“Esta división, a la vez subregulada y sobreregulada, no es la industria del cannabis y cannabinoides que ninguno de nosotros necesita.”
Por Adam Smith, Marijuana Policy Project
Esta semana, Chris Lindsey, ex colaborador del Marijuana Policy Project (MPP) y ahora vicepresidente de la asociación de la industria American Trade Association for Cannabis and Hemp (ATACH), publicó un artículo de opinión en Marijuana Moment criticando al MPP por una alerta que enviamos a nuestros seguidores en apoyo a una extensión federal para los cannabinoides derivados del cáñamo antes de que entre en vigor una prohibición casi total.
La bifurcación entre cáñamo y marihuana (son la misma planta, cannabis) es un tema difícil y problemático. Y debo señalar que estamos de acuerdo con una buena parte de las preocupaciones que plantea Chris.
Aunque llevo sólo un año dirigiendo el MPP, yo, como la organización, tengo más de 30 años de experiencia en la reforma de políticas sobre drogas y cannabis. Comprendo las preocupaciones sobre productos mal regulados, que la legislación de extensión no aborda, y los posibles efectos dañinos para la salud de los sintéticos, que la legislación de extensión sí aborda, aunque de forma insuficiente.
También entiendo y empatizo con la consternación de quienes están en el lado de los negocios autorizados de la marihuana, atrapados en un sistema absurdamente restringido diseñado para acomodar un régimen prohibicionista moribundo, mientras los operadores de cáñamo (los buenos) venden la misma molécula con las ventajas de oportunidades minoristas mucho más amplias, acceso a la banca y a transacciones con tarjetas, un tratamiento fiscal ventajoso y comercio entre estados.
Esta división, a la vez subregulada y sobreregulada, no es la industria del cannabis y de los cannabinoides que ninguno de nosotros necesita.
Como profesional de políticas públicas, también soy muy consciente de—y comparto—la preocupación de que la normalización a largo plazo del mercado derivado del cáñamo tiende a alentar a muchas empresas de cáñamo a oponerse a una legalización más amplia de la planta de cannabis, al igual que el actual sistema de marihuana absurdamente restrictivo incentiva a las empresas con licencia a oponerse a la normalización de los productos derivados del cáñamo.
MPP continúa, como ha hecho durante 30 años, comprometido al 100 por ciento con descalar la planta y sus extractos presentes de forma natural a nivel federal, y con legalizar tanto la posesión personal como los mercados regulados en los estados. Creemos que el THC y otros cannabinoides que ocurren naturalmente deben ser regulados y puestos a disposición de los adultos bajo un conjunto único y coherente de normas, que incluya pruebas significativas, etiquetado veraz y un control estricto de la edad.
También creemos que las bebidas y comestibles de dosis bajas deben estar disponibles legalmente para adultos en cualquier lugar donde se venda o sirva cerveza o vino.
Sabemos que el nivel actual de regulación en el ámbito del cáñamo es inadecuado, al igual que los esquemas regulatorios del lado de la marihuana son absurdamente opresivos. Dados esos hechos y los otros temas que he esbozado, apoyar la extensión del cáñamo, aunque fuera solo enviando una alerta por correo electrónico, no fue una decisión fácil para nosotros. Pero varios factores influyeron en nuestra decisión.
MPP cuenta con más de 300,000 personas en nuestra lista de correo, decenas de miles de las cuales viven en estados donde los productos derivados del cáñamo son su única alternativa legal. Escuchamos a esas personas y, regulados o no, en su mayoría no desean volver a tratar con sus distribuidores ilícitos.
Además, estamos comprometidos a terminar con los arrestos por posesión de THC. Entre 2017 y 2025, a medida que los cannabinoides derivados del cáñamo estuvieron disponibles en las tiendas, los arrestos anuales por cannabis en Texas pasaron de 64 826 a 28 753. Los arrestos en Florida cayeron de 42 153 a 6 104. Los arrestos anuales en Tennessee pasaron de 19 899 a 11 117 y en Carolina del Norte de 18 390 a 11 434 por año.
Esas son personas reales y vidas reales, y la respuesta no puede ser volver a la prohibición total y a un aumento desorbitado de arrestos y encarcelamientos en esos estados.
Además, como menciona Chris, el Marijuana Policy Project ha liderado—y debo añadir, financiado y proporcionado los fondos para—muchísimas campañas exitosas de legalización médica y para uso adulto a nivel estatal, tanto legislativo como a través de iniciativas populares. Nuestro trabajo, y el trabajo de otros defensores, es la base sobre la que se creó, existe y continúa expandiéndose la industria legal.
Sin embargo, más del 95 por ciento de la financiación para ese trabajo no provino de la industria (incluso una vez que emergió una industria legal), sino de filántropos y donantes que se preocuparon profundamente por la libertad, los derechos humanos, el acceso médico y la amplia disponibilidad legal de la planta que amaban, sin interés financiero alguno en el resultado.
Muchos de esos filántropos—héroes, en verdad—como Peter Lewis, John Sperling y Tom Forcade, que de forma colectiva sacaron decenas de millones de dólares de sus propios bolsillos para lanzar y sostener uno de los movimientos sociales más exitosos de la historia de nuestro país, han fallecido. Otros, al ver el surgimiento de una industria de varios miles de millones de dólares con interés financiero en terminar la tarea, han pasado a otras causas.
Y, sin embargo, hoy en día, menos del 10 por ciento del presupuesto actual del MPP proviene de la industria, y menos del 5 por ciento de los propios licenciados.
Entendemos que los tiempos no son fáciles para la industria, y que es difícil justificar gasto alguno que no sea absolutamente imprescindible. Pero con el historial de éxito del MPP, ya que toda nuestra misión se superpone con el objetivo político principal de la industria, la realidad es que gran parte de la industria para la que hemos sentado las bases nunca ha apoyado al MPP ni a otros esfuerzos de defensa serios, ni siquiera mínimamente como muestra de buena fe.
Esto no se trata de deberle nada al movimiento por lo que se ha logrado históricamente. Se trata de entender por qué el movimiento ha sido tan exitoso y del poder inherente a la defensa de una causa que no proviene de una perspectiva empresarial, sino del deseo de una política pública que sirva al bien común.
Pero esa defensa requiere recursos, y a diferencia de la comunidad empresarial, los recursos para sostener nuestro trabajo deben provenir de fuera de nuestras organizaciones. Sin ese apoyo, nada de esto habría ocurrido, y no ocurrirá en el futuro.
Todo esto hace que la crítica pública a una alerta del MPP—de una organización que reúne a tantos líderes de la industria a quienes sinceramente consideramos amigos y colegas—sea, francamente, un poco difícil de digerir.
Este mes, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos publicaron cifras que muestran caídas dramáticas (realmente notables) en el consumo entre adolescentes en estados con marcos legales, incluso cuando los arrestos por cannabis en esos estados han caído en promedio más de un 85 por ciento. Datos separados del Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas (NIDA) muestran una reducción cercana al 50 por ciento en el acceso de los adolescentes al cannabis a nivel nacional desde que comenzó la legalización. Los datos gubernamentales muestran lo que los defensores han sostenido durante más de 30 años: que una regulación inteligente es más segura para los consumidores, las comunidades y los jóvenes que la prohibición. Y que la libertad personal de los adultos es una buena política pública para todos, además de generar empleos e ingresos.
El MPP está planificando un esfuerzo plurianual—específicamente en los estados más grandes donde el uso no es para adultos—para reunir a grupos de padres, defensores de la infancia y organizaciones de salud pública y otros actores en torno a estos datos, para exigir a los legisladores estatales y a los gobernadores que hagan lo correcto: legalizar y regular el cannabis como cannabis, y dejarlo detrás del mostrador donde los adultos, y solo los adultos, puedan obtenerlo.
Creemos que nuestra historia, nuestras relaciones y nuestra posición como defensores independientes sin incentivos de lucro nos colocan en la mejor posición para aprovechar las buenas noticias sobre el acceso y uso entre los jóvenes, para reunir y liderar coaliciones en esos estados, y para unir a esas coaliciones con el fin de exigir la desclasificación a nivel federal en el futuro.
Espero que la industria sea un socio clave en esta estrategia. Invertir en este esfuerzo podría generar oportunidades mucho mayores mediante la expansión del mercado y la legalización total de la planta de lo que cualquiera de las dos partes podría obtener de la actual lucha sobre el cáñamo.
Nos encantaría entablar una conversación con la dirección de ATACH y con cualquiera de sus miembros interesados para discutir cómo podemos trabajar juntos en 2027 y en adelante para reavivar el compromiso público con este tema y movimiento, contrarrestar las campañas de miedo de los neo-prohibicionistas y terminar con la prohibición del cannabis en todo el país, de una vez por todas.
Adam Smith es el director ejecutivo del Marijuana Policy Project.
