Hace unos días, el gobierno de Javier Milei decidió intervenir la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME), colocando a uno de sus propios hombres al mando. Ignacio Ferrari, el nuevo interventor, ha relanzado el sistema para inscribir proyectos productivos asociados al cáñamo industrial, derogando las reglas anteriores y fijando nuevos aranceles para su aprobación.

Con la Resolución 1/2024, Ferrari eliminó la normativa vigente desde 2023 y estableció un nuevo procedimiento para la solicitud y otorgamiento de licencias para actividades relacionadas con el cáñamo industrial no psicoactivo, abarcando semillas, granos y fibra. Las solicitudes presentadas bajo la anterior normativa deberán adaptarse a las nuevas disposiciones, implicando un nuevo comienzo para muchos interesados.

Los nuevos aranceles establecidos varían de 500 mil a 2 millones de pesos para proyectos que superen las 100 hectáreas, mientras que la actividad industrial vinculada requerirá un pago de 1 millón de pesos. Estos cambios se dan en el contexto de la Ley 27.669, que marcó un marco regulatorio para el cáñamo industrial, un cultivo con bajo contenido psicoactivo y múltiples usos industriales, que había estado penalizado por las leyes antinarcóticos.

La ARICCAME, con amplias funciones regulatorias, debe emitir autorizaciones para importación, exportación, cultivo y producción de productos derivados de cannabis con fines medicinales o industriales. La nueva gestión de Ferrari busca corregir la "inadecuada operatividad" previa, impulsando una reorganización profunda de la agencia.

Se han establecido distintas categorías de autorizaciones administrativas para la producción de cáñamo, diferenciando entre actividades agrícolas e industriales. Los proyectos deberán ser georreferenciados y la respuesta de la autoridad se dará en un plazo máximo de 60 días. Las licencias tendrán una vigencia de cinco años, condicionadas al cumplimiento de la normativa vigente.

Los titulares de Licencias Agrícolas deberán presentar declaraciones juradas de stock dos veces al año y un plan anual de cultivo georreferenciado, pagando el arancel correspondiente.

Este nuevo reglamento y sus implicaciones son de interés para agricultores, emprendedores y políticos involucrados en la industria emergente del cáñamo en Argentina.