«La búsqueda de guardianes republicanos por parte de la industria ha venido a costa de prioridades como la protección de los pacientes, el cultivo en casa y la equidad social, tratándolas como fichas de negociación en lugar de principios que vale la pena defender.»
Por Ellen Mellody, KCSA Strategic Communications
La industria del cannabis acaba de recibir una dura lección de aritmética política, una que subraya la diferencia entre promesas y votos, entre acceso y poder real, y el peligro de confundir las palabras tranquilizadoras de un político con una estrategia de gobernanza significativa.
La semana pasada, los demócratas obtuvieron el control del Congreso, pero no pretendamos que las elecciones de mitad de mandato fueran un referéndum nacional sobre el cannabis. Los indicios más reveladores vinieron desde los estados.
En Massachusetts, aproximadamente el 76 por ciento de los votantes rechazó un intento de derogar las ventas recreativas de marihuana. En Idaho, alrededor de dos tercios rechazaron una enmienda que habría privado a los votantes de la capacidad de legalizar la marihuana mediante iniciativas ciudadanas. Eso fue un voto por el poder democrático, no por la legalización en sí. Una encuesta reciente en Kansas encontró un 65 por ciento de apoyo al cannabis medicinal, incluyendo un 72 por ciento de demócratas y un 59 por ciento de republicanos.
Los votantes no son el problema, pero sí lo es nuestra estrategia política.
Mis años trabajando en la Casa Blanca de Clinton, en campañas presidenciales y asesorando a la industria del cannabis me han enseñado que el progreso político exige construir relaciones, persuadir a los escépticos y saber cuándo exigir responsabilidades a los funcionarios electos. Esa experiencia también ha reforzado la importancia de construir puentes entre partidos, algo que la industria del cannabis no siempre ha priorizado mientras buscaba fortalecer sus lazos con la dirigencia republicana, a veces a expensas de aliados demócratas de larga data.
Considérese el dinero. America First Agriculture Action, una PAC financiada por grandes compañías de cannabis, recaudó 13 millones de dólares y, para el 22 de septiembre, había gastado más de 3,7 millones de dólares para apoyar a una docena de representantes republicanos en la Cámara.
En Pensilvania, Spotlight PA documentó más de 1,6 millones de dólares gastados en cabildeo por 26 intereses relacionados con el cannabis en 2024. Aunque esas revelaciones no establecen de qué partido recibió la atención del cabildeo, sí muestran que las empresas pueden reunir fondos para influir.
La búsqueda de guardianes republicanos por parte de la industria ha venido a costa de prioridades como la protección de los pacientes, el cultivo en casa y la equidad social, tratándolas como fichas de negociación en lugar de principios que vale la pena defender.
Pensilvania ofrece un ejemplo revelador. El gobernador demócrata Josh Shapiro y el senador Sharif Street han impulsado la legalización, junto al senador republicano Dan Laughlin. Sin embargo, la reforma quedó estancada en el Senado, controlado por los republicanos, mientras que la candidata republicana a gobernadora, Stacy Garrity, prometió vetar la legalización. Los votantes rechazaron a Garrity el martes pasado, reelegiendo a Shapiro.
Hay aquí una lección histórica que muchos parecen decididos a olvidar.
En 2013, el Departamento de Justicia del presidente Barack Obama emitió el memo Cole, dando a los mercados estatales de cannabis regulados margen para desarrollarse mientras se preservaban las prioridades de aplicación federal. El primer fiscal general del presidente Donald Trump, Jeff Sessions, revocó esa guía en 2018. El presidente Joe Biden perdonó delitos federales por posesión simple, ordenó una revisión de la clasificación en 2022 y su Departamento de Justicia propuso trasladar la marihuana a la Lista III en 2024. Las mayorías demócratas aprobaron legislación de legalización federal en la Cámara en 2020 y 2022. Kamala Harris hizo campaña por la legalización en 2024.
Reconozcamos a los republicanos cuando corresponde. Trump firmó la Ley de Agricultura de 2018, que legalizó el cáñamo. Su administración también movió los productos de marihuana medicinal a la Lista III en abril. Ninguna de esas acciones equivalió a una legalización federal amplia. Mientras tanto, Trump firmó la ley de gasto de 2025 que impone restricciones ampliadas al cáñamo, con disposiciones clave que entrarán en vigor en diciembre. La industria aplaudió las promesas de alivio mientras su propio terreno operativo cambiaba bajo sus pies.
Sí, el senador Chuck Schumer (D-NY) tuvo la oportunidad de avanzar hacia la legalización bajo control demócrata y no lo hizo. Los demócratas merecen también ser sometidos a escrutinio, pero la desilusión con Schumer no borra el memo Cole, la revisión de Biden ni a los legisladores republicanos que reiteradamente bloquearon las reformas estatales. Tampoco justifica suponer que una aprobación en redes sociales equivale a una ley.
Este es el problema del falso profeta. El mensajero político más peligroso no es necesariamente aquel que se opone a ti. Es quien promete salvación, cosecha tu lealtad y te deja esperando a Godot. Durante años, demasiada de esta industria confundió la cercanía al poder con el poder real.
La respuesta no es convertir la industria en demócrata. Es volverse realmente no partidista. Apoyar a los legisladores en función de sus antecedentes, no por la letra de su apellido. Financiar a los demócratas que han impulsado leyes de reforma y a los republicanos dispuestos a dar votos. Publicar tarjetas de puntuación legislativa, coordinar donaciones políticas y exigir resultados medibles a los lobbistas.
Reconstruir la capacidad de base que hizo posible la legalización. Invertir en pacientes, veteranos, pequeños operadores y comunidades perjudicadas por la prohibición. Apoyar a organizaciones como Marijuana Policy Project, NORML, Americans for Safe Access y Students for Sensible Drug Policy, en lugar de esperarlas a que se organicen con migajas. Dejar de mirar con desdén los programas de equidad social. Reparar lo que no funciona y no abandonar el principio.
Las elecciones no garantizaban la reforma, y Trump sigue teniendo el veto. Pero sí ofreció a la industria del cannabis una oportunidad para replantear su estrategia política y reconocer que la adulación no sustituye a los resultados. La industria puede seguir financiando a falsos profetas que prometen reformas pero no las cumplen, o puede invertir en construir una coalición bipartidista capaz de convertir esas promesas en ley. Sólo una de esas opciones merece otro dólar.
Ellen Mellody es vicepresidenta ejecutiva de KCSA Strategic Communications, con casi 30 años de experiencia en estrategia política, asuntos públicos y comunicaciones corporativas, incluyendo servicio en la Casa Blanca de Clinton y cargos de alta dirección en las campañas presidenciales de Gore, Kerry y Obama.
