Senadores Demócratas de Pensilvania presionan al Partido Republicano para permitir un voto sobre la legalización de la marihuana

30 junio, 2026

Cada senador demócrata de Pensilvania se une para respaldar una maniobra procesal destinada a aumentar la presión sobre los republicanos para permitir una votación sobre la legalización de la marihuana en el estado.

Encabezados por el senador Sharif Street (D), los legisladores presentaron lo que se conoce como una resolución de descarga que busca sacar de la comisión un proyecto de ley bipartidista de legalización de la marihuana, actualmente estancado, y llevarlo al pleno para una votación.

El proyecto en cuestión está patrocinado por Street junto con el senador Dan Laughlin (R), que preside la Comisión de Derecho y Justicia del Senado, pero no ha llevado la legislación a consideración en la comisión.

El presidente de los republicanos ha, en cambio, centrado su atención en impulsar un proyecto separado para crear una nueva Junta de Control de Cannabis para regular la marihuana medicinal y el cáñamo. Esa medida fracasó en el pleno del Senado a principios de este mes, entre luchas partidistas sobre la mejor forma de avanzar con el cannabis en el estado.

“Las personas de Pensilvania merecen una votación sobre el cannabis para uso adulto,” dijo Street al presentar la resolución de descarga el lunes. “No el próximo año, no después de otro estudio, no después de otra elección. Ellos merecen una votación ahora.”

Todos los 23 miembros del caucus demócrata del Senado están suscritos a la resolución, señaló, aunque destacó que la legalización de la marihuana ya no es un tema solo demócrata o republicano, sino un tema de Pensilvania.

“La reforma del cannabis cuenta con respaldo bipartidista y merece una votación bipartidista,” dijo.

“Cada uno de nuestros estados vecinos ha avanzado. Los pensilvanianos cruzan las fronteras todos los días para comprar cannabis legal en esos estados y, desafortunadamente, tienen que transportarlo de forma ilegal, apoyando a los negocios y generando ingresos fiscales en otros lugares. Nuestros residentes gastan el dinero, nuestros estados vecinos recaudan los ingresos… La legalización generaría ingresos recurrentes que podrían ayudarnos a invertir en nuestras escuelas públicas, fortalecer el transporte público, apoyar el desarrollo comunitario público, mejorar la seguridad y reducir déficits estructurales que desafían a la mancomunidad año tras año. Esto no es un golpe de suerte puntual. Es una fuente de ingresos continua que puede ayudarnos a cumplir con nuestras obligaciones continuas.”

“Creemos que este tema ha sido debatido lo suficiente,” dijo Street. “Es hora de que el Senado cumpla con su tarea y permita que los representantes electos por el pueblo voten.”

Ver los comentarios de Street, a partir de aproximadamente las 39:08 del video de abajo:

Las resoluciones de descarga se colocan en el calendario del Senado, pero no se llevan automáticamente a consideración; eso queda a criterio de la dirección de la mayoría. Si una resolución se presenta y cuenta con el respaldo de una votación mayoritaria, sin embargo, la legislación en cuestión sería entonces sacada de la comisión.

Los republicanos mantienen actualmente una mayoría de 27-23 en la cámara.

“Entiendo que esta resolución de descarga no obliga al comité a reportar el proyecto de ley,” dijo Street el lunes. “Entiendo que puede que no obligue a una votación, pero sí fuerza una conversación.”

“Hace una pregunta simple: si un proyecto de ley bipartidista cuenta con el apoyo de todos los miembros del caucus demócrata del Senado, fue presentado con un patrocinador principal republicano, cuenta con el apoyo del gobernador, cuenta con el respaldo de una mayoría de Pensilvania, y ahora ha mostrado impulso bipartidista en esta cámara, ¿por qué no debería al menos recibir una votación a favor o en contra?”

“El Senado no debe temer al debate, no debemos temer a la democracia y, ciertamente, no debemos temer permitir que nuestros colegas voten sobre un tema que ha estado ante este cuerpo durante una década,” dijo. “Ha llegado la hora.”

El proyecto de ley de legalización de la marihuana que Street quiere impulsar, SB 120, permitiría a adultos de 21 años o más poseer hasta 30 gramos de flores de cannabis, 1.000 miligramos de THC en productos comestibles y 5 gramos de concentrado.

También crearía un proceso para borrar antecedentes penales previos relacionados con marihuana.

Si se promulga, habría un impuesto especial del 8 por ciento sobre las ventas de cannabis, junto al impuesto sobre ventas estatal regular del 6 por ciento.

Las maniobras legislativas en torno al proyecto ocurren cuando una nueva encuesta muestra que los votantes de Pensilvania respaldan abrumadoramente la legalización de la marihuana, y que la mayoría de los encuestados culpa a los legisladores republicanos por el hecho de que la reforma aún no se haya promulgado.

La encuesta, realizada por Public Policy Polling este mes, encontró que tres de cada cuatro votantes están a favor de legalizar la marihuana recreativa. Cuando se les preguntó si “los adultos mayores de 21 años deberían tener lugares para comprar productos de cannabis no medicinal que sean legales y estrictamente regulados,” el 55 por ciento afirmó estar totalmente de acuerdo y el 20 por ciento algo de acuerdo.

Solo el 16 por ciento está en desacuerdo de forma tajante y el 7 por ciento en desacuerdo moderado, con otro 3 por ciento que dice no estar seguro.

La encuesta también encontró que 40 encuestados culparon a los legisladores del GOP por la falta de progreso en el cannabis, el 12 por ciento culpó a los demócratas y el 9 por ciento dijo que el gobernador era el responsable.

El gobernador Josh Shapiro (D) ha pedido repetidamente a los legisladores que le envíen un proyecto de ley de legalización de la marihuana y, en los últimos años, ha incluido la reforma en sus solicitudes de presupuesto a la legislatura.

La candidata republicana a gobernadora, Stacy Garrity, que se presenta contra Shapiro, se comprometió recientemente a vetar un proyecto de legalización de la marihuana si alguna vez llega a su escritorio, aunque añadió que no cree que la reforma tenga posibilidades de llegar tan lejos en el estado.

“No apoyo la legalización de la marihuana recreativa,” dijo. “La marihuana recreativa no entrará en el presupuesto. Nunca lo aprobarán… mientras los republicanos del Senado controlen el Senado.”

Su compañero de fórmula para la vicepresidencia, Jason Richey, afirmó que la legalización de la marihuana sería “catastrófica” para el estado, argumentando que aumentaría el tamaño del mercado ilícito, socavaría la creación de empleo y perjudicaría la salud pública.

En abril, la Cámara de Pensilvania, controlada por los demócratas, aprobó una legislación presupuestaria propuesta por Shapiro que se basa en los ingresos que se generarían por las ventas de marihuana recreativa, aún no legalizada en el estado.

El gobernador, a principios de este año, como en años anteriores, incluyó la legalización de la marihuana y los ingresos esperados resultantes en su petición de presupuesto.

La Cámara el año pasado aprobó un proyecto de ley para legalizar la marihuana y ubicar las ventas en dispensarios estatales, pero la mayoría republicana del Senado ha criticado ese plan y tampoco ha avanzado un modelo de legalización de la marihuana propio.

En febrero, la Oficina Fiscal Independiente (IFO) del estado informó que legalizar la marihuana en Pensilvania generaría casi 500 millones de dólares en ingresos anuales para 2028, una estimación que representa una ganancia en efectivo significativamente mayor en comparación con las proyecciones de la propia oficina de Shapiro.

Un portavoz de la oficina del gobernador afirmó que el movimiento de reprogramación federal de la marihuana por parte de la administración de Trump es un “paso importante” que “agrega apoyo” a su impulso por legalizar la marihuana. Un senador republicano también dijo que la reforma federal facilitará la legalización de la marihuana en el estado.


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Entre tanto, Laughlin culpa al gobernador por la derrota de su proyecto para crear una nueva Junta de Control de Cannabis (CCB) para supervisar el programa estatal de marihuana medicinal y los productos de cáñamo intoxicantes y que podría algún día supervisar también el cannabis recreativo si se legaliza.

La mayoría de los senadores republicanos de la cámara, controlada por los republicanos, votaron a favor de la legislación de Laughlin, y todos menos dos demócratas se opusieron; incluso algunos legisladores que firmaron como copatrocinadores de la medida, finalmente votaron en contra.

“El gobernador, obviamente, intervino en el lado demócrata del pasillo y pidió un voto negativo allí, con éxito,” dijo Laughlin tras la votación. “Sabía que era arriesgado someterlo a votación, porque hubo algunas discusiones de ida y vuelta… Tuve un pequeño aviso, pero decidimos seguir adelante.”

La oficina del gobernador confirmó en un comunicado que se opone al proyecto tal como está redactado.

“La Administración Shapiro continúa respaldando una regulación integral del cannabis, que permitiría un mercado para uso adulto competitivo y generador de ingresos, protegería el acceso de los pacientes al actual Programa de Marihuana Medicinal y pondría freno a los productos de cáñamo intoxicantes que actualmente no están regulados,” dijo Rosie Lapowsky, portavoz del gobernador. “El Proyecto de Ley del Senado 49 no avanza sustancialmente esos objetivos.”

La medida ahora derrotada transferiría la autoridad regulatoria del existente programa de cannabis medicinal del estado desde el Departamento de Salud a una nueva Junta de Control de Cannabis de siete miembros. El organismo supervisaría permisos de cannabis, cumplimiento de la ley, rastreo de la semilla a la venta, publicidad, etiquetado, pruebas y otros aspectos de la industria legal.

Momentos después de la derrota del proyecto en el pleno del Senado, la cámara adoptó una moción para reconsiderar, pero aún no está claro cuándo o si la legislación volverá a ser votada.

La legislación de Laughlin también restringiría significativamente la mayoría de los productos de THC derivados del cáñamo, alineando al estado con una nueva política federal que entrará en vigor más tarde este año y que recriminalizaría los preparados con un contenido total de THC superior al 0,3 por ciento en base al peso seco o superior a 0,4 miligramos de THC por envase.

La acción sobre el proyecto de regulación del cannabis, SB 49, se produjo poco después de que la Cámara de Representantes aprobara un proyecto de ley para permitir que pacientes con enfermedades terminales usen cannabis medicinal en hospitales y otras instalaciones de atención médica.


Hernán Moreno