, agronomía, farmacéutica, biología, etc.), una gran trayectoria “extensionista” y una larga experiencia en tecnologías y procesos agrarios. Además, el CONICET, la ANMAT, el INASE, la ANLAP ya han puesto equipos de profesionales altamente calificados a investigar sobre la temática. Existe una red de más de 50 universidades públicas nacionales, algunas de las cuales poseen equipos de investigación y transferencia especializados y con fuerte interacción con el sector socioproductivo que las rodea.

Ya la Ley nacional 27350, abrió enormes posibilidades para la participación de municipios y provincias, en la medida que los habilita a actuar como productores, a realizar investigaciones, procesar e industrializar. Las provincias de La Rioja, Santa Fé, San Juan y Jujuy ya han creado empresas provinciales de mayoría estatal (bajo la figura de SAPEM) y están desarrollando la genética, el material de propagación, el manejo y trazabilidad de todo el proceso de producción. Algunos municipios como Hurlingham, San Martín, Lamadrid y San Pedro han iniciado procesos parecidos.

La presencia de organismos públicos en todas las etapas de producción, desde el diseño y estandarización de la semilla hasta la industrialización y comercialización final como insumo médico, pueden augurar que esta nueva actividad no caiga en el manejo de intereses concentrados como ha ocurrido con otros cultivos (soja y maíz transgénicos), los cuáles han sido un fabuloso negocio para multinacionales que manejan el paquete tecnológico y poseen los eslabones determinantes de la cadena de valor. Esto implicó para el país una marcada dependencia tecnológica (royalties por el uso de “sus semillas RR”, compra de sus insumos como el Round-Up), sesgo hacia escalas de producción gigantescas (aprovechadas por pooles de siembra y especuladores financieros) y transferencia de dólares hacia el exterior (la denominada formación de activos en el extranjero o fuga de capitales). Estos errores no deben repetirse, si bien el cannabis puede convertirse en un “commodity” exportable, el destino de su producción sí tendrá un alto consumo interno para fines medicinales y como insumo de diversas industrias (textil, calzado, reemplazo de plásticos y resinas, reemplazo del tabaco, etc.)

Por otro lado, la mencionada participación estatal puede formatear la cadena de valor de modo que los pequeños y medianos productores puedan participar de la producción sin ser rehenes de las grandes corporaciones.

La demanda hacia el complejo científico tecnológico de los autocultivadores y fundamentalmente de los productores a gran escala será enorme en los próximos años. Todos los eslabones de la cadena requerirán apoyo en los procesos adaptativos y acompañamiento técnico, incluso en materia de insumos y servicios indirectos (infraestructura para invernaderos e indoor, polietileno, sistemas electrónicos de medición y ambientación, instalaciones eléctricas, provisión de software, asistencia técnica para el manejo del cultivo, bioinsumos, compostaje, etc.) Al ser el cultivo de cannabis un insumo para la industria farmacéutica deberá contar con exigentes normativas de calidad y trazabilidad de todos sus procesos, y la experiencia mundial indica que sólo el complejo científico tecnológico local puede brindar esa infraestructura para el desarrollo de base tecnológica.

Juan Cruz Contreras es licenciado en economía política y cursa el posgrado de la Universidad Nacional de Quilmes sobre "Cannabis, regulación y política de drogas".