Una coalición de asociaciones comerciales que representan a la industria de seguros respalda una legislación congresional recientemente presentada que buscaría proteger a las empresas que brindan cobertura para negocios de marihuana autorizados por el estado frente a sanciones federales.
“La industria de seguros está potencialmente expuesta a responsabilidad derivada de las diferencias entre el tratamiento legal de la marihuana y los productos de cannabis conforme a la ley federal y la ley estatal,” escribieron los grupos en una carta a los patrocinadores bipartidistas de la Cámara y el Senado de la Ley para Aclarar la Seguro de Marihuana (CLAIM Act), la cual permitiría un puerto seguro para aseguradoras, corredores y agentes ante sanciones de los reguladores federales por prestar servicios de seguro a compañías de marihuana con licencia estatal.
“Al resolver la incertidumbre legal que presenta la coexistencia del tratamiento estatal y federal de la marihuana, la industria de seguros puede servir tanto a negocios legítimos relacionados con el cannabis (CRLBs) como a otros clientes de líneas comerciales, así como a consumidores de líneas personales que puedan tener una relación directa o indirecta con el cannabis legalizado por los estados, y seguir cumpliendo la ley,” dice la carta a los patrocinadores de la legislación en la Cámara y el Senado.
Firmaron la American Land Title Association, American Council of Life Insurers, American Property Casualty Insurance Association, Council of Insurance Agents & Brokers, Independent Insurance Agents & Brokers of America, National Association of Mutual Insurance Companies, National Association of Professional Insurance Agents, Reinsurance Association of America y Wholesale & Specialty Insurance Association, que afirmaron que “representan a la mayoría de las compañías, agentes y corredores que ofrecen seguros de propiedad-accidente, vida, títulos y reaseguro en los EE. UU.”
“Además, la CLAIM Act permitirá que quienes se dedican al negocio de seguros cumplan con una variedad de requisitos estatutarios y regulatorios, afirma la carta. “Lo más importante es que esta legislación ayudaría a los consumidores, con contacto directo o indirecto con el cannabis autorizado por los estados, a acceder a productos y servicios de seguros y a las protecciones que estos brindan.”
La versión de la Ley en la Cámara fue presentada la semana pasada, mientras que una versión hermana en el Senado fue presentada a principios de este año.
“La CLAIM Act es una solución integral para proporcionar certeza jurídica a nuestro mercado, al tiempo que se preserva el papel tradicional de los estados en la regulación del negocio de seguros,” dice la carta a los senadores Kevin Cramer (R-ND) y Ruben Gallego (D-AZ) y a los representantes Nydia Velázquez (D-NY) y Warren Davidson (R-OH), que son los principales patrocinadores de la legislación. “Bajo la ley, las aseguradoras deben seguir satisfaciendo todos los requisitos estatutarios o regulatorios aplicables, como aquellos relacionados con las protecciones al consumidor y los pagos de reclamaciones.”
“Agradecemos su interés y esfuerzo para asegurar que nuestra industria no quede atrapada entre obligaciones conflictivas entre la ley federal y la estatal al atender a nuestros clientes,” concluye.
Este es el cuarto Congreso consecutivo en el que se presenta la medida de seguros para el negocio del cannabis, y el texto del proyecto actual, H.R.10471, permanece en gran medida igual que en versiones anteriores.
A principios de este año, legisladores bipartidistas de la Cámara y del Senado presentaron legislación relacionada para proporcionar salvaguardas a los bancos que trabajan con la industria del cannabis.
En su estado actual, las empresas de cannabis tienen limitadas su capacidad para obtener coberturas de seguro de propiedad, responsabilidad civil y de título. La CLAIM Act prohibiría que las agencias federales castiguen a los proveedores de seguros por simplemente cubrir a esas empresas, y dejaría a las aseguradoras sin posibilidad de rescindir o limitar pólizas para compañías de marihuana o negocios auxiliares debido a la naturaleza de su negocio.
La legislación también incluye un requisito de que la Government Accountability Office (GAO) investigue y emita un informe sobre “las barreras para la entrada al mercado, incluida la tramitación de licencias, y el acceso a servicios financieros para posibles y existentes negocios legítimos relacionados con el cannabis que sean propiedad de minorías y mujeres.”
Además, ofrece protecciones para los empleados de las aseguradoras, afirmando que no podrían ser considerados responsables solo por trabajar con una empresa de cannabis.
Los partidarios de la legislación han argumentado que facilitar el acceso a seguros para estas empresas mitigaría riesgos de seguridad y evitaría que las compañías sean privadas de financiamiento bancario, lo cual puede ocurrir cuando las empresas no cuentan con cobertura de seguros.
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Mientras tanto, la administración de Trump avanza con el proceso de reprogramar la marihuana conforme a la ley federal.
El fiscal general Todd Blanche, en abril, emitió una orden que reclasificó de inmediato el cannabis medicinal autorizado por los estados, así como los productos de marihuana aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), desde el Schedule I de la Ley de Sustancias Controladas (CSA) hasta el Schedule III.
Bajo una orden separada que el fiscal general firmó, una audiencia está considerando mover la marihuana de manera más integral al Schedule III.
