En Chile se avecinan vientos de cambio en un proceso de avances regulatorios que ya comenzó. Si bien se han dado pequeños pasos, el gran objetivo en el horizonte sigue siendo una regulación integral del cannabis. En el marco de los movimientos políticos y sociales que atraviesa el país trasandino, Industria Cannabis dialogó con Ana María Gazmuri, diputada, activista cannábica y directora ejecutiva de Fundación Daya.

La situación actual de Chile es el cruce de la criminalización de los usuarios de cannabis con la venta de compuestos derivados de la planta con altos niveles de THC y cultivos regulados. El pasado 9 de agosto, la comisión de Seguridad Pública del Senado chileno aprobó una indicación (es decir, una modificación del articulado) que establece un límite máximo para tenencia y cultivo. "Es importante porque, al hacer más tenue la frontera entre el tráfico y el uso personal, se vuelven más urgentes estas distinciones que nos permitan separar estas opciones", sostuvo Gazmuri.

El tope es una tenencia máxima de 40 gramos de flor seca, cinco plantas en exterior y de 2 metros cuadrados en indoor. Sobre esto, la diputada aclaró: “no es que se esté creando una nueva figura penal, sino que por sobre ese número se quedan las condiciones en las que estamos hoy día, que tenemos que demostrar que efectivamente esas plantas no estaban destinadas al tráfico”.

Gazmuri señaló que este avance “es una primera medida de emergencia dentro de esta ley para parar la persecución y criminalización que durante la administración anterior se volvió realmente terrible en Chile”. Agregó que, una vez aprobadas otras indicaciones, pasa a discutirse en el recinto y, de aprobarse, pasará a la Cámara de Diputados. Observó que se ven “muy buenas perspectivas” por los consensos a los que se han llegado con otros espacios políticos de no perseguir a usuarios.

Con ese escenario, conformaron una bancada transversal de más de 60 parlamentarios, denominada “Regulación por la Paz”, que se encuentra trabajando en una regulación integral del cannabis. En esa línea agregó que “el cannabis se merece una ley en sí mismo, no como un parche en una legislación sobre tráfico”.

Referéndum

La directora ejecutiva de Fundación Daya se mostró esperanzada en el cambio de la Constitución de Chile, que podría darse el próximo 4 de septiembre, y así allanar el terreno para que la legislación que se propone este grupo de parlamentarios pueda avanzar a paso firme, como por ejemplo la modificación que se introduce sobre la autonomía de los cuerpos y la libertad de decisión sobre los mismos.

En cuanto al escenario político en el país vecino, Gazmuri subrayó: “es la primera vez que tenemos un Presidente que tiene en su agenda la regulación del uso adulto del cannabis”. A su vez, con respecto a etapas anteriores, la activista explicó que “el tema del cannabis ha avanzado por las rendijas sin un Estado que proponga una política pública, que ponga una mirada sobre esto”.

Detenciones a usuarios

Un dato más que relevante es que, actualmente en Chile, el 70% de las detenciones siguen siendo a usuarios y usuarias, de acuerdo a lo indicado por Gazmuri, quien remarcó que no solo es un "despilfarro de recursos públicos", sino también una "gravísima vulneración de derechos esenciales hacia las y los cultivadores".

En ese marco, citó la situación de Luis Quintanilla (presidente y fundador del primer Dispensario Nacional de cannabis medicinal en Chile) a la que calificó de "dramática". Gazmuri sostuvo que "hoy en día está en prisión preventiva, en condiciones infrahumanas, sin agua, con dos colchonetas mojadas para seis reclusos, sin acceso a un baño". De ese dispensario dependía el tratamiento de más de 300 pacientes. Los pasos legislativos que se dieron buscan dar vuelta la página de la persecución y escribir una nueva historia donde los derechos personales prevalezcan.