En un cambio sin precedentes que modifica décadas de políticas antidrogas en Estados Unidos, el Departamento de Justicia anunció este jueves la reclasificación de la marihuana, pasándola de una droga de la Lista I a la Lista III, lo que la reconoce como una sustancia con menor potencial de abuso y valida sus usos médicos.

Esta decisión, impulsada por una recomendación del Departamento de Salud y Servicios Humanos que comenzó a revisar el estatus de la marihuana a pedido del presidente Joe Biden en 2022, marca un hito en la historia de la política de drogas del país.

El presidente Biden ha destacado el impacto negativo de las políticas previas respecto a la cannabis, señalando que "demasiadas vidas se han visto truncadas por nuestro enfoque fallido hacia la marihuana". Con la reclasificación, Biden enfatiza que se facilitará la investigación médica y se eliminarán barreras innecesarias, ajustando la legislación a la evidencia científica y médica actual.

"En este momento, la marihuana está clasificada en un nivel más alto que drogas como el fentanilo y la metanfetamina, que son las principales impulsoras de la epidemia de sobredosis en Estados Unidos. Eso no tiene sentido", declaró el presidente, resaltando la incongruencia de las clasificaciones anteriores.

El cambio no significa una legalización federal del uso recreativo de la marihuana, pero sí una reducción significativa en la severidad de las sanciones asociadas con su posesión y consumo. De hecho, Biden ha sido claro al afirmar que "nadie debería ir a la cárcel solo por consumir o poseer marihuana", y ha tomado medidas previas para indultar delitos federales de simple posesión.

Esta reclasificación podría tener importantes repercusiones políticas y sociales, potencialmente aumentando el apoyo a Biden entre los votantes más jóvenes, y es vista favorablemente por grupos como el U.S. Cannabis Council, que la considera un "cambio tectónico" en las políticas fallidas de los últimos 50 años.

El proceso ahora se abre a un período de comentarios públicos de 60 días, seguido de una posible revisión judicial, lo que indica que aún podrían darse ajustes antes de la implementación final de la nueva normativa.

La iniciativa de Biden también tiene un componente económico, ya que podría aliviar la carga fiscal exorbitante sobre las empresas de marihuana y facilitar la investigación médica en un sector que se estima vale casi 30.000 millones de dólares. Sin embargo, las drogas de la Lista III seguirán siendo sustancias controladas y sujetas a regulaciones estrictas, y el tráfico ilegal de las mismas continuará enfrentando severas penalizaciones federales.

Con este anuncio, el gobierno de Biden no solo cambia la narrativa federal en torno a la marihuana sino que también alinea la política de drogas más cercanamente con la realidad de muchos estados que ya han avanzado hacia la legalización de esta sustancia para uso médico y recreativo.