El gobernador de Massachusetts ha firmado una ley para duplicar el límite legal de posesión de marihuana para adultos y revisar el marco regulatorio del mercado estatal de cannabis para uso adulto.
La gobernadora Maura Healey (D) aprobó la legislación el domingo, aproximadamente una semana y media después de que los legisladores la remitieran a su escritorio en votos unánimes de la Cámara y el Senado.
“La industria del cannabis es una parte importante de la economía de Massachusetts: respalda empleos y comercios locales y genera ingresos para ciudades y pueblos,” dijo Healey en un comunicado. “Es importante que hagamos todo lo posible para asegurar que esta industria esté preparada para el éxito y que sigamos siendo competitivos en este mercado de rápido crecimiento. Agradezco al Legislativo por su liderazgo en este importante proyecto de reforma.”
Un comité de conferencia bicameral había pasado meses afinando las disposiciones de la legislación después de que ambas cámaras aprobaran versiones diferentes el año pasado, y el panel aprobó un enfoque de compromiso el lunes.
“Con la firma del gobernador hoy, nuestra legislatura da un paso importante para hacer que la industria del cannabis aquí en Massachusetts sea más receptiva, rentable y competitiva para propietarios de negocios y consumidores,” dijo el senador Adam Gómez (D), quien co-presidió el comité bicameral. “Esta legislación fortalece la supervisión de la Cannabis Control Commission, haciendo actualizaciones inteligentes que apoyan a las pequeñas empresas, mejoran la rendición de cuentas y aseguran que los consumidores puedan acceder al cannabis de forma segura y legal.”
“A través de la clarificación de las reglas de entrega y publicidad, aumentando la transparencia sobre cuentas por cobrar, elevando los montos de compra y modernizando los topes de licencias, estamos construyendo un mercado de cannabis más estable y equitativo para nuestro estado y estoy orgulloso de que nuestra Legislatura haya priorizado la reforma en esta sesión,” dijo.
El representante Daniel M. Donahue (D), quien también co-presidió el comité de conferencia y quien junto con Gómez preside además la Joint Committee on Cannabis Policy, dijo que está “emocionado” de que la legislación haya llegado a ser ley.
“Estas reformas señalan un compromiso renovado por parte del Commonwealth para garantizar un futuro seguro, equitativo y próspero para la industria del cannabis legalizada,” dijo. “Espero trabajar con la administración durante su implementación.”
Entre las revisiones de la ley estatal del cannabis se encuentra una sección que aumenta el límite de posesión personal de marihuana de una onza a dos onzas. Colorado adoptó la misma reforma en 2021 después de que su mercado de cannabis maduró.
H.5350 también reduce el tamaño y revisa la organización de la Cannabis Control Commission (CCC), al tiempo que actualiza los límites de licencias para negocios de marihuana.
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Under both chambers’ versions of the bill, CCC would be comprised of three members rather than the current five. The conference committee report that has now been enacted into law adopts provisions from the House measure that will allow the governor to make all appointments, rather than the Senate approach to give one of the appointments to the attorney general. Under prior law, the treasurer also played a role in appointing commission members, but that will no longer be the case.
The proposal requires that one member of CCC to have a background in social justice, while the other two commissioners need to have backgrounds in public health, public safety, social justice, consumer regulations or the production and distribution of cannabis.
The new law also increases the amount of licenses that a single entity can possess from three to six, while additionally raising from 10 percent to 20 percent the threshold of much equity in a business is considered ownership for the purpose of counting toward the cap on licenses. It also removes a current requirement that medical cannabis operators be vertically integrated to simultaneously cultivate, manufacture and sell marijuana.
It additionally gives regulators the ability to allow dispensaries to advertise sales, discounts and customer loyalty programs inside of retail locations and by opt-in email, and it specifies that marijuana delivery operators can deliver to any municipality unless local officials proactively prohibit cannabis businesses and opt out of delivery.
The measure also creates a new portal for reporting illegal conduct and directs regulators to create a list of “delinquent” cannabis businesses that have not paid their debts to other operators for more than 60 days and prevents others from doing business with those on the delinquent list until debts are paid off.
The legislation additionally requires regulators to study and report on hemp-derived products, the public health impacts of cannabis, tax policy and workplace safety standards.
Ahead of the governor’s signing the bill, CCC published guidance on the new law’s immediate impact.
Después de que la ley fue firmada el domingo, el director ejecutivo de la CCC, Travis Ahern, dijo que “durante esta transición, la organización seguirá centrada en su misión principal de regular una industria del cannabis segura y equitativa para consumidores, pacientes, líderes empresariales y contribuyentes en Massachusetts.”
La entrada en vigor de la reforma regulatoria del cannabis llega mientras las empresas de cannabis del estado han presentado una demanda para bloquear una iniciativa destinada a revertir la ley de legalización aprobada por los votantes y evitar que llegue a la boleta de noviembre.
Si se aprueba, el estado no volvería a la prohibición general; más bien eliminaría las ventas recreativas comerciales y los componentes de cultivo doméstico personal de la ley, aunque seguiría permitiendo que los adultos de 21 años o más posean hasta una onza de cannabis para uso personal.
La posesión de más de una onza pero menos de dos onzas quedaría despenalizada de facto, con una multa de 100 dólares para los infractores. Los adultos también podrían seguir regalando cannabis entre sí sin remuneración. Las ventas de marihuana médica seguirían siendo legales.
La medida está actualmente ante la legislatura tras que los partidarios entregaron una primera tanda de firmas el año pasado, y los legisladores tienen hasta el 5 de mayo para actuar sobre la propuesta. Si deciden no promulgarla legislativamente, la campaña tendría que pasar por otra ronda de peticiones y obtener al menos 12.429 firmas certificadas para el 1 de julio para que figure en la boleta de noviembre.
Los defensores enfrentaron preguntas escépticas por parte de los legisladores en una audiencia de la Joint Committee on Initiative Petitions el mes pasado, con varios planteando inquietudes sobre las motivaciones detrás de la medida anti-marihuana y sus implicaciones para consumidores y empresas.
Una encuesta reciente de Bay State Poll del Proyecto de Opinión de Estados de la Universidad de Hampshire encontró que la mayoría de los adultos de Massachusetts se oponen a la iniciativa de derogar las ventas y el cultivo de marihuana.
Mientras tanto, en noviembre, la Joint Cannabis Policy Committee de la legislatura avanzó un proyecto de ley que exigiría un estudio sobre las barreras legales que enfrentan los primeros respondedores que desean usar marihuana en cumplimiento de la ley estatal.
También se requeriría que los reguladores analicen la eficacia del cannabis en el tratamiento de la ansiedad, la depresión y el trastorno de estrés postraumático (TEPT). Además estudiarían leyes y políticas para el uso de cannabis por parte de policías y primeros respondedores en otras jurisdicciones y “cualquier otro tema que la comisión considere relevante.”
El proyecto fue reportado cuando los legisladores en un comité diferente aprobaron una legislación separada para proporcionar protecciones laborales a personas que usan marihuana. Otro panel avanzó un proyecto de protecciones laborales similares en septiembre.
Mientras tanto, la cabeza de la agencia reguladora de Massachusetts sobre marihuana recientemente sugirió que el proyecto para recriminalizar efectivamente las ventas recreativas de cannabis podría poner en peligro los ingresos fiscales que se están utilizando para apoyar los esfuerzos de tratamiento por uso indebido de sustancias y otros programas públicos.
En ese sentido, Massachusetts recientemente alcanzó otro hito en materia de marihuana, con autoridades anunciando en febrero que el estado ha superado los 9 mil millones de dólares en compras de cannabis de uso adulto desde que el mercado se lanzó en 2018.
Un informe de la Cannabis Control Commission (CCC) encontró que la legalización está logrando uno de sus objetivos principales: interrumpir las ventas ilícitas de cannabis a medida que los adultos pasan al mercado regulado. Muestra que entre los adultos que reportaron uso de marihuana en el último año, un abrumador 84 por ciento afirmó obtener su cannabis de una fuente autorizada.
Los legisladores de Massachusetts también formaron recientemente un comité de conferencia bicameral para alcanzar un acuerdo sobre un proyecto de ley que duplicaría el límite legal de posesión de marihuana para adultos y revisaría el marco regulatorio para el mercado de cannabis de uso adulto del estado.
En diciembre, los reguladores estatales también finalizaron las reglas para los salones de consumo social de marihuana.
La CCC lanzó recientemente una plataforma en línea destinada a ayudar a las personas a encontrar empleos, formación en el lugar de trabajo y oportunidades de networking en la industria del cannabis legal del estado.
Separadamente, los legisladores también están promoviendo legislación para establecer programas piloto para el uso terapéutico regulado de psicodélicos.
