La Corte Suprema podría resolver disputas de licencias de marihuana, según informe del Congreso

7 septiembre, 2026

Un nuevo informe de investigadores del Congreso señala que una división entre las cortes de circuito sobre si los sistemas estatales de licencias para negocios de marihuana pueden discriminar a los residentes de otros estados “probablemente aumenta las probabilidades” de que la Corte Suprema tome el caso y lo resuelva.

El informe de la Congressional Research Service (CRS), publicado el jueves, analiza la Cláusula de Comercio Dormante de la Constitución de los Estados Unidos, que la Corte Suprema ha interpretado para bloquear leyes estatales proteccionistas que restringen indebidamente el comercio interestatal, incluso en áreas en las que el Congreso no ha intervenido directamente.

A medida que más estados legalizan la marihuana, algunos han aprobado políticas que favorecen a empresas dirigidas por residentes del propio estado frente a aquellas gestionadas por personas radicadas en otros estados. Algunas de estas políticas han sido impugnadas mediante demandas federales, y las cortes de apelaciones han llegado a conclusiones distintas al respecto.

La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito, por ejemplo, falló que una política de Nueva York que da prioridad a la concesión de licencias para negocios de cannabis gestionados por personas que han sido condenadas por cargos relacionados con la marihuana bajo las leyes de ese estado, o que tienen un familiar con tal condena, probablemente viola la Cláusula de Comercio Dormante.

“La Cláusula de Comercio prohíbe la aplicación de leyes estatales impulsadas por proteccionismo económico; es decir, medidas regulatorias diseñadas para beneficiar a intereses económicos internos cargando a los competidores de otros estados”, sostuvo la corte.

CRS señaló en su análisis que la corte reconoció “la ironía de aplicar este objetivo a mercados de marihuana ilegales a nivel federal” pero dijo que la Corte Suprema ya determinó en un caso de cannabis medicinal, Gonzales v. Raich, que la naturaleza ilegal de las actividades de marihuana “no tiene importancia constitucional” para los fines de la Cláusula de Comercio.

La Corte de Apelaciones del Primer Circuito, por su parte, sostuvo que una ley de Maine que exige que todos los funcionarios y directores de un negocio de marihuana sean resientes del estado viola la Cláusula Dormante del Comercio.

Los funcionarios estatales en el caso no disputaron que la ley estatal vulneraría la Cláusula Dormante si la marihuana fuera legal a nivel federal, sino que argumentaron que la ley estatal es permisible “porque la ley federal hace ilegal la participación en el mercado al que se aplica el requisito de residencia.”

Argumentaron que la Cláusula Dormante solo prohíbe a los estados “discriminar injustificadamente… o restringir el flujo interestatal de artículos de comercio”, mientras que no podría existir un mercado comercial interestatal de cannabis ilegal a nivel federal.

La corte no estuvo de acuerdo, razonando que la sentencia Raich de la Corte Suprema determinó que la marihuana es “una mercancía fungible con un mercado interestatal establecido, aunque ilegal.”

La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito, por su parte, se negó a aplicar la Cláusula Dormante para las impugnaciones a los requisitos de residencia de propiedad de negocios de marihuana en el estado de Washington y en Sacramento, California.

La corte citó directrices de la Corte Suprema para “proceder con cautela al considerar si invalidar leyes estatales bajo la cláusula Dormante inferida por la propia Corte”, y en última instancia razonó que no existe un “derecho constitucional implícito a participar en un comercio interestatal ilegal.”

“Nada en la jurisprudencia de la Cláusula Dormante exige que aceptemos la obvia ‘ironía’ de aplicar una doctrina implícita en un poder afirmativo conferido al Congreso para preservar un mercado nacional que el Congreso no quiere que exista”, decía la opinión del Noveno Circuito.

CRS señaló que, aunque la Corte Suprema aún no ha aceptado abordar la aplicación de la Cláusula Dormante a disputas de licencias de negocios de marihuana, la división de opiniones entre las cortes de circuito sobre el tema “probablemente aumente las probabilidades” de que la Corte revise la cuestión en algún momento.

“El hecho de que todos los casos mencionados anteriormente se hayan decidido cuando todas las actividades relevantes de marihuana estatal seguían siendo ilegales bajo la ley federal, podría, sin embargo, hacer que la Corte esté menos inclinada a conceder certiorari”, indicó el informe.

Los jueces podrían, en cambio, “esperar a ver cómo evoluciona el análisis de la Cláusula Dormante en las cortes inferiores en este ámbito a la luz del movimiento de la administración Trump para reprogramar a nivel federal la marihuana”, razonó CRS.

En abril, el fiscal general Todd Blanche emitió una orden que reclasificó de inmediato el cannabis medicinal licenciado por los estados, así como los productos de marihuana aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), desde la Lista I de la Ley de Sustancias Controladas (CSA) a la Lista III.

Bajo una orden separada que firmó, se llevó a cabo una audiencia de la Administración de Control de Drogas (DEA) para considerar con más amplitud mover la marihuana a la Lista III.

En cualquier caso, CRS dijo que los legisladores no necesitan esperar la opinión de los tribunales.

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“El Congreso tiene la facultad de abordar la cuestión por sí mismo,” decía el informe. “Como ha explicado la Corte Suprema, ‘el Congreso tiene un poder indudable para… permitir a los estados regular el comercio de una manera que de otro modo no sería permisible o excluir la regulación estatal’.”

“Así, el Congreso podría aprobar una legislación que otorgue a estados y autoridades locales una autorización ‘inconfundiblemente clara’ para implementar políticas de marihuana proteccionistas,” dijo CRS.

También podría “hacer lo contrario y prohibir expresamente a los estados y autoridades locales aprobar leyes relacionadas con la marihuana que favorezcan a los residentes del estado frente a los no residentes,” señaló el informe.

“De igual manera, el Congreso podría establecer un sistema regulatorio federal aplicable a las actividades de marihuana que encaje más estrechamente con la jurisprudencia existente de la Cláusula Dormante del Comercio, en oposición al estado actual en el que la Corte nunca ha pronunciado sobre cómo se aplica la Cláusula a actividades que son ilegales conforme a la ley federal,” concluyó CRS.

El Marijuana Policy Project, un grupo de defensa a favor de la legalización, afirmó recientemente que podría haber próximamente una demanda federal “exitosa” respecto a la aplicabilidad de la Cláusula Dormante del Comercio al comercio interestatal de cannabis a la luz de la reprogramación.

“La protección de la Cláusula Dormante prohibiría a estados con mercados legales discriminar contra productos legales de otros estados,” dijo MPP. “Las decisiones federales que concluyen que no hay protección de la Cláusula Dormante se han apoyado en la ilegalidad federal de la marihuana.”

La reprogramación de la marihuana “casi seguramente cambia eso para los operadores médicos licenciados”, agregó el grupo.

“Esperamos que las partes interesadas demanden a los estados en varios circuitos federales (con la esperanza de consolidarlos en una sola demanda), buscando forzar la apertura de los mercados estatales por fundamentos constitucionales,” afirmó MPP. “El comercio interestatal de fármacos de la Lista III entre entidades aprobadas por la DEA está claramente cubierto por la Cláusula Dormante. Un caso federal tomará tiempo, pero si la reprogramación se mantiene, esperamos que la litigación federal sea finalmente exitosa.”


Hernán Moreno