«Si desaparecen las tiendas minoristas de uso adulto con licencia, los consumidores seguirán buscando cannabis a través de otros canales… Ninguna de las alternativas producirá los productos seguros y debidamente regulados, empleos e ingresos fiscales que genera el mercado legal actual.»
Por Steve Reilly, Insa
Si eres un votante de Massachusetts que no ha seguido el debate sobre la política de cannabis, la Pregunta 8 en la boleta de este noviembre merece tu atención.
La medida pregunta a los votantes si Massachusetts debe derogar las leyes que permiten y regulan las ventas de cannabis para uso adulto. Las implicaciones van mucho más allá de si una dispensaria permanece abierta. La pregunta llega al sistema de negocios con licencia, pruebas de productos, tributación y supervisión regulatoria que Massachusetts ha construido durante la última década, con el objetivo de eliminar 27.000 empleos y 300 millones de dólares en ingresos fiscales que tendrán que compensarse en otro lugar.
Entender lo que realmente se propone y qué podría reemplazar el sistema actual es esencial antes de emitir un voto.
Los votantes de Massachusetts aprobaron la legalización del cannabis para uso adulto en 2016. Desde entonces, la mancomunidad ha desarrollado un mercado regulado supervisado por la Cannabis Control Commission (CCC), con cultivadores, fabricantes, minoristas y laboratorios de pruebas con licencia que operan bajo normas estatales reguladas. Aunque se han documentado problemas con la supervisión regulatoria, la legislatura tomó recientemente medidas para mejorar, y la pregunta de la boleta podría, en última instancia, socavar ese progreso en lugar de enriquecerlo.
La Pregunta 8—titulada formalmente “Una Ley para Restaurar una Política de Marihuana Sensata”—derogaría las leyes estatales que rigen la posesión, distribución, cultivo y tributación de la marihuana para uso adulto. Mientras que el mercado médico seguiría siendo legal y las personas de 21 años o más seguirían permitidas a poseer hasta una onza sin sanciones civiles o penales, la posesión de más de una onza y hasta dos onzas conllevaría una sanción civil.
El efecto sería penalizar la posesión por encima de una onza, mientras que las cantidades menores seguirían siendo legales pero se eliminarían los dispensarios comerciales donde se puede adquirir el producto. El efecto práctico será sembrar confusión y caos respecto a qué cannabis puedes poseer y dónde puedes obtenerlo, probablemente empujando a los consumidores hacia el mercado ilícito. Esto es intencional por parte de quienes impulsan la iniciativa con la esperanza de disminuir el apoyo público.
Un voto de “sí” no es simplemente un voto para cambiar las regulaciones del cannabis o imponer nuevas restricciones a los dispensarios. Eliminaría el actual sistema minorista de uso adulto.
Entonces, ¿qué significa eso para los consumidores?
Hoy, un consumidor de uso adulto puede entrar en un minorista de cannabis con licencia en Massachusetts y comprar productos que están sujetos a los requisitos estatales de pruebas, etiquetado, envasado, seguridad y supervisión empresarial. El sistema regulado también establece reglas sobre quién puede vender cannabis y dónde se puede vender.
Si pasa la Pregunta 8, esa estructura minorista con licencia para uso adulto desaparecería, dando paso a un mercado no regulado donde estos productos seguirían siendo legales para poseer y usar. La cuestión práctica para los consumidores no es si la posesión de cannabis seguirá siendo legal; sino si Massachusetts seguirá proporcionando un lugar comercialmente regulado y con licencia para que los adultos compren productos de cannabis.
Eso plantea importantes preguntas de seguridad pública.
También hay una consecuencia económica. Desde la legalización, el mercado de cannabis para uso adulto en Massachusetts ha generado más de 10.000 millones de dólares en ventas acumuladas, incluyendo aproximadamente 1,65 mil millones de dólares solo en 2025. En 2025, la industria del cannabis generó aproximadamente 308 millones de dólares en ingresos estatales y otros 51 millones en ingresos fiscales a nivel local para los municipios, lo que apoya a empleados de cultivo y manufactura, trabajadores de laboratorios, empresas de seguridad, construcción e bienes raíces, proveedores de tecnología, servicios profesionales y otros proveedores.
Eliminar el marco de licencias y tributación para uso adulto alteraría fundamentalmente a las empresas y a los ingresos públicos que se han desarrollado en torno a él.
Uno de los argumentos centrales a favor de la legalización era que un mercado regulado podría proporcionar a los adultos una alternativa al mercado ilícito. Pero si desaparecen los comercios minoristas de uso adulto con licencia, los consumidores seguirán buscando cannabis por otros canales. Si eso significa dispensarios médicos, cultivo personal, transferencias entre adultos o vendedores ilícitos, dependerá de cómo responda el mercado.
Ninguna de las alternativas producirá los productos seguros y regulatoriamente probados, los empleos y los ingresos fiscales que genera el mercado legal actual.
Como votante registrado, la elección sobre la Pregunta 8 es trascendental. La Pregunta 8 representa una decisión entre mantener un mercado regulado de uso adulto que ha existido durante casi una década y llevar a Massachusetts hacia un modelo diferente en el que la marihuana sigue siendo legal pero no regulada.
Al considerar la pregunta, los votantes deberían mirar más allá de los eslóganes de campaña y entender exactamente qué cambiaría la iniciativa, qué protecciones permanecerían, qué desaparecería y cómo esos cambios podrían afectar a los consumidores, comunidades, empleados y empresas.
La política de cannabis debería, en última instancia, tratar sobre seguridad pública, acceso responsable, rendición de cuentas y elección informada del consumidor, no sobre un mercado desregulado y caótico. Cualquiera que sea la postura de un votante respecto a la Pregunta 8, esa decisión debe comenzar con una comprensión clara de lo que realmente figura en la boleta. Más información está disponible en stoptherepealma.com.
Steve Reilly es jefe de relaciones gubernamentales de Insa, una empresa de cannabis que opera en Massachusetts y otros estados.
