La comunidad latina es la columna vertebral invisible de la industria del cannabis (Opinión)

6 octubre, 2026

“Continuar por el camino de políticas migratorias agresivas y excesivamente punitivas representa una amenaza directa para el futuro de esta industria.”

Por Ishaq Ali, Alianza Latina del Cannabis

Detrás de la elegante marca cercana a la tecnología y del marketing moderno de la industria actual del cannabis yace una verdad mucho más antigua y desnuda: el cannabis es, en su esencia, un producto agrícola y los latinos son la mayoría de la mano de obra agrícola, representando un asombroso 92 por ciento de la fuerza laboral agrícola total de California y el 77 por ciento de la fuerza laboral agrícola de Estados Unidos.

La industria del cannabis refleja esta realidad demográfica; los latinos son el grupo étnico más numeroso entre los trabajadores del sector regulado legalmente del cannabis, con un 38 por ciento, cifra que se eleva a entre el 56 y el 65 por ciento en roles específicos de cultivo.

Si no regulamos el cannabis teniendo en cuenta a la comunidad latina o incluyendo las implicaciones migratorias, dejamos de lado aspectos críticos sobre cómo puede desarrollarse el sector y, lo que es más importante, quién trabaja en él. Continuar por el camino de políticas migratorias agresivas y excesivamente punitivas representa una amenaza directa para el futuro de esta industria.

Para evitar estas trampas, es imperativo que las voces latinas estén debidamente representadas en los datos y en las políticas.

En un retiro de la ‘industria heredada’ en 2023, un panel de reguladores de cannabis de California se les preguntó si consideraban el cannabis un producto agrícola. Ninguno levantó la mano, sin embargo segundos antes, el mismo panel había acordado por unanimidad que el cannabis es medicina. Abrazaron con facilidad un marco clínico mientras rechazaban la realidad agrícola de una planta que se cultiva, se cosecha y se maneja como cualquier otro cultivo, revelando cuán desconectados estaban de la industria que regulan.

Desde los primeros inversionistas que trataban el cannabis como la próxima bonanza tecnológica hasta los profesionales tradicionales de la cadena de suministro que lo ven como “cualquier otro producto de consumo envasado” que puede escalarse con principios empresariales básicos, muchos entienden de forma fundamentalmente incorrecta el problema central. El cultivo de cannabis es agricultura, lo que implica que debe estar legislado, regulado y operar como tal, incluida su fuerza laboral predominantemente latina.

Recientemente, el Departamento de Justicia de la administración de Trump anunció la reclasificación de ciertos productos de marihuana medicinal, sin embargo la planta en sí sigue siendo en gran parte ilegal a nivel federal. Su éxito está indisolublemente ligado a la tierra, al trabajo especializado de quienes la cuidan y a las leyes y políticas aplicables que la afectan.

La industria del cannabis está fuertemente influenciada por una fuerza laboral migrante y la comunidad latina, especialmente en California. El Dr. Rob Chlala, del UCLA Labor Center y del UC Berkeley Cannabis Research Center, quien escribió un informe detallado sobre la fuerza laboral del cannabis en California, destacó en una entrevista que el enfoque de su investigación fue motivado por el hecho de que “la infraestructura, las ideas y la planta real y el conocimiento técnico del cannabis fueron construidos por personas de color e inmigrantes.”

El costo humano de la aplicación

La intersección entre un cannabis regulado a nivel estatal y la aplicación de inmigración a nivel federal crea un entorno inestable para su fuerza laboral.

Recientemente observamos un hito sombrío para la industria al conmemorar el aniversario de la muerte trágica de Jaime Alanis García en julio de 2025. García, un trabajador agrícola de 57 años con una década de trayectoria, murió a causa de una caída de 9 metros durante una redada conjunta de Immigration and Customs Enforcement (ICE) y Drug Enforcement Administration (DEA) en Glass House Farms en Camarillo, California.

Este hecho es ampliamente considerado como una de las primeras muertes relacionadas con ICE en Estados Unidos y marcó un momento decisivo para la comunidad latina en California y para la industria en general al poner de relieve la larga y violenta relación entre la aplicación de la inmigración y la aplicación de leyes contra el cannabis.

Este incidente resalta un problema más amplio relacionado con la intersección entre la deportación y la aplicación de leyes del cannabis. Entre 2002 y 2020, más de 47,000 personas fueron deportadas por simple posesión o uso de cannabis, según un informe de Human Rights Watch y la Drug Policy Alliance.

La administración de Trump ha continuado etiquetando a los inmigrantes con simple posesión de cannabis como “los peores de los peores” y los ha priorizado para la deportación.

Esta retórica actual sobre las políticas migratorias representa una amenaza directa para una industria ya inestable. Aproximadamente el 8 por ciento de la fuerza laboral legal, y una proporción significativamente mayor del sector no registrado, posee antecedentes relacionados con cannabis que los ponen en riesgo de perder tanto su sustento como su estatus legal, según el estudio de 2025 de Chlala.

Este peligro legal no se limita a las personas con antecedentes; trabajar en la industria regulada a nivel estatal pone en peligro el estatus migratorio de una persona.

Hallazgos del UCLA Labor Center

El informe de 2025 del UCLA Labor Center / Cannabis Worker Collaborative ofrece una mirada detallada a estas realidades laborales. El estudio destaca varias áreas críticas:

  • Una fuerza laboral en las sombras: Mientras el mercado legal emplea aproximadamente a 78,000 trabajadores, la fuerza laboral total, incluyendo el sector sin licencia, supera los 235,000, dejando a más de 150,000 trabajadores sin protecciones legales y con mayor exposición a condiciones peligrosas.
  • Fragilidad económica: A pesar de haber sido designados como “trabajadores esenciales” durante la pandemia de COVID-19, el 43 por ciento de las mujeres y el 29 por ciento de los hombres en la industria reportaron dificultades para pagar comida o comestibles en el último año.
  • Robo de salarios y “el impuesto latino”: Un enorme 63 por ciento de trabajadores minoristas, de entrega y de cultivo reportaron haber sufrido robo de salarios, incluidos pagos tardíos y trabajo no remunerado. Estas violaciones ocurren a tasas significativamente más altas para trabajadores latinos y negros en comparación con sus pares.
  • Peligros ocupacionales: Los trabajadores de cultivo enfrentan riesgos serios para la salud, con un 31 por ciento reportando infecciones cutáneas y un 46 por ciento padeciendo dolor musculoesquelético crónico debido a las condiciones laborales intensivas.

El Dr. Rob Chlala sobre la Justicia Racial y de Inmigrantes

La investigación del Dr. Chlala se centró fuertemente en la justicia racial e migrante mediante el uso de un modelo de “trabajador-investigador” en el que pares colaboraron para diseñar la encuesta, realizar entrevistas y analizar los datos.

Esto ayudó a capturar historias más auténticas de trabajadores latinos que a menudo son ignorados en los debates de políticas. La metodología cerró con éxito la brecha de confianza, revelando una fuerza laboral de primera línea vibrante y multicultural que trabaja bajo una capa de dirección que a menudo carece de esa misma diversidad.

Un obstáculo principal que identificó Chlala fue la desconexión sistémica entre la política del cannabis y las realidades que enfrentan las comunidades latinas. Como medio para difundir información y educación sobre productos de cannabis, uso y cultivo saludables, Chlala señala el “Modelo Promotora”, un marco de salud centrado en la comunidad que se originó en América Latina.

Comentó que, como “los trabajadores del cannabis ya están pilotando esa [intercambio de información] en su vida cotidiana” a través de redes informales, formalizar este enfoque liderado por pares puede construir un sistema educativo protector “arraigado en un sentido compartido de identidad.”

El camino a seguir de la Alianza Latina del Cannabis

La Alianza Latina del Cannabis juega un papel vital al convertir estos datos en poder accionable, asegurando que los trabajadores que construyeron esta industria reciban finalmente la protección, la dignidad y la oportunidad que merecen.

Por eso recientemente dirigimos un seminario web centrado en cómo la industria del cannabis puede apoyar el movimiento a favor de los derechos de los inmigrantes, y apoyar la retirada de la marihuana del Acta de Sustancias Controladas (CSA) a través de la aprobación de MORE Act.

En mayo de 2026, la Alianza Latina del Cannabis llevó este mensaje a Washington, D.C. y abogó por la aprobación del MORE Act. Visitamos más de 16 oficinas del Congreso, enfocándonos en destacados miembros del Caucus Hispano del Congreso, para explicar cómo la inclusión del cannabis en la CSA sostiene la prohibición del cannabis como ley vigente, lo que significa que puede seguir utilizándose como una herramienta para la aplicación migratoria punitiva y las violaciones a las leyes laborales que vemos hoy. El MORE Act es la única legislación federal que elimina el cannabis de la CSA mientras restaura derechos y avanza protecciones para las comunidades inmigrantes y latinas, así como para otras comunidades afectadas por la guerra contra las drogas.

La industria se encuentra en un punto de inflexión. La legalización estatal asumió que un mercado licenciado podría protegerse de la prohibición federal. Para los trabajadores en el núcleo de la industria, esa protección no existe.

Mientras el cannabis permanezca en la Ley de Sustancias Controladas, un empleo regulado a nivel estatal, un antecedente de posesión y una redada en el lugar de trabajo pueden acarrear consecuencias migratorias que ninguna licencia estatal puede deshacer. El desclasificado parcial de estos productos médicos no cambia esa realidad.

Por ello, la estabilidad del sector del cannabis en California y la seguridad de su fuerza laboral inmigrante no son preguntas políticas separadas. Son la misma pregunta. La industria y el movimiento por los derechos de los inmigrantes se enfrentan al mismo obstáculo, y ninguno ha tenido el peso político para eliminarlo por sí solo.

Ishaq Ali es miembro fundador de la junta y Director de Investigación y Educación de la Alianza Latina del Cannabis, y una investigador y estratega en el Centro de Investigación de Cannabis de UC Berkeley. Está estudiando la evolución de los mercados del cannabis, la propiedad de las empresas y los impactos regulatorios en California. Ishaq también es Director de Programas en la Organización Ambiental y de Cumplimiento al Consumidor, liderando iniciativas de certificación de productos limpios y educación minorista.


Hernán Moreno