El Comité de Asignaciones del Senado propone mantener un agregado vigente en la ley federal que protege a los programas estatales de marihuana medicinal de la interferencia federal, al tiempo que se niega a unirse a la Cámara para respaldar una disposición separada que impediría a los funcionarios federales avanzar con la propuesta de reclasificación federal de la cannabis de la administración Trump.
Asimismo, exhorta a los funcionarios federales a explicar las incautaciones de productos de negocios de cannabis legalizados a nivel estatal.
El proyecto de gasto para el Año Fiscal 2027 de Comercio, Justicia, Ciencia y Agencias Relacionadas (CJS), que el comité publicó el jueves, contiene una versión actualizada de la disposición de protección de la cannabis médica estatal que ha sido ley federal desde 2014.
“SEC. 531. Ninguno de los fondos puestos a disposición por esta Ley al Departamento de Justicia podrá ser utilizado, con respecto a cualquiera de los Estados de Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Hawaii, Illinois, Indiana, Iowa, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, New York, North Carolina, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginia, Washington, West Virginia, Wisconsin y Wyoming, o con respecto al Distrito de Columbia, la Commonwealth de las Islas Marianas del Norte, las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Guam o Puerto Rico, para impedir que alguno de ellos implemente sus propias leyes que autorizan el uso, distribución, posesión o cultivo de marihuana medicinal.”
La versión del agregado del Senado no incluye una nueva sección que el Comité de Apropiaciones de la Cámara propuso añadir en mayo que busca estipular que el Departamento de Justicia aún puede hacer cumplir una sección del código de Estados Unidos que establece penas aumentadas por distribuir cannabis dentro de 1,000 pies de una escuela primaria, una escuela vocacional, una universidad, un patio de recreo o una unidad de vivienda pública.
The Senate committee is also declining to align with the House on a new provision that would block federal officials from taking further steps to carry out cannabis rescheduling.
La Comisión del Senado también se niega a alinearse con la Cámara respecto a una nueva disposición que impediría a los funcionarios federales dar pasos adicionales para ejecutar la reclasificación de la cannabis.
While the Trump administration has already moved state-licensed medical marijuana from Schedule I of the Controlled Substances Act (CSA) to Schedule III and a Drug Enforcement Administration (DEA) hearing is considering more broadly moving marijuana to Schedule III, the House rider would make it so no federal funds appropriated under the bill could be “used to reschedule marijuana…or to remove marijuana from the schedules” of the CSA.
Aunque la administración Trump ya ha movido la marihuana medicinal licenciada por los estados de la Lista I de la Ley de Sustancias Controladas (CSA) a la Lista III y una audiencia de la Administración de Control de Drogas (DEA) está considerando mover la marihuana de forma más amplia a la Lista III, la cláusula de la Cámara dispondría que ninguno de los fondos federales asignados por el proyecto de ley pueda “utilizarse para reclasificar la marihuana…o para retirar la marihuana de las categorías” de la CSA.
No such language appears in the Senate version of the legislation.
En la versión del Senado no aparece tal lenguaje.
Separately, the Senate bill also includes another longstanding rider that protects state hemp research programs from federal interference.
Separadamente, el proyecto de ley del Senado también incluye otro agregado de larga data que protege a los programas estatales de investigación sobre cáñamo frente a la interferencia federal.
“SEC. 530. Ninguno de los fondos puestos a disposición por esta Ley podrá utilizarse en contravención de la sección 7606 (‘’Legitimacy of Industrial Hemp Research’’) de la Agricultural Act of 2014 (Public Law 113–79) by the Department of Justice or the Drug Enforcement Administration.”
“SEC. 530. Ninguno de los fondos puestos a disposición por esta Ley podrá utilizarse en contravención de la sección 7606 («Legitimidad de la Investigación del Cáñamo Industrial») de la Ley de Agricultura de 2014 (Ley Pública 113‑79) por parte del Departamento de Justicia o de la Administración de Control de Drogas.”
Meanwhile, committee report attached to the CJS bill contains a provision directing the Department of Justice to submit a report to Congress about “illegal marijuana growing operations associated with foreign nationals.”
Mientras tanto, el informe del comité adjunto al proyecto de ley CJS contiene una disposición que ordena al Departamento de Justicia presentar al Congreso un informe sobre “operaciones ilegales de cultivo de marihuana asociadas con nacionales extranjeros.”
“Illegal Growing Operations.—The Committee directs the Department to submit a report, within 90 days of the enactment of this act, assessing the proliferation of illegal marijuana growing operations associated with foreign nationals. The report shall be coordinated among the FBI, DEA, and the Executive Office for United States Attorneys, and shall specifically assess: (1) the extent of illegal growing operations in the United States that are associated with foreign nationals; (2) any connections or links to Chinese transnational criminal organizations and/or the government of the People’s Republic of China; and (3) the Federal resources that can be deployed to support State, local, and Tribal law enforcement efforts. The report may be transmitted through classified channels as necessary and appropriate. The Committee directs the Department, in coordination with Federal law enforcement partners, to fully support State, local, and Tribal law enforcement agencies in their efforts on this matter.”
“Operaciones de cultivo ilegales.—El Comité dirige al Departamento a presentar un informe, dentro de los 90 días siguientes a la promulgación de esta ley, evaluando la proliferación de operaciones ilegales de cultivo de marihuana asociadas con nacionales extranjeros. El informe deberá ser coordinado entre el FBI, la DEA y la Oficina Ejecutiva de los Fiscales de Estados Unidos, y deberá evaluar específicamente: (1) la magnitud de las operaciones de cultivo ilegal en Estados Unidos que están asociadas con nacionales extranjeros; (2) cualquier conexión o vínculo con organizaciones criminales transnacionales chinas y/o con el gobierno de la República Popular de China; y (3) los recursos federales que pueden desplegarse para apoyar a las fuerzas de seguridad estatales, locales y tribales. El informe puede transmitirse a través de canales clasificados cuando sea necesario y apropiado. El Comité dirige al Departamento, en coordinación con socios federales de la aplicación de la ley, a apoyar plenamente a las agencias estatales, locales y tribales en sus esfuerzos en este asunto.”
Another section of the report directs DEA to brief Congress about kratom-related issues.
Otra sección del informe ordena a la DEA informar al Congreso sobre cuestiones relacionadas con el kratom.
“Kratom.—The Committee is aware that in 2025, the Department of Health and Human Services referred a byproduct of the kratom plant to DEA for possible scheduling under the Controlled Substance Act. The Committee directs DEA to provide a briefing, within 60 days of the date of enactment of this act, on the health and safety impacts of kratom products, including patterns of use, adverse events, and any enforcement or regulatory actions taken.”
“Kratom.—El Comité es consciente de que en 2025, el Departamento de Salud y Servicios Humanos remitió un subproducto de la planta de kratom a la DEA para una posible clasificación bajo la Ley de Sustancias Controladas. El Comité instruye a la DEA a brindar una sesión informativa, dentro de los 60 días siguientes a la fecha de promulgación de esta ley, sobre los impactos para la salud y la seguridad de los productos de kratom, incluyendo patrones de uso, eventos adversos y cualquier acción de aplicación o regulación tomada.”
A report attached to a separate bill that the committee released on Thursday that covers funding for the Department of Homeland Security directs Customs and Border Protection (CBP) to brief Congress on its seizures of marijuana products from state-legal businesses—an issue that has been the subject of litigation and criticism from New Mexico Gov. Michelle Lujan Grisham (D).
Un informe adjunto a un proyecto de ley separado que el comité dio a conocer el jueves, que cubre la financiación para el Departamento de Seguridad Nacional, ordena a la Aduana y Protección Fronteriza (CBP) que informe al Congreso sobre sus incautaciones de productos de marihuana de negocios autorizados a nivel estatal, un tema que ha sido objeto de litigios y críticas de la gobernadora de Nuevo México, Michelle Luján Grisham (D).
“Cannabis Seizures.—Within 120 days of the date of enactment of this act, CBP shall provide a briefing on cannabis seizures, to include products containing cannabis, or related paraphernalia that are possessed, sold, or transferred by a cannabis distributor in compliance with applicable State or Tribal law and regulations”
“Incautaciones de cannabis.—Dentro de los 120 días siguientes a la fecha de promulgación de esta ley, la CBP deberá ofrecer una sesión informativa sobre las incautaciones de cannabis, que incluyan productos que contengan cannabis o parafernalia relacionada que sean poseídos, vendidos o transferidos por un distribuidor de cannabis en cumplimiento de las leyes y regulaciones estatales o tribales aplicables.”
Earlier this week, the Senate Appropriations Committee released other funding bills and reports directing federal agencies to consider medical marijuana as an opioid alternative as well as the therapeutic benefits of psychedelics—while also encouraging hemp cultivar and germ plasm development and additionally raising concerns about cannabinoid-infused foods.
A principios de esta semana, el Comité de Asignaciones del Senado presentó otros proyectos de ley de financiamiento e informes que instan a las agencias federales a considerar la marihuana medicinal como una alternativa a los opioides, así como a reconocer los beneficios terapéuticos de los psicodélicos; al tiempo que fomentan el desarrollo de cultivares de cáñamo y germoplasma y, además, expresan preocupaciones sobre los alimentos infusionados con cannabinoides.
The panel has not yet scheduled votes on any of the measures.
El panel aún no ha programado votaciones sobre ninguna de las medidas.
