“El propósito de su empresa incluía traficar grandes cantidades de marihuana ilegal, creando riqueza generacional para los miembros y asociados de su organización criminal.”
Por Markus Schmidt, Virginia Mercury
La senadora estatal Louise Lucas, de Portsmouth, una de las demócratas más influyentes de Virginia, fue imputada por cargos federales de conspiración para crimen organizado, distribución de marihuana y conspiración para el lavado de dinero, y los fiscales sostienen que utilizó su influencia legislativa para proteger y enriquecer un negocio de cannabis del que es copropietaria.
Lucas, de 82 años, se entregó a las autoridades, dijo el fiscal federal Todd Blanche durante una conferencia de prensa en Norfolk el jueves. Seis personas más, entre ellas familiares y allegados, también estaban bajo custodia en relación con el presunto esquema.
La imputación de ocho cargos, revelada la mañana del jueves, acusa a Lucas de conspiración para crimen organizado, conspiración para distribuir y poseer con intención de distribuir marihuana, conspiración para el lavado de dinero, conspiración para cometer fraude por servicios honestos y mantenimiento de locales involucrados con drogas.
La imputación también incluye cargos por armas de fuego y fraude mediante telecomunicaciones (fraude por cable) contra otros acusados.
Lucas adoptó un tono desafiante en una declaración publicada en X tras su imputación, acusando a las autoridades federales de intentar silenciarla.
“Crecí bajo Jim Crow. He visto lo que ocurre cuando las personas en el poder intentan silenciar a quienes se enfrentan a ellos,” escribió. “He pasado mi vida luchando y no voy a detenerme ahora. No me voy a intimidar. No voy a ser intimidada. Y no voy a retroceder.”
La apertura de cargos contra la senadora de toda la vida y crítica acérrima del presidente Donald Trump llega a 12 días de las elecciones de medio mandato.
La investigación antecede a la administración de Trump, pero el momento es inusual porque las autoridades federales normalmente evitan pasos de investigación abiertos que involucren a figuras políticas tan cerca de una elección.
Lucas no figura en la boleta de este año pero tiene vínculos con demócratas destacados que sí participan en la contienda.
“Estamos aquí hoy debido a hechos y pruebas, que condujeron a que esta investigación comenzara hace muchos años, y a hechos y pruebas que llevaron al gran jurado a imputar a la senadora Lucas y a sus presuntos co-conspiradores,” dijo Blanche.
Los fiscales alegan que Lucas dirigió una organización a la que llamaban la “Lucas Enterprise”, organizando la adquisición y distribución de al menos 100 kilogramos de marihuana y supervisando el lavado de ganancias.
El director del FBI, Kash Patel, dijo que los fiscales creen que Lucas y sus asociados acumularon casi 5 millones de dólares en ingresos de la presunta organización criminal durante casi cinco años.
“El propósito de su empresa incluía traficar grandes cantidades de marihuana ilegal, creando riquezas generacionales para los miembros y asociados de su organización criminal,” afirmó el director del FBI, Kash Patel, durante la conferencia de prensa.
La marihuana es legal para uso recreativo en Virginia, pero no para venderla. A principios de este año, los legisladores aprobaron un marco legislativo que crea un mercado de cannabis recreativo que se prevé iniciar el próximo verano.
Los fiscales también afirman que Lucas utilizó su posición como presidenta de la Comisión de Finanzas y Asignaciones del Senado para proteger la operación de la escrutinio criminal e influir en una legislación que la beneficie.
Blanche afirmó el jueves que Lucas traicionó la confianza del público.
“Su deber principal debió haber sido velar por sus electores antes que por sí misma,” dijo. “Pero los cargos descritos en la imputación reflejan el presunto comportamiento de una funcionaria pública que puso sus intereses financieros por encima de las personas a las que fue elegida para servir.”
Los fiscales detallan las operaciones comerciales
Según Blanche, los asociados de Lucas incluían a sus hijas, Lisa Lucas-Burke y Theresa Lucas-Lamb, y a su nieto, Ryan Eichelberger, así como a Carlton Upton Jr, Prince Albert William Hudson III y Tamika Johnson.
Lucas y Lucas-Burke inauguraron The Cannabis Outlet en Portsmouth en 2021. Los fiscales alegan que Lucas-Lamb y Eichelberger adquirieron marihuana, supervisaron su distribución y gestionaron la tienda para la empresa.
Upton fue socio comercial de Lucas en VA Freedom Life, un paraguas para The CBD Shoppe y The Cannabis Outlet a partir de 2019, según el comunicado de prensa.
Upton gestionó The CBD Shoppe y presuntamente trabajó con Lucas para obtener una licencia de marihuana recreativa que beneficiara a la empresa.
Los fiscales también afirman que Upton realizó declaraciones falsas sustanciales en una solicitud de abril de 2020 para un Préstamo por Desastre Económico (Economic Injury Disaster Loan) para Virginia Freedom Life. El préstamo recibió 11.800 dólares.
Otra acusación se centra en un pago de 750.000 dólares que Lucas supuestamente efectuó en agosto de 2022 para la propiedad total de un negocio que funcionaba como una empresa pantalla para la licencia de marihuana recreativa prevista para un co-conspirador en Virginia.
Los fiscales afirman que Lucas no reveló intereses en los formularios de divulgación financiera requeridos. Dicen que se reunió con el co-conspirador en su oficina del complejo del Capitolio para recibir un pago parcial y discutieron la elegibilidad de la persona para una licencia de marihuana con funcionarios, incluidos legisladores, dependiendo de la recepción de un pago de soborno.
Lucas se había identificado como presidenta y directora ejecutiva de VA Freedom Life en una Declaración de Intereses Económicos de febrero de 2022, según el comunicado.
Patel afirmó que la operación presunta también involucró “reciclar las ganancias de drogas para expandir la operación que ella lanzó y creó, y dirigir licencias de marihuana a entidades en las que los miembros tenían intereses financieros.”
El caso se hizo público el 6 de mayo, cuando agentes federales registraron la oficina legislativa de Lucas en Portsmouth y sus negocios de cannabis. El Departamento de Justicia dijo que los agentes recuperaron marihuana y armas en The Cannabis Outlet y The CBD Shoppe.
En la escena, Cassandra Temple, portavoz del FBI, dijo a Virginia Mercury: “Hoy estamos llevando a cabo una actividad de aplicación de la ley autorizada por la corte.” Se negó a responder preguntas adicionales.
Fox News, que dio la primicia sobre la operación, informó que los trabajadores fueron obligados a abandonar la oficina de Lucas mientras los agentes registraban. Testigos vieron a los agentes cargar cajas del edificio. La cadena también informó que agentes encapuchados de SWAT ordenaron a las personas salir del Cannabis Outlet adyacente y que al menos tres personas fueron esposadas.
Lucas llegó después de que comenzara la operación y dijo a un reportero que no sabía a qué se refería.
Lucas ha denominado intimidación a la investigación
Después de las búsquedas de mayo, Lucas caracterizó la acción federal como intimidación política, afirmando que era “mucho más que una sola senadora estatal” y reflejaba “un patrón claro de esta administración.”
En un comunicado en X en ese momento, vinculó la redada al referéndum de redistritación aprobado por los votantes en abril, diciendo que los virginianos habían votado para “detener el plan de Trump para manipular las elecciones de medio mandato de 2026.” La Corte Suprema de Virginia más tarde revocó el referéndum.
“No voy a ceder y seguiré luchando por la gente de Portsmouth y por la commonwealth de Virginia,” dijo.
Lucas ha servido en el Senado desde 1992 y como presidenta pro tempore desde 2020. Su presidencia de la comisión de Finanzas le otorga una influencia considerable sobre el presupuesto estatal, los impuestos y el gasto.
A principios de este año, impulsó terminar o reducir las exenciones del impuesto a ventas y uso para los centros de datos, argumentando que los incentivos se habían vuelto demasiado costosos y estaban tensando la red eléctrica y la infraestructura de Virginia. La resistencia de los demócratas de la Cámara y de la gobernadora Abigail Spanberger contribuyó a un impasse presupuestario intrapartidista que se prolongó durante meses.
Lo que la imputación significa para el papel de Lucas en el Senado y para la próxima sesión legislativa seguía sin estar claro a la mañana de jueves.
El líder de la mayoría del Senado, Scott Surovell, D-Fairfax, pidió mesura al responder a los cargos contra su colega demócrata.
“La imputación federal desvelada esta semana contiene acusaciones graves, y la senadora Lucas tiene derecho a la misma presunción de inocencia que recibe cualquier estadounidense,” dijo Surovell en un comunicado.
“Ella es inocente hasta que se demuestre su culpabilidad en un tribunal. No voy a comentar las pruebas de este caso, y exhorto a otros a mostrar la misma prudencia.”
El negocio de cannabis de Lucas ya había recibido escrutinio años antes de las búsquedas federales. Lucas co-patrocinó una legislación que legalizaba la posesión simple de marihuana en 2021, pero ese cambio no estableció un mercado minorista recreativo regulado.
Una investigación de 2022 de Mercury encontró discrepancias en el etiquetado y cantidades de delta-9 THC que hacían que dos productos probados de The Cannabis Outlet fueran ilegales para vender bajo la ley de Virginia en ese momento.
Una barra de cereal contenía sustancialmente menos THC total que lo que anunciaba su empaque. La cobertura examinó preocupaciones más amplias sobre productos de cannabis no regulados tras la legalización de la posesión.
Esta historia fue publicada por primera vez por Virginia Mercury.
