El presidente del Supremo Tribunal Federal, Luís Roberto Barroso, reprogramó para este martes, 25, la reanudación del juicio en el que el Tribunal puede despenalizar la posesión de marihuana para consumo personal. En marzo, el ministro Dias Toffoli pidió una revisión, más tiempo para estudiar los expedientes, qué siguió el último jueves, 20, y hoy todavía, debe presentar un capítulo final.

Hasta el momento, van cinco votos para declarar inconstitucional la penalización de la posesión de marihuana para uso personal. Los ministros Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, Rosa Weber (jubilada) y Barroso fijaron 60 gramos de marihuana o seis plantas femeninas como criterio cuantitativo para caracterizar el consumo personal. Otros tres votos consideran válida la norma de la Ley de Drogas. En este proceso, los Ministros juzgan la constitucionalidad del artículo 28 de la Ley de Drogas.

Para diferenciar entre consumidores y traficantes, la norma actual prevé penas alternativas por prestar servicios a la comunidad, advertencias sobre los efectos de las drogas y la asistencia obligatoria a un curso educativo para quien compre, transporte o posea drogas para consumo personal. La ley ya no preveía penas de prisión, pero mantenía la criminalización. Por tanto, los consumidores de drogas siguen siendo objeto de investigaciones policiales y procedimientos judiciales.

¿Qué impactos tendria la despenalización en Brasil?

Para el abogado brasileño especialista en cannabis, Murilo Nicolau, hay que esperar la modulación de la decisión, pero el debate saca a la luz el tema en la sociedad.

"Para estar seguros del impacto de la decisión de la Corte Suprema, hay que esperar a que se publique la decisión, ya que después de la sentencia ocurre lo que llamamos modulación de la decisión, en la que reúnen los votos de todos los ministros y efectivamente decidirán estas criterios (número de plantas, cantidad, semillas, etc.) para comprender el impacto real de la decisión. Pero en mi opinión el gran impacto de este debate es social, porque cada vez que la Corte Suprema juzga este tipo de procesos eso incentiva el debate sobre el tema en la sociedad. Históricamente, en varios países del mundo, la legalización comienza por la pata judicial y, obviamente, el legislativo luego establece los criterios de manera definitiva. Entonces el gran legado de este debate es sacar a la luz la discusión sobre el uso del cannabis y otras drogas, desde la perspectiva de la libertad personal. El debate es mucho más amplio e involucra la justicia penal y la forma en que opera la justicia. El policía tiene fe pública, por lo que el peso que se le da a esta palabra es mucho mayor que la palabra del acusado. Si el policía alega que el usuario se encuentra en una situación de trata, esto tiene prioridad sobre las palabras del acusado. Sin un debate más profundo sobre la política criminal, no creo que podamos resolver los problemas relacionados con las drogas.", destacó Nicolau.

Ya el abogado, Italo Coelho de Alencar, puntualizó qué la decisión puede llegar a las personas privadas de libertad por tenencia, pero eso no va ocurrir de forma automática.

"El tema de juzgar la despenalización en términos de efectos prácticos podría generar una revisión de los procesos de las personas que están privadas de libertad de alguna manera y que podrían estar dentro de las cláusulas que crea la Corte, en relación a la tenencia de marihuana, no sería un liberación automática, pero abriría este hoyo jurídico. Más allá, del efecto práctico en las calles, que esperamos, que las autoridades públicas, adopten realmente los criterios para que los consumidores no sean criminalizados como traficantes de drogas, porque ese es uno de los problemas más grandes que tenemos acá actualmente", destacó Coelho.

La ofensiva del Congreso Nacional

En un claro intento de avanzar contra el Supremo Tribunal Federal, el Senado aprobó el 16 de abril la propuesta de modificación de la Constitución que tipifica como delito la tenencia y tenencia de cualquier cantidad de drogas en el país.

El texto surgió del presidente de la Cámara, Rodrigo Pacheco y la propuesta incluye un nuevo párrafo al artículo 5 de la Constitución, determinando que se considerará delito la tenencia de estupefacientes y sustancias similares, “cualquiera que sea la cantidad, de estupefacientes y drogas similares sin autorización o en desacuerdo con determinación legal o reglamentaria”. El artículo también establece que debe haber una “distinción entre el traficante de drogas y el consumidor, con penas alternativas a la prisión y al tratamiento de adicciones aplicables a este último”.