El fiscal general de Ohio ha aprobado una petición de referéndum, presentada de nuevo recientemente, para bloquear que ciertas partes de una ley restrictiva sobre la marihuana y el cáñamo entren en vigor, después de rechazar una versión inicial a la que calificó de “engañosa.”
“Habiendo examinado detenidamente esta presentación, concluyo que el título y el resumen son declaraciones justas y veraces de la medida propuesta,” escribió el fiscal general Dave Yost (R) en una carta a los peticionarios el miércoles.
“Mi certificación del título y del resumen…no debe interpretarse como una afirmación de la aplicabilidad y constitucionalidad de la petición de referéndum,” afirmó. “Mi función, tal como se ejecuta aquí, se limita a determinar si la redacción del título y del resumen informa adecuadamente a las posibles personas que firmen la solicitud sobre los componentes materiales de la medida.”
El referéndum, liderado por Ohioans for Cannabis Choice, busca derogar componentes clave de un proyecto de ley que el gobernador firmó recientemente para recortar la ley del cannabis aprobada por los votantes y prohibir la venta de productos de cáñamo consumibles fuera de los dispensarios de cannabis autorizados.
El mes pasado, Yost afirmó que la presentación inicial del grupo contenía “omisiones y aseveraciones erróneas que, en conjunto, podrían engañar a un posible signatario respecto al alcance y al efecto de la SB 56.” Posteriormente presentaron la versión revisada.
Ahora que la versión más reciente de la propuesta del grupo ha sido aprobada por el fiscal general, pueden iniciar los esfuerzos para recolectar un total de aproximadamente 250,000 firmas para colocarla en la boleta.
La oficina del gobernador Mike DeWine (R) y un senador que encabezó la iniciativa para aprobar la SB 56 han criticado la campaña del referéndum sobre cannabis.
En conjunto, el referéndum propuesto derrogaría las tres primeras secciones centrales de un proyecto de ley controvertido que DeWine firmó en diciembre y que dice tiene como objetivo frenar el mercado desregulado de cáñamo intoxicante. Pero la legislación haría más que restringir la venta de productos cannabinoides a dispensarios.
La ley también recriminalizaría ciertas actividades de marihuana que fueron legalizadas bajo la iniciativa votada que aprobaron los votantes en 2023, y además eliminaría las protecciones contra la discriminación para los consumidores de cannabis que se habían establecido bajo esa ley.
Además, el gobernador utilizó sus poderes de veto en partidas para cancelar una sección del proyecto de ley que habría retrasado la implementación de la prohibición de las bebidas de cáñamo.
Defensores y partes interesadas protestaron enérgicamente la legislación ahora vigente, argumentando que socava la voluntad de los votantes que aprobaron la legalización de la marihuana y, de hecho, podría eliminar la industria del cáñamo del estado, dado que se esperan pocas probabilidades de que los adultos elijan productos a base de cáñamo sobre la marihuana cuando visitan un dispensario.
La oposición generó el nuevo referéndum presentado, pero el camino para bloquear con éxito la ley es estrecho.
Si los activistas alcanzan el umbral de firmas antes de la fecha límite, que coincide con el mismo día en que la ley restrictiva entraría en vigor, la SB 56 no se implementaría hasta que los votantes tengan la oportunidad de decidir sobre el tema en la boleta.
Un resumen de la referéndum presentado señala que “Las Secciones 1, 2 y 3 de Am. Sub. S. B. No. 56 promueven nuevas disposiciones y enmiendan y derogan disposiciones existentes del Código Revisado de Ohio relacionadas con la regulación, criminalización y tributación de productos de cannabis, como la venta, uso, posesión, cultivo, licencia, clasificación, transporte y fabricación de la marihuana y ciertos productos de cáñamo.”
«Si la mayoría de los votantes decide no aprobar las Secciones 1, 2 y 3 de la Ley, entonces los cambios adoptados no entrarán en vigor y la versión anterior de las leyes afectadas permanecerá en vigor», dice.
Los defensores han señalado una serie de preocupaciones con la ley, por ejemplo, que eliminaría disposiciones del estatuto que protegen contra la discriminación a las personas que usan cannabis de forma legal. Eso incluye protecciones destinadas a prevenir acciones adversas en temas de custodia de menores, la elegibilidad para trasplantes de órganos y licencias profesionales.
También recriminalizaría la posesión de marihuana proveniente de cualquier fuente que no sea un dispensario con licencia estatal en Ohio o de un cultivo doméstico legal. En ese sentido, las personas podrían ser acusadas de un delito por portar cannabis que compraron en un minorista legal en la vecina Michigan.
Además, prohibiría fumar cannabis en lugares públicos al aire libre, como los patios de bares, y permitiría a los propietarios prohibir vapear marihuana en viviendas alquiladas. Incumplir esa última política, incluso si implica vapear en el patio trasero de una vivienda de alquiler, constituiría un delito menor.
La legislación también reemplazaría lo que había sido un marco regulatorio propuesto para cáñamo intoxicante que la Cámara había aprobado, con una prohibición general de ventas fuera de los dispensarios de marihuana tras un reciente movimiento federal para recriminalizar tales productos.
Bajo la ley, los productos de cáñamo con más de 0.4 mg de THC total por envase, o aquellos que contengan cannabinoides sintéticos, ya no podrían venderse fuera de un dispensario de marihuana autorizado. Eso estaría alineado con una ley federal de cáñamo recién promulgada incluida en un paquete de asignaciones firmado por el presidente Donald Trump.
La ley federal que impone una prohibición de la mayoría de los productos de cáñamo consumibles tiene un plazo de implementación de un año; sin embargo, parece que la legislación de Ohio entraría en vigor antes. Según lo aprobado por la legislatura, un programa regulatorio temporal para bebidas de cáñamo habría permanecido en Ohio hasta el 31 de diciembre de 2026, pero esa disposición fue vetada por el gobernador.
La ley también incluye una cláusula que establece que, si el gobierno federal avanza hacia la legalización del cáñamo con un contenido más alto de THC, es la intención de la legislatura de Ohio revisar dicho cambio de política y considerar posibles reformas a nivel estatal para regular dichos productos.
La firma del proyecto de ley se produjo meses después de que DeWine emitiera reglas de emergencia que prohibían la venta de productos de cáñamo intoxicantes por 90 días, con instrucciones a la legislatura para considerar regulaciones permanentes. Un juez de condado ha prohibido al estado hacer cumplir esa política en respuesta a un desafío legal.
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Mientras tanto, en septiembre, el Departamento de Control del Cannabis (DCC) de Ohio presentó reglas propuestas para ampliar la ley de legalización de la marihuana del estado, exponiendo planes para actualizar las regulaciones sobre los requisitos de etiquetado y empaque.
Los minoristas de Ohio vendieron más de mil millones de dólares en productos legales de marihuana en 2025, según datos del Departamento de Comercio (DOC) del estado.
En marzo, una encuesta a 38 municipios realizada por el Moritz College of Law de la Universidad Estatal de Ohio (OSU) encontró que los líderes locales estaban “opuestos de forma inequívoca” a propuestas anteriores que habrían eliminado la financiación planificada.
Mientras tanto, en Ohio, a partir de junio los adultos pueden comprar más del doble de la cantidad de marihuana de la que podían bajo los límites anteriores, y las autoridades estatales han determinado que el mercado puede abastecer de manera sostenible tanto a pacientes de cannabis medicinal como a consumidores adultos.
En marzo, el gobernador anunció por separado su deseo de reasignar los ingresos fiscales de la marihuana para apoyar la capacitación policial, las cárceles locales y los servicios de salud conductual. Dijo que financiar la capacitación policial era una prioridad, incluso si eso no estuvo incluido en lo que votantes aprobaron en 2023.
